La única cama normal que había en la casa patera desmantelada este martes por la Policía en el barrio del Príncipe de Ceuta era la de un ceutí en la treintena que daba cobijo a 74 inmigrantes a precios que oscilaban entre los 10 y los 20 euros por noche. La vivienda, de unos 80 metros de superficie y de dos plantas, tenía barracones anexos, similares a los que tienen las casas de campo. Por las noches, los migrantes se iban acomodando en las diferentes habitaciones de la casa o en estas construcciones precarias, uno con otro, en el suelo, sobre mantas, entre cojines o en colchones. Se aprovechaba tanto el espacio que algunos objetos personales terminaban colgados en bolsas sobre unos hierros que sujetaban la estructura del techo de los barracones. “Solo había una cama normal, con su mesilla, y estaba donde dormía el jefe, en la habitación del detenido”, señala una fuente policial conocedora de la operación, realizada por la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), especializada en investigar delitos relacionados con la inmigración irregular.
La única cama normal que había en la casa patera desmantelada este martes por la Policía en el barrio del Príncipe de Ceuta era la de un ceutí en la treintena que daba cobijo a 74 inmigrantes a precios que oscilaban entre los 10 y los 20 euros por noche. La vivienda, de unos 80 metros de superficie y de dos plantas, tenía barracones anexos, similares a los que tienen las casas de campo. Por las noches, los migrantes se iban acomodando en las diferentes habitaciones de la casa o en estas construcciones precarias, uno con otro, en el suelo, sobre mantas, entre cojines o en colchones. Se aprovechaba tanto el espacio que algunos objetos personales terminaban colgados en bolsas sobre unos hierros que sujetaban la estructura del techo de los barracones. “Solo había una cama normal, con su mesilla, y estaba donde dormía el jefe, en la habitación del detenido”, señala una fuente policial conocedora de la operación, realizada por la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), especializada en investigar delitos relacionados con la inmigración irregular.
El único detenido ingresó en prisión provisional este jueves. Los investigadores han encontrado indicios de que explotaba laboralmente a algunos de los migrantes, algunos menores, ofreciéndoles descuentos por trabajar en obras sin cobrar salario. También usaba un perro para controlar a los residentes y evitar conflictos. Uno de los 10 menores que dormían en la casa sufrió una mordedura del animal. Su detención se enmarca en una investigación contra un entramado criminal y le atribuyen presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración, contra los derechos de los trabajadores, lesiones y explotación laboral de menores.
La planta de abajo de la casa tenía dos salones “medianamente grandes” donde dormían casi todos, “como sardinas en lata”. No había nada de muebles, indican las fuentes consultadas. En la planta de arriba tenían una cocina sin signos de uso y más habitaciones. Cuando los agentes registraron la zona, encontraron a dos chicos escondidos en el interior de un frigorífico que estaba en funcionamiento.
Se pagaba por noche. 20 euros por dormir en la casa, donde se presumían mejores condiciones, y 10 euros en los barracones, indican fuentes de la investigación. Dormían allí y por el día dejaban la vivienda. Las pesquisas calculan que el arrestado recibía unos ingresos diarios de entre 1.000 y 1.100 euros. En torno a 30.000 euros al mes.
El barrio de El Príncipe, donde se encuentra la vivienda, sufre el estigma de ser un barrio muy peligroso y zona hostil para los agentes. Es complicado acceder sin ser visto. Cuando el despliegue policial del martes a primera hora de la mañana abrió la puerta de un golpe con un ariete, los vecinos comenzaron a subir las persianas y a asomarse a sus estrechas callejuelas. Vieron a agentes uniformados, miembros de las Unidades de Intervención Policía (UIP), encargados de asegurar el perímetro y acceder a la casa, y otros vestidos de calle, con chalecos de Policía. “Nos dieron los buenos días y alguno añadió ‘muchas gracias”, cuenta un agente que estuvo allí. “Es una zona en la que hay mucha gente trabajadora. Si los delincuentes creen que no accederemos hasta aquí, están equivocados, no les va a servir de nada”, añade.
Hasta el momento no ha trascendido cuánto tiempo llevaba abierta esta casa patera. Desde el inicio de la crisis migratoria de Ceuta, con la gran llegada del 30 y 31 de julio, en la que accedieron a la ciudad autónoma más de 80.000 personas, barrios periféricos como El Príncipe, Los Rosales o La Pantera han servido de refugio a numerosos migrantes. Con el desalojo de los asentamientos informales de las playas de El Trampolín o Benítez, muchos de los migrantes que no querían ir a dependencias policiales para iniciar los trámites que determinarán si deben ser devueltos a Marruecos volvieron a esconderse en estas zonas. Todos los migrantes que se encontraban en la vivienda fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Ceuta, donde quedarán registrados.
Todavía quedan en la ciudad autónoma al menos 10.000 migrantes que cruzaron en esa gran llegada. Los centros de acogida temporales dispuestos por el Gobierno tienen 7.477 plazas habilitadas y hay 3.019 menores filiados y atendidos en el sistema de protección autonómico, según datos de hace una semana. Más de 12.000 migrantes han abandonado voluntariamente la ciudad, según datos del Ejecutivo.
El arrestado se encargaba de ofrecer alojamiento a los migrantes mientras encontraban la mejor forma de llegar a la península. La operación ha supuesto un “importante golpe” a la infraestructura logística del entramado criminal, aseguró este jueves la Policía en un comunicado. Su investigación se desarrolló gracias a la coordinación de diferentes plantillas policiales de la costa andaluza y a nivel central que trabajan con la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes.
Desde el inicio de la crisis se han intensificado las actuaciones para frenar las salidas de los migrantes que se niegan a abandonar la ciudad autónoma. Se han multiplicado las intervenciones de la Guardia Civil por mar, con el grave riesgo para la vida de quienes lo intentan, y los controles del transporte marítimo hacia Algeciras (Cádiz), en los que se han detectado tramas de suplantación de identidad en las que se llegó a pagar hasta 6.000 euros por alquilar un documento.
