El número de comandos de la Guardia Civil que afirman haber recibido una pista o sugerencia del Teniente General Pedro Vázquez Jarava para contratar al constructor Ángel Ramón Tejera de León ha crecido este martes, durante la quinta sesión del juicio asociado al caso Cuarteles en el Tribunal Provincial de Madrid. Las seis personas que alegaron que el alto mando les había dado instrucciones de conceder contratos de mantenimiento a sus conocidos de negocios han sido apoyadas por otras tres personas. Estas tres personas también han declarado que Vázquez Jarava u otra persona en una posición de responsabilidad sugirió que los trabajos de rehabilitación de las fachadas de sus instalaciones deberían ser realizados por las empresas involucradas en las otras acusaciones. Lea más sobre esta historia.
La lista de mandos de la Guardia Civil que aseguran haber recibido algún tipo de indicación o sugerencia por parte del teniente general Pedro Vázquez Jarava para que se contratara al constructor Ángel Ramón Tejera de León ha aumentado este martes, en la quinta sesión del juicio del llamado caso Cuarteles que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid. A los cuatro que aseguraron que el propio alto mando les incitó a adjudicar obras de mantenimiento en sus comandancias a su amigo empresario, se han sumado este martes otros tres que han coincidido en señalar que, o bien el propio Vázquez Jarava o bien otros responsables, les “recomendaron” que los trabajos de rehabilitación de las fachadas de las instalaciones de sus comandancias se encargaran a las empresas del otro acusado.
Todos ellos también han afirmado que desconocían que entre el general y Tejera de León existía una estrecha relación. Según la acusación de la Fiscalía, Vázquez Jarava fue supuestamente agasajado por el empresario con varios viajes ―dos de ellos para asistir a las finales de la Champions League de fútbol disputadas en 2016 y de 2017 en Milán (Italia) y Cardiff (Reino Unido) respectivamente― y diversas cantidades de dinero supuestamente como contrapartida por la adjudicación de los contratos que recibió, y que solo en 2016 fueron 80 por un valor cercano a los 1,4 millones de euros. El ministerio público pide un año de cárcel para cada uno de ellos por sendos delitos de cohecho.
El primero en declarar ha sido el que en los años 2017 y 2018, cuando supuestamente se produjeron las irregularidades, estaba al frente de la comandancia de Ávila, el entonces teniente coronel Carlos Alonso. Este mando, que llegó a estar imputado en la causa, ha detallado durante su declaración que, dado el estado “bastante dramático” en el que estaban las instalaciones de la Guardia Civil de su comandancia, era urgente encontrar un constructor que pudiera hacerse cargo de las obras en un espacio corto de tiempo. Alonso ha añadido que fue Vázquez Jarava quien le dio el nombre de Tejera de León como “una recomendación”. “Me orientó”, ha dicho, antes de recalcar que en ningún momento recibió “ningún tipo de coacción”. Las supuestas irregularidades detectadas en esta comandancia fueron las que, en 2018, hicieron que se reabriera la investigación, que había sido cerrada unos meses antes por orden del último director general de la Guardia Civil con el PP, José Manuel Holgado.
Tras él ha testificado el que fuera jefe de la Comandancia de Badajoz, el entonces teniente coronel José María Martínez, quien ha asegurado que fue el general de su zona quien recibió supuestamente la llamada de Vázquez Jarava y el que le transmitió la recomendación de que se contratara al empresario porque, al parecer, no había ningún constructor en la provincia que realizara la técnica de pintura con proyección de corcho que ofertaba para impermeabilizar fachadas. “Yo vi el cuartel. Yo vi que estaba bien pintado; lo que no sé es si llevaba impregnación de corcho. No soy técnico”, ha añadido después de recordar que se pidieron tres presupuestos a tres empresas distintas.
El tercer testigo ha sido entonces jefe de la comandancia de Alicante, el coronel ya retirado Manuel Muñoz Castillo, que comparecía a petición de la defensa de Vázquez Jarava. El alto mando ha asegurado que fue el teniente general quien le presentó al constructor, del que le dijo que ya había hecho obras para la Guardia Civil. “Me dijo si le podía recibir”, ha añadido, para recalcar que el alto mando no le dio ninguna indicación para que contratara con él. “Yo entendí que era un constructor más y que, si cumplía los requisitos, le contrataría”, ha añadido antes de reconocer que era la primera vez que un alto mando le recomendaba a un contratista. Durante la instrucción, Muñoz Castillo aseguró que en aquella llamada Vázquez Jarava le indicó que este empresario “disponía de un producto único y novedoso para combatir las humedades” que consistía en inyectar corcho en las fachadas. En realidad, el producto no era novedoso, ya que se comercializaba en España desde mediados de 2011 y se utilizaba en cuarteles de la Guardia Civil desde 2014.
En la sesión han declarado otros seis testigos. Uno de ellos, quien fuera máximo responsable de la comandancia de Huelva, el coronel Ezequiel Romero, quien ha asegurado que hubo “quejas” sobre los trabajos realizados por las empresas de Tejera de León. “Se repararon, pero costó, costó”, ha insistido. Por el contrario, el entonces jefe de la comandancia de Algeciras, el coronel Jesús Núñez, ha afirmado que él, “en ningún momento”, recibió “la más mínima queja” por los trabajos de las empresas del constructor. Preguntado por el fiscal si sabía que un informe pericial encargado por el juzgado que instruyó la causa reveló que más de la mitad de los trabajos supuestamente no se habían ejecutado, Núñez se escudó en que no tenía conocimientos técnicos: “Nosotros no somos arquitectos, somos guardias civiles”.
El último en declarar ha sido un sargento de la Guardia Civil ya jubilado que colaboró con Tejera de León en los trabajos bajo sospecha. Este testigo, propuesto por la defensa del empresario y que ha reconocido que era amigo del constructor desde hacía 26 años, ha afirmado que era habitual que el acusado le adelantara dinero en efectivo para comprar material o pagar combustible y hoteles de los trabajadores ―la abogada de Tejera de León pretende con ello demostrar que los movimientos de fondos en metálico por parte de su cliente eran una práctica habitual no vinculada al pago de ninguna dádiva― y que tenía una plantilla de una decena de personas. Cuando el fiscal le ha hecho ver que esta información contradecía los informes incorporados al sumario que apuntan a que el constructor no tenía empleados dados de alta en la Seguridad Social, el testigo ha admitido que no tenía certeza de su situación. “Me imagino”, ha dicho. “Siempre [Tejera de León] ha trabajado dentro de la legalidad”, ha añadido el agente jubilado, que ha llegado a asegurar que él no cobró por ayudarle. Este miércoles está previsto que declaren los dos acusados.
