Un timbrazo, otro timbrazo, y se siente la voz ansiosa de Eduardo Daboin-Rall desde el centro de detención de Bluebonnet, en Texas, donde ya cumple 20 meses desde que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “¿Qué está haciendo James Talarico? ¿Qué más dicen las noticias? ¿Ya ustedes salieron a votar?”. Lo quiere saber todo, lo pregunta todo. Así pasó la semana pasada, telefoneando a su esposa Judy Maldonado-Rall para que lo mantuviera al tanto de cada detalle sobre la elección que le arrebató de las manos el control del Congreso a la Administración Trump, y que algunos expertos ya definen como “una revolución en la política estadounidense”.. Seguir leyendo
Un timbrazo, otro timbrazo, y se siente la voz ansiosa de Eduardo Daboin-Rall desde el centro de detención de Bluebonnet, en Texas, donde ya cumple 20 meses desde que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “¿Qué está haciendo James Talarico? ¿Qué más dicen las noticias? ¿Ya ustedes salieron a votar?”. Lo quiere saber todo, lo pregunta todo. Así pasó la semana pasada, telefoneando a su esposa Judy Maldonado-Rall para que lo mantuviera al tanto de cada detalle sobre la elección que le arrebató de las manos el control del Congreso a la Administración Trump, y que algunos expertos ya definen como “una revolución en la política estadounidense”.
Para muchos, la de este 3 de noviembre no fue solo una elección en contra del alto costo de la vida, del acceso a la salud o la guerra en Irán, sino también un sufragio castigo por la política antiinmigrante que han sufrido los amigos, los padres, los vecinos, las parejas. Salieron a votar como si se estuvieran desquitando en las urnas el sufrimiento que les ha tocado vivir en los últimos dos años.
Maldonado-Rall, de 48 años, siempre pudo votar porque nació en El Paso, Texas, pero nunca como ahora encontró un sentido para asomarse a las urnas. “No era algo tan importante para mí, hasta que vi tantas injusticias contra los migrantes”, dice. Entre ellos su esposo, a quien un día los agentes detuvieron e intentaron enviar a la megacárcel CECOT, en El Salvador, como a más de 200 venezolanos como él.
Desde entonces la vida de Maldonado-Rall se volvió mustia; ella dirá que “horrible”. Le ha tocado viajar en auto por seis horas los días de visita desde su casa en El Paso, para ver y tocar a su esposo por un par de horas. La detención también le ha apretado el bolsillo: son ya incontables los gastos en llamadas desde el centro, o el dinero destinado a las “comisarias”, la comida para que el esposo aplaque el hambre del encierro.
Por eso el día en que Maldonado-Rall se dirigió por primera vez este noviembre a un colegio electoral, fue en realidad a dar un voto repudio por la detención de su esposo, por la de otros migrantes que ha conocido en este tiempo, y por ella misma, que también ha pagado las consecuencias de una política migratoria rapaz.
“Yo me dije: no, esto me está afectando en lo personal, a mi familia. No puede ser que tanta gente esté pasando por estas cosas”, asegura.
Para cuando recibió una de las últimas llamadas de Daboin-Rall desde el centro de detención, ya Texas era el territorio azul que no había logrado ser en tres décadas, con un plantel demócrata encabezado por Talarico para el Senado y Gina Hinojosa para la gubernatura del Estado.
“Voté por todos los que no pueden representarse”
Los latinos salieron el miércoles a comerse las urnas: en todo el país, en los condados de mayoría hispana el electorado se inclinó aproximadamente 25 puntos a favor de los candidatos demócratas al Senado en promedio. Entre todos los grupos raciales, fueron ellos quienes terminaron liderando el cambio en la Cámara de Representantes, con un apoyo a los demócratas de 28 puntos porcentuales por encima de lo que lo hicieron en 2024, cuando le confiaron su voto a Donald Trump y a sus republicanos.
Dos años después de aquella elección, las familias latinas han tenido que abandonar sus trabajos por miedo a una redada, se han tenido que esconder en sus casas, han velado muertos del ICE en sus comunidades o han visto a sus esposos, hijos o amigos entre el casi un millón de personas que la Casa Blanca ha deportado hasta hoy. Según la organización Unidos US, el 90% de los votantes latinos apoya un sistema migratorio equilibrado que incluya un camino hacia la ciudadanía para los residentes de larga duración, y muchos además rechazan el trato a su comunidad.
“El mensaje de los votantes latinos quedó claro: ningún partido u oficial electo puede asumir que tiene nuestro voto garantizado, especialmente si no demuestra claramente que tiene como prioridad defender y mejorar las condiciones de vida de nuestras familias”, asegura Frankie Miranda, el presidente y director ejecutivo de la Hispanic Federation, una organización de empoderamiento para la comunidad. “Los latinos vieron cómo estas políticas públicas inhumanas tienen la intención de crear terror e incertidumbre y no más seguridad”.
