Operación por operación y casi factura a factura. Los dos inspectores de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude de la Agencia Tributaria que contribuyeron a la instrucción judicial han realizado este martes un largo, pesado y, al final, tenso repaso al caso Pujol en una nueva jornada en la Audiencia Nacional. La perspectiva era la de si existió blanqueo de capitales y delito fiscal, dos de los delitos de que se acusa a Josep Pujol Ferrusola y a su exesposa Mercè Gironés como responsables básicamente de las tres principales empresas que surgen una y otra vez, en la causa. Imisa, Project Marketing y Active Translation fueron las sociedades a través de las que el primogénito del expresident Jordi Pujol llevó a cabo sus negocios y uno de los inspectores que actuaron como peritos cree que no tenían ni estructura —apenas “una secretaria a tiempo parcial”— ni se han hallado documentos que avalase la actividad por la que cobraron de distintas empresas.. Seguir leyendo
Operación por operación y casi factura a factura. Los dos inspectores de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude de la Agencia Tributaria que contribuyeron a la instrucción judicial han realizado este martes un largo, pesado y, al final, tenso repaso al caso Pujol en una nueva jornada en la Audiencia Nacional. La perspectiva era la de si existió blanqueo de capitales y delito fiscal, dos de los delitos de que se acusa a Josep Pujol Ferrusola y a su exesposa Mercè Gironés como responsables básicamente de las tres principales empresas que surgen una y otra vez, en la causa. Imisa, Project Marketing y Active Translation fueron las sociedades a través de las que el primogénito del expresident Jordi Pujol llevó a cabo sus negocios y uno de los inspectores que actuaron como peritos cree que no tenían ni estructura —apenas “una secretaria a tiempo parcial”— ni se han hallado documentos que avalase la actividad por la que cobraron de distintas empresas.
“Casi sin soporte documental y en la mayoría de los casos, además de no haber contrato, no hay ningún tipo de documentación de las actuaciones realizadas, ni de hitos ni de informes de avance”, ha señalado solo empezar su declaración el inspector de Hacienda a preguntas del fiscal.
Antes del inicio de su declaración, unos peritos con también experiencia en el pasado en la Agencia Tributaria, habían señalado lo contrario, al considerar que las empresas de intermediación bastan con una persona para llevar a cabo su cometido y que eso justamente era lo habitual en España. “El 70% de las empresas solo tienen un trabajador, porque la actividad principal es poner en contacto”, ha sostenido Francisco Piedras, quien ha hecho junto a Manuel Vicente-Tutor un informe de defensa para Josep Cornadó quien también ha defendido que lo normal en este tipo de intermediaciones es que los acuerdos sean verbales. Tanto Piedras y Vicente-Tutor están imputados en el caso que investiga el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Los dos inspectores de Hacienda han defendido el informe que realizaron para el juicio y que cerraron en 2020. Sin la necesidad de que, en ocasiones, el fiscal o los abogados del Estado les preguntaran, uno de ellos ha sido claro al considerar que las sociedades con las que operaba el primogénito del expresident de la Generalitat no tenían estructura para ofrecer los servicios que argumentaba, además de recibir ingresos sin que mediara ninguna factura por los servicios prestados. “Había una serie de facturas emitidas a constructoras sin casi base documental”, ha señalado uno de ellos respecto a los ingresos girados a favor de las sociedades Imisa, Project Marketing y Active, a las que ha acusado también de actuar bajo una supuesta unidad de caja, según la cual no había una separación efectiva entre las operaciones económicas de cada una de ellas.
La sesión se ha prolongado durante más de dos horas, con un punteo de cada una de las operaciones por las que se acusa a Pujol Ferrusola de blanqueo de capitales en cada una de las tres sociedades. El inspector ha reiterado en múltiples ocasiones que si bien las facturas constaban, no había contratos previos acerca de los servicios prestados. Y en algunos, en los que existían, como por ejemplo la construcción de una promoción de residencias de lujo en Ibiza, se ponía en cuestión que Imisa tuviera capacidad para realizar los trabajos necesarios cuando, ha dicho, apenas tenía una secretaría a tiempo parcial. “No tiene medios materiales suficientes para prestar esos servicios”, ha señalado.
El inspector también ha manifestado su extrañeza por que una ejecutiva de una sociedad inmobiliaria que vendió un edificio a una empresa en la que supuestamente intermedió Pujol Ferrusola dijera que no lo conocía. En otro caso ha calificado de “despilfarro” los 499.000 euros que Copisa pagó a Pujol en una operación por la que la constructora catalana compró el 80% de acciones que no controlaba en un club de golf de Ronda, en el que su propietario, Josep Cornadó ya figuraba en el consejo de administración. “¿Qué interés puede tener en que Jordi Pujol Ferrusola participe?”, ha cuestionado, al considerar que si el otro accionista quería vender era normal que se lo quisiera ofrecer directamente a su socio, Copisa.
Tras las preguntas de la Fiscalía y los abogados del Estado, han preguntado los letrados de la defensa y el ambiente en la sala de la Audiencia Nacional se ha enrarecido. El juez ha tenido que pedir al inspector que no replicara como si las preguntas fueran un ataque hacia él —“por pacificar un poco”, ha dicho— y en otros momentos ha apercibido a los abogados sobre su forma de preguntar o el objeto de la cuestión. Una de las cuestiones que ha tenido que responder es si se habían analizado todas las facturas que constaban inicialmente y cuál fue el argumento para decidir unas u otras. “El criterio que convenimos el juez y yo era ver las operaciones más importantes porque no había tiempo material para revisar todas las operaciones”, ha explicado para después dar con una clave que explica que en la causa haya tantas constructoras presentes: “El juez me pidió que tuviera en cuenta todas las facturas de las constructoras”.
Ante una pregunta del letrado de Pujol Ferrusola, que otra vez ha sido el único acusado que estaba presente la sala, a unos pocos metros de los testigos, el inspector de Hacienda ha soltado acerca de una operación del hijo del expresident en Argentina: “¿De dónde viene el dinero? De una actividad fraudulenta“.
