Federico II de Prusia (1712-1786), también conocido como Federico II el Grande, sería –no existe evidencia formal– el primero en haber dicho que «ninguna situación es tan grave que no sea susceptible de empeorar».
La versión más moderna y más contrastada es la famosa Ley de Murphy, alumbrada por el ingeniero aeroespacial Edward A. Murphy (1918-1990), que reza que «si algo puede salir mal, saldrá mal».
Más allá de la paternidad de la expresión o de la teoría, parece la descripción más precisa de lo que ocurre en España con la vivienda, que ya es una crisis económica y social, como señaló hace unos días incluso el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.
Todavía más, la situación de la vivienda avanza, con paso firme, hacia la catástrofe más absoluta. El Gobierno de Pedro Sánchez, con la presión permanente de su «vice» Yolanda Díaz y el aplauso de algunos socios parlamentarios, como los «indepes» de Rufián y, por supuesto, Bildu, la tropa de Otegi, maquina la forma más segura de avanzar hacia el abismo con decisión.
Elma Sáiz, ministra de Seguridad Social –radiante con los últimos datos de afiliación– y portavoz del Gobierno, anunció el martes un futuro «real decreto amplio y transversal», que recogerá las propuestas de vivienda que han apoyado distintos grupos parlamentarios a lo largo de la legislatura.
En pocas palabras, la parte mollar será la prórroga, más o menos obligatoria, de los contratos de alquiler, sin que exista la posibilidad de adaptar los precios al mercado. Es lo mismo que ya aprobó el Consejo de Ministros y que después decayó cuando el Congreso de los Diputados tumbó el real decreto con los votos de PP, Vox y también los de Junts, con Miriam Nogueras de ariete.
Aquello generó una situación, durante un mes, de inseguridad y confusión, ya que durante el tiempo de tramitación la norma estaba en vigor, pero también era muy evidente que iba a ser tumbada. Todo un problema para los afectados en ese periodo, para los inquilinos que querían renovar en esas condiciones y para los arrendadores que pretendían esperar unas semanas porque podrían obtener unas rentas mejores.
Todo ello inmerso en una inseguridad jurídica notable, con la posibilidad –por las partes afectadas– de caer en fraude de ley. Ahora, el Gobierno, que ya solo piensa en cómo llegar a las próximas elecciones y está ya en campaña, intenta repetir la jugada.
Un real decreto-ley con el mismo contenido puede ser aprobado por el Consejo de Ministros y celebrado a bombo y platillo, pero también corre el riesgo de volver a ser tumbado en el Congreso.
Los de Puigdemont no parecen dispuestos a apoyar nada que no les favorezca a ellos y esa disposición no lo hace; todo lo contrario, les perjudica entre su clientela, por otra parte menguante. Si el Gobierno, a pesar de todo, lo aprueba, abrirá otro periodo de inseguridad para inquilinos y propietarios que agravará todavía más la crisis de la vivienda, sobre todo la del mercado del alquiler.
Es una historia que empieza a tener ya un largo recorrido. Desde que hace ocho años Sánchez logró la defenestración de Mariano Rajoy, todas las políticas de vivienda aplicadas han sido contraproducentes. Ha sido una legislación cada vez más intervencionista que perjudica a propietarios, a quienes aspiran a serlo –compradores potenciales– y a quienes intentan alquilar.
La excusa, siempre esgrimida por la extrema izquierda y por la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez –que no es una experta en el asunto, ni mucho menos–, es que se trata de proteger a los más débiles y penalizar la especulación.
El resultado, sin embargo, no puede ser más catastrófico y la masiva afluencia de inmigrantes, de la que tanto presumen Sánchez y sus ministros, agrava el problema, sin que se vislumbren soluciones reales en el horizonte.
El déficit de viviendas ronda las 750.000, también según estimaciones del Banco de España, y es posible que evolucione al alza por el aumento de la población, las trabas infinitas para nuevas construcciones y unos precios desmadrados.
La vivienda es el problema principal para millones de españoles. Sin embargo, en algunos momentos, no es que quede en segundo plano, sino que puede diluirse en la maraña infinita de cosas y situaciones que pueden empeorar.
Sánchez y su Gobierno deben apechugar con una serie de episodios y escándalos que concentran toda su atención y consumen muchas de sus energías. Ábalos y Koldo están en la cárcel, pero la nómina de quienes tienen pendiente pasar por los juzgados, relacionados con el Gobierno, aumenta cada día y confirma que «ninguna situación es tan grave que no sea susceptible de empeorar», como decía Federico II el Grande.
