Cuando las personas debaten haciéndose cargo del discurso del otro se puede avanzar hacia el consenso y la resolución de conflictos. Esta es la premisa sobre la que ha girado la III Batalla Jurídica, organizada por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, y que ha contado con la participación de cuatro grupos de estudiantes universitarios que han presentado sendas argumentaciones a favor y en contra de dos asuntos de una gran relevancia actual.. El objetivo de estas batallas no es otro que el aprender a argumentar defendiendo una postura aunque, en ocasiones, sean opuestas a la postura que se tomaría de manera personal. Como explicó en la apertura de la jornada el presidente de los Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, «la calidad de un argumento es el fundamento de la fortaleza de una idea».. Santiago Ollero destacó el delicado momento actual, donde «se responde sin escuchar y se debate sin entender. Ninguna sociedad se ha levantado sobre la unanimidad». En este contexto, y haciendo referencia a las facultades universitarias, la educación tiene un enorme reto en las aulas, pues no solo deben formar a buenos profesionales, sino también a grandes personas, enseñando a discrepar con elegancia y respeto.. Dos debates, ¿enfrentados?. Los dos debates que se han llevado a cabo en esta tercera edición de las Batallas Jurídicas han girado en torno a dos grandes preguntas: por un lado, ¿quién responde cuando la administración falla?, y, por otro, ¿cuándo empieza realmente el derecho a la defensa? Ambos debates han estado moderados por Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia.. Como es de esperar, no hay una única respuesta correcta al debate, y los dos grupos de universitarios, provenientes de diferentes facultades de la geografía española, han tenido que argumentar y defender sus posiciones. Además, los grupos han contado con notorias mentorías de expertos y profesionales de diferentes sectores ligados al mundo del Derecho. Las mentorías han estado a cargo de María del Rosario Jiménez Rubio, decana del Colegio de Registradores de España; Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional; y Ricardo Rivero Ortega, presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo.. Derecho a la defensa. El primer debate, centrado en el derecho a la defensa, tenía dos posturas claras: ¿debe reservarse el ejercicio de la defensa únicamente a profesionales de la Abogacía? El equipo asesorado por la decana del Colegio de Registradores estaba a favor de una apertura de la asesoría y defensa, centrada en el conocimiento experto que pueden aportar otros profesionales, por supuesto debidamente preparados para tal efecto. Por su parte, el equipo de Victoria Ortega defendió la postura de que, llegados a la sede judicial, es necesaria e imprescindible la presencia de un procurador.. La postura que argumentaba por una forma de actuación más amplia centró su exposición en que el derecho a la defensa puede compatibilizarse con otros profesionales en determinados momentos, nunca en el ámbito judicial. Complementariamente, el otro grupo de universitarios esgrimió el argumento de que el ciudadano se juega una tutela profesional efectiva no solo en el proceso judicial, aunque la judicialización es el último paso y siempre es mejor no llegar a juicio.. Tras el debate preparado por los grupos de estudiantes universitarios, ambas mentoras han tenido la oportunidad de exponer los argumentos esgrimidos. El punto de inflexión ha venido cuando ha hecho acto de presencia la mediación, un proceso en parte desconocido por el gran público y que es siempre deseable para todos, antes de decidir o verse abocados a un proceso judicial. Tanto María del Rosario Jiménez como Victoria Ortega han coincidido en que un asesoramiento especializado es imprescindible para lograr un punto de encuentro entre las partes. Dicho consejo puede venir ofrecido por profesionales debidamente formados y preparados, que no tienen por qué ser específicamente abogados.. Ante la Administración. El segundo debate de la jornada, ciertamente relacionado con el primero, se ha centrado en la respuesta de la administración ante los problemas derivados de su gestión y que, en la mayoría de los casos, sufre el ciudadano de a pie.. Al igual que durante el primer debate, en este caso las posturas estaban claramente definidas. El grupo asesorado por Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional, centró su argumentación en que sí, la administración debe responder en todo caso, sobre todo en casos en los que una gestión deficitaria o negligente de servicios o infraestructuras públicas deriva en un perjuicio para el ciudadano.. Por su parte, el equipo oponente, asesorado por Ricardo Rivero Ortega, presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, centró su defensa en que no se puede individualizar. Partiendo de la base de que el ser humano es falible, el objetivo es ofrecer una respuesta adecuada y clara a estos problemas, pero sin cargar las tintas en una persona concreta (el funcionario de turno, por ejemplo).. En este caso, el punto de unión pasa, igualmente, por procesos arbitrarios y previos al crecimiento del conflicto. Más aún cuando la desavenencia se da entre la administración y el administrado.. Tras la batalla universitaria, ambos mentores expusieron y acercaron posturas para concluir este segundo debate en un punto intermedio de actuación, donde el ciudadano, como administrado, esté siempre en el centro de las actuaciones.. El jurado, compuesto por reconocidos expertos y profesionales de diferentes sectores, emitió el fallo minutos después, pero se quiso poner el foco en la gran capacidad que demostraron los grupos de debate universitarios en tender puentes para llegar a entendimientos coherentes sin dejar de lado la postura adoptada, lo cual refleja con claridad el objetivo de estas jornadas formativas.. El gran atractivo de las Batallas Jurídicas organizadas por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos es que las nuevas generaciones de juristas y abogados puedan contar con un asesoramiento exclusivo de grandes profesionales en activo, que les hacen ver el importante reto de cohesión social que tienen ante sí estas profesiones.. La jornada concluyó con un cóctel en el que se pudieron comentar los pormenores de los debates. Las conversaciones de estudiantes, miembros del jurado, mentores y profesionales pusieron el broche a una jornada dedicada a formar a los intermediarios y representantes del futuro.