El resultado de que el Gobierno de Trump subestimara al electorado que más creció en los últimos tiempos fue evidente. Según Unidos US, las cifras de apoyo demócrata entre los hispanos volvieron a los promedios históricos, aunque sin alcanzar los niveles a los que llegó durante la era Obama.
La mexicoestadounidense Paloma Vázquez Barrientos, de 24 años, ya podía votar cuando entró a trabajar hace unos años en una planta de paneles solares en Dalton, en una ciudad del noroeste de Georgia donde más de la mitad de los habitantes son latinos. Nunca fue tan consciente de cómo sus amigos de la planta, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, padecían el hecho de vivir en las sombras por ser indocumentados. Así que cuando en esta jornada electoral salió a las urnas, lo hizo por varias razones: primero, para que en Dalton hubiera una representación política de las minorías; segundo, por todos sus amigos migrantes que no han podido votar como ella y que sufren las redadas o el acoso del ICE.
“Yo, que tengo el privilegio de votar, quería que se viera a través de mi voto quiénes son los que viven aquí en Dalton”, dijo. “Voté por todos los que no pueden representarse de esa manera, para que vean que estamos, que existimos”. También aplaudió con orgullo cómo Keisha Lance Bottoms ganó para convertirse en la primera mujer afroamericana elegida como gobernadora en Estados Unidos.
Abolir el ICE, ¿es posible?
Después de casi dos años separados, a Judy Maldonado-Rall le ha comenzado a brotar un optimismo por ver a su esposo libre. “Las esperanzas no se pierden”, dice.
Tras el bluenami, la pregunta que se plantean muchas familias migrantes es sobre el curso que tomará la política migratoria que ha sido orquestada desde la Casa Blanca. Este martes, cuando el mapa de Estados Unidos se iba tiñendo de azul, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, salió como aguafiestas en medio del embullo nacional: “Las deportaciones continúan”, advirtió en X. No obstante, Trump habló con Fox News en la noche del martes —cuando su derrota estaba casi cantada— y suavizó su discurso, asegurando que podría colaborar con los demócratas “en materia de inmigración”.
Nada más ganar la elección, el grupo de congresistas demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, que supervisa al DHS, envió un mensaje en X a Mullin: “@SecMullinDHS, despeja tu agenda”, escribieron, a modo de advertencia a las autoridades migratorias. La gran interrogante ahora es si los demócratas, siendo mayoría en el Congreso, podrán intervenir en la agenda del DHS y, con ello, en las operaciones del ICE.
Aunque el presupuesto millonario para financiar el ICE ya fue aprobado hasta 2029 y el Congreso tendría una capacidad limitada para controlar esa agencia, Luis Miranda, un estratega demócrata y exfuncionario del DHS, donde trabajó como subsecretario adjunto principal de Comunicaciones durante la administración de Joe Biden, considera que el Congreso sí puede garantizar una supervisión del Departamento.
“Parte de lo que el Congreso puede hacer es insistir en lo que autorizaron, que es la aplicación de la ley, si se está siguiendo y usando correctamente”, dice Miranda. “Lo que se ha visto hasta ahora es que el DHS ha operado por fuera de lo que el Congreso autorizó. El Congreso puede forzar a que se entregue la documentación de lo que han hecho, ya que de muchos de esos memorandos solo nos hemos enterado porque alguien los filtró a la prensa”.
A corto plazo, según Miranda, podrían haber cambios como combatir el abuso de la detención extendida, la manera en la que los agentes tratan a las personas en las calles, vetar el uso de guantes eléctricos, del uso de máscara por parte de los agentes, o que no utilicen armas no letales a distancias cercanas, “que les has costado los ojos a varias personas ya”.
Estas son medidas que, sin embargo, a muchos podrían no bastarles. Gran parte de los candidatos que este miércoles salieron electos hicieron campaña con la promesa de abolir el ICE. Miranda cree que, en un horizonte cercano, esa propuesta “no es viable”. “La idea de abolir el ICE no es posible, lo que hay es que arreglar y diluir el abuso. Los votantes no quieren que se siga tratando a los hispanos de la manera en que se ha estado haciendo, pero quieren seguridad fronteriza, y quieren que personas con historial criminal sí sean detenidos”, dice Miranda.
Otra gran preocupación ha llegado de último minuto, con el reciente nombramiento de Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, el mismo hombre que ha sido artífice de la recia política de cacería y deportaciones de la Casa Blanca. Con su ascenso ha brotado un temor de que, por el contrario, la política migratoria arrecie aún más.