Federico II de Prusia (1712-1786), también conocido como Federico II el Grande, sería –no existe evidencia formal– el primero en haber dicho que «ninguna situación es tan grave que no sea susceptible de empeorar».
La versión más moderna y más contrastada es la famosa Ley de Murphy, alumbrada por el ingeniero aeroespacial Edward A. Murphy (1918-1990), que reza que «si algo puede salir mal, saldrá mal».
Más allá de la paternidad de la expresión o de la teoría, parece la descripción más precisa de lo que ocurre en España con la vivienda, que ya es una crisis económica y social, como señaló hace unos días incluso el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.
Todavía más, la situación de la vivienda avanza, con paso firme, hacia la catástrofe más absoluta. El Gobierno de Pedro Sánchez, con la presión permanente de su «vice» Yolanda Díaz y el aplauso de algunos socios parlamentarios, como los «indepes» de Rufián y, por supuesto, Bildu, la tropa de Otegi, maquina la forma más segura de avanzar hacia el abismo con decisión.
Elma Sáiz, ministra de Seguridad Social –radiante con los últimos datos de afiliación– y portavoz del Gobierno, anunció el martes un futuro «real decreto amplio y transversal», que recogerá las propuestas de vivienda que han apoyado distintos grupos parlamentarios a lo largo de la legislatura.
En pocas palabras, la parte mollar será la prórroga, más o menos obligatoria, de los contratos de alquiler, sin que exista la posibilidad de adaptar los precios al mercado. Es lo mismo que ya aprobó el Consejo de Ministros y que después decayó cuando el Congreso de los Diputados tumbó el real decreto con los votos de PP, Vox y también los de Junts, con Miriam Nogueras de ariete.
Aquello generó una situación, durante un mes, de inseguridad y confusión, ya que durante el tiempo de tramitación la norma estaba en vigor, pero también era muy evidente que iba a ser tumbada. Todo un problema para los afectados en ese periodo, para los inquilinos que querían renovar en esas condiciones y para los arrendadores que pretendían esperar unas semanas porque podrían obtener unas rentas mejores.
Todo ello inmerso en una inseguridad jurídica notable, con la posibilidad –por las partes afectadas– de caer en fraude de ley. Ahora, el Gobierno, que ya solo piensa en cómo llegar a las próximas elecciones y está ya en campaña, intenta repetir la jugada.
Un real decreto-ley con el mismo contenido puede ser aprobado por el Consejo de Ministros y celebrado a bombo y platillo, pero también corre el riesgo de volver a ser tumbado en el Congreso.
Los de Puigdemont no parecen dispuestos a apoyar nada que no les favorezca a ellos y esa disposición no lo hace; todo lo contrario, les perjudica entre su clientela, por otra parte menguante. Si el Gobierno, a pesar de todo, lo aprueba, abrirá otro periodo de inseguridad para inquilinos y propietarios que agravará todavía más la crisis de la vivienda, sobre todo la del mercado del alquiler.
Es una historia que empieza a tener ya un largo recorrido. Desde que hace ocho años Sánchez logró la defenestración de Mariano Rajoy, todas las políticas de vivienda aplicadas han sido contraproducentes. Ha sido una legislación cada vez más intervencionista que perjudica a propietarios, a quienes aspiran a serlo –compradores potenciales– y a quienes intentan alquilar.
La excusa, siempre esgrimida por la extrema izquierda y por la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez –que no es una experta en el asunto, ni mucho menos–, es que se trata de proteger a los más débiles y penalizar la especulación.
El resultado, sin embargo, no puede ser más catastrófico y la masiva afluencia de inmigrantes, de la que tanto presumen Sánchez y sus ministros, agrava el problema, sin que se vislumbren soluciones reales en el horizonte.
El déficit de viviendas ronda las 750.000, también según estimaciones del Banco de España, y es posible que evolucione al alza por el aumento de la población, las trabas infinitas para nuevas construcciones y unos precios desmadrados.
La vivienda es el problema principal para millones de españoles. Sin embargo, en algunos momentos, no es que quede en segundo plano, sino que puede diluirse en la maraña infinita de cosas y situaciones que pueden empeorar.
Sánchez y su Gobierno deben apechugar con una serie de episodios y escándalos que concentran toda su atención y consumen muchas de sus energías. Ábalos y Koldo están en la cárcel, pero la nómina de quienes tienen pendiente pasar por los juzgados, relacionados con el Gobierno, aumenta cada día y confirma que «ninguna situación es tan grave que no sea susceptible de empeorar», como decía Federico II el Grande.
