La guerra de Ucrania se colará este otoño en las urnas suizas. El 27 de septiembre, los electores votarán en referéndum sobre la neutralidad de la república alpina, reconocida internacionalmente desde 1815, y que la derecha populista quiere redefinir. El objetivo de la propuesta es introducir un artículo específico sobre la neutralidad en la Constitución que, en realidad, se aparta solo en un punto de la actual práctica política: quiere eliminar la posibilidad de que se impongan sanciones económicas a países en guerra, salvo que sean aprobadas por la ONU, algo a lo que está obligada Suiza como miembro de la organización. ¿Principal beneficiario de la medida? Rusia, que ya ha comenzado a inmiscuirse en la campaña para apoyar la iniciativa, en la que ve la posibilidad de que Suiza retire las sanciones de la Unión Europea que adoptó tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.. Seguir leyendo
La guerra de Ucrania se colará este otoño en las urnas suizas. El 27 de septiembre, los electores votarán en referéndum sobre la neutralidad de la república alpina, reconocida internacionalmente desde 1815, y que la derecha populista quiere redefinir. El objetivo de la propuesta es introducir un artículo específico sobre la neutralidad en la Constitución que, en realidad, se aparta solo en un punto de la actual práctica política: quiere eliminar la posibilidad de que se impongan sanciones económicas a países en guerra, salvo que sean aprobadas por la ONU, algo a lo que está obligada Suiza como miembro de la organización. ¿Principal beneficiario de la medida? Rusia, que ya ha comenzado a inmiscuirse en la campaña para apoyar la iniciativa, en la que ve la posibilidad de que Suiza retire las sanciones de la Unión Europea que adoptó tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.
El Gobierno federal justificó ese paso como necesario ante la flagrante violación por parte de Moscú del derecho internacional, que precisamente ampara la neutralidad suiza. “La defensa de la paz y la seguridad y el respeto del derecho internacional son valores que Suiza, como país democrático, comparte y defiende junto con sus vecinos europeos”, afirmó al asumir las sanciones.
Berna mantiene un embargo de armas a ambas partes y extiende la prohibición a la entrega de material a través de la venta a terceros. Se ha sumado, por otra parte, a la protección europea a los ucranios que huyen de las bombas y ha acogido a alrededor de 70.000 personas.
Para Christoph Blocher (85 años), el patriarca de la derecha populista y antiguo miembro del Ejecutivo federal, las sanciones a Rusia rompen la neutralidad suiza y ponen al país en peligro al convertirlo en “parte beligerante”, ha afirmado a medios locales. En eso, el Kremlin se ha encargado varias veces en darle la razón, incluido un largo mensaje a principios de agosto de la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en el que afirma que “Suiza de facto ya no es un país neutral” y hace campaña sin tapujos a favor del planteamiento de la derecha.
Aunque retirado de la primera línea del Partido Popular Suizo (SVP/UDC, en sus siglas en alemán y francés), al que convirtió en el mayor del país a lomos de una política anti-UE y antiinmigración, Blocher ha puesto un empeño personal en esta iniciativa para una neutralidad estricta ―léase sin sanciones económicas― y lanzó la recogida de firmas para convocar un referéndum poco después de aprobarse las sanciones a Rusia. Le secunda la organización nacionalista Pro Suiza, integrada parcialmente por miembros del SVP, que obviamente también le apoya en este propósito.
Los números no les acompañan. Según una primera encuesta del Instituto Leewas para el Tages-Anzeiger y 20 Minuten, realizada en junio, un 54% de los votantes rechazaba cambiar la política de neutralidad; otro 34% era favorable a la propuesta y un 12% estaba indeciso. Una segunda oleada del mismo instituto, publicada este miércoles (19 de agosto), eleva ya el bando del no al 62%, con un 30% para el sí y un 6% que no contesta.
El apoyo a la neutralidad en sí no está a debate, ya que entre un 76% y 80% de la población la suele respaldar en sondeos. Un estudio de enero del instituto Sotomo revela, además un acercamiento pragmático y flexible a esta característica del sistema político suizo. De hecho, un 75% secunda las sanciones a países que, como Rusia, conculcan el derecho internacional, un 83% quieren que se coopere con otros países para favorecer la seguridad de Suiza y un 56% incluso aceptaría el envío de munición o defensas antidrones a Ucrania, dice el estudio. Un 74%, además, no cree que la neutralidad armada proteja realmente al pequeño país de un ataque, del que en todo caso no se podría defender solo. En esa línea, en un escenario hipotético en el que empeorara la seguridad en el continente, incluso un 58% considera que la neutralidad debería permitir una adhesión a la OTAN.
El SVP está solo en este empeño frente al resto de partidos en el Parlamento. Los socialdemócratas hablan de “la iniciativa pro-Putin”, que premiaría al agresor frente a la víctima, y los Verdes aseguran que levantar las sanciones permitiría que “el régimen ruso” llenara sus arcas para financiar “su brutal guerra de agresión”.
Los liberales (FDP), mientras, critican que impediría a Suiza actuar “con flexibilidad y en interés de su propia seguridad” en un escenario en el que “aumenta la amenaza por parte de Rusia, Irán y China”. Además, ha exigido que los promotores del referéndum se distancien de la “descarada injerencia del régimen ruso en los procesos democráticos de Suiza”. También los Verdes Liberales (GLP) apuestan por el no y destacan que llevaría al aislamiento de Suiza.
El Consejo Federal o Gobierno, formado por los principales partidos, incluido el SVP, pero que toma sus decisiones de forma colegiada y las defiende al unísono, también recomienda un no en el referéndum. Junto a la mayoría del Parlamento, argumenta que la neutralidad ya está la Constitución desde 1848, sin artículo o definición concreta, pero con indicación a las instituciones de preservarla, y que “Suiza aprovecha su neutralidad para proteger su seguridad e independencia” y ofrecerse como mediador en conflictos y territorio para cumbres o conversaciones de paz, también sobre la guerra rusa en Ucrania.
Además, no forma parte de ninguna alianza militar, aunque sí participa en entrenamientos de la OTAN y colabora en programas de defensa y seguridad. De aprobarse la propuesta del SVP, Suiza solo podría recurrir a esa cooperación militar cuando se preparara o produjera un ataque contra el país, lo que mermaría su capacidad de defensa, advierte el Gobierno.
Las sanciones económicas, que no solo afectan a Rusia, se consideran compatibles con la neutralidad. “Son un instrumento para reaccionar ante las violaciones del derecho internacional”. Al margen de los sancionados por la ONU, Berna estudia caso por caso las de la UE y decide si las aplica “en su totalidad, en parte o no las adopta en absoluto”, en función de “criterios de política exterior, política económica exterior y jurídicos”. Así, en la lista figuran países como Bielorrusia, Myanmar, Sudán o Corea del Norte, organizaciones como Al Qaeda o Hamás, e individuos de numerosos países y regímenes como el de los talibanes en Afganistán.
Una neutralidad “flexible” es importante en el inestable escenario actual, según el 68% de los encuestados por Sotomo. “Precisamente la capacidad de responder adecuadamente a los nuevos retos es lo que ha fortalecido nuestra neutralidad”, abunda el responsable de Exteriores, Ignazio Cassis.
El patriarca del SVP insiste: “No nos ponemos del lado del agresor, pero tampoco de sus contrincantes”, afirma en un mensaje a los votantes.
