El consejo de administración de Enagás ha acordado nombrar, por el procedimiento de cooptación y a propuesta del accionista Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), consejero dominical de la compañía a Francisco Caamaño Domínguez, exministro de Justicia entre 2009 y 2011 en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Un nuevo caso de puertas giratorias en el PSOE confirmado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Caamaño sustituye en el órgano rector de Enagás a Santiago Ferrer Costa, quien presentó su renuncia al cargo por motivos profesionales, además de que también será vocal de la Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos.
El Consejo se ha reunido menos de una semana después de que la compañía presentase sus resultados correspondientes al primer semestre del año, donde registró un beneficio neto de 118,6 millones de euros, un 8,6 % menos que hace un año por el impacto negativo del actual marco regulatorio. El ‘holding’ público SEPI es el principal accionista de Enagás, con una participación del 5% en su capital, al igual que Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega.
Caamaño, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido Catedrático de Derecho Constitucional en las Universidades de Valencia y de A Coruña, donde desarrolló su actividad académica hasta este año. Cuenta con una dilatada trayectoria institucional, habiendo desempeñado, entre otros, los cargos de Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, además del de Ministro de Justicia y presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Consejo de la Unión Europea durante la Presidencia española. También fue Diputado en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Galicia.
Asimismo, fue Letrado del Tribunal Constitucional y, en la actualidad, ejerce como abogado especializado en Derecho público, Derecho corporativo, Derecho de la competencia, transparencia, protección de datos y cumplimiento normativo. Es autor y director de numerosas publicaciones científicas en Derecho Constitucional, organización institucional, buen gobierno y compliance, y ha sido distinguido, entre otras condecoraciones, con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
El consejo de administración de Enagás ha acordado designar a Francisco Caamaño Domínguez, quien anteriormente se desempeñó como Ministro de Justicia de 2009 a 2011 bajo la administración socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, como asesor dominical de la organización a través del procedimiento de cooptación y por sugerencia de la accionista Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Una nueva instancia de puertas giratorias en el PSOE ha sido verificada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Caamaño toma el relevo de Santiago Ferrer Costa en el órgano de gobierno de Enagás, ya que Ferrer renunció por razones profesionales. Ferrer también servirá como la voz de la Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos. El Consejo se reunió menos de una semana después de que la empresa informara de sus resultados del primer semestre, que mostraban un beneficio neto de 118,6 millones de euros, una disminución del 8,6% con respecto al año anterior debido a los desafíos del marco regulatorio. La participación pública de SEPI es el principal accionista de Enagás, poseyendo el 5% de su capital junto con Pontegadea, la entidad de inversión de Amancio Ortega. Caamaño, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, fue profesor de Derecho Constitucional en las Universidades de Valencia y A Coruña antes de este año. A lo largo de su extensa carrera en las instituciones, ha ocupado diversos cargos, como Secretario de Estado para las Relaciones con los Tribunales, Secretario de Estado para Asuntos Constitucionales y Parlamentarios y Ministro de Justicia. Además, se desempeñó como Presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Consejo de la Unión Europea durante la Presidencia española. Además de sus otros papeles, se desempeñó como Diputado tanto en el Congreso de Diputados como en el Parlamento de Galicia. Ha trabajado como profesional legal en el Tribunal Constitucional y ahora actúa como abogado con experiencia en derecho público, derecho corporativo, derecho de la competencia, transparencia, protección de datos y cumplimiento normativo. Ha escrito y dirigido múltiples trabajos científicos sobre Derecho Constitucional, instituciones organizativas, buen gobierno y cumplimiento. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