Cuando las personas debaten haciéndose cargo del discurso del otro se puede avanzar hacia el consenso y la resolución de conflictos. Esta es la premisa sobre la que ha girado la III Batalla Jurídica, organizada por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, y que ha contado con la participación de cuatro grupos de estudiantes universitarios que han presentado sendas argumentaciones a favor y en contra de dos asuntos de una gran relevancia actual.. El objetivo de estas batallas no es otro que el aprender a argumentar defendiendo una postura aunque, en ocasiones, sean opuestas a la postura que se tomaría de manera personal. Como explicó en la apertura de la jornada el presidente de los Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, «la calidad de un argumento es el fundamento de la fortaleza de una idea».. Santiago Ollero destacó el delicado momento actual, donde «se responde sin escuchar y se debate sin entender. Ninguna sociedad se ha levantado sobre la unanimidad». En este contexto, y haciendo referencia a las facultades universitarias, la educación tiene un enorme reto en las aulas, pues no solo deben formar a buenos profesionales, sino también a grandes personas, enseñando a discrepar con elegancia y respeto.. Dos debates, ¿enfrentados?. Los dos debates que se han llevado a cabo en esta tercera edición de las Batallas Jurídicas han girado en torno a dos grandes preguntas: por un lado, ¿quién responde cuando la administración falla?, y, por otro, ¿cuándo empieza realmente el derecho a la defensa? Ambos debates han estado moderados por Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia.. Como es de esperar, no hay una única respuesta correcta al debate, y los dos grupos de universitarios, provenientes de diferentes facultades de la geografía española, han tenido que argumentar y defender sus posiciones. Además, los grupos han contado con notorias mentorías de expertos y profesionales de diferentes sectores ligados al mundo del Derecho. Las mentorías han estado a cargo de María del Rosario Jiménez Rubio, decana del Colegio de Registradores de España; Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional; y Ricardo Rivero Ortega, presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo.. Derecho a la defensa. El primer debate, centrado en el derecho a la defensa, tenía dos posturas claras: ¿debe reservarse el ejercicio de la defensa únicamente a profesionales de la Abogacía? El equipo asesorado por la decana del Colegio de Registradores estaba a favor de una apertura de la asesoría y defensa, centrada en el conocimiento experto que pueden aportar otros profesionales, por supuesto debidamente preparados para tal efecto. Por su parte, el equipo de Victoria Ortega defendió la postura de que, llegados a la sede judicial, es necesaria e imprescindible la presencia de un procurador.. La postura que argumentaba por una forma de actuación más amplia centró su exposición en que el derecho a la defensa puede compatibilizarse con otros profesionales en determinados momentos, nunca en el ámbito judicial. Complementariamente, el otro grupo de universitarios esgrimió el argumento de que el ciudadano se juega una tutela profesional efectiva no solo en el proceso judicial, aunque la judicialización es el último paso y siempre es mejor no llegar a juicio.. Tras el debate preparado por los grupos de estudiantes universitarios, ambas mentoras han tenido la oportunidad de exponer los argumentos esgrimidos. El punto de inflexión ha venido cuando ha hecho acto de presencia la mediación, un proceso en parte desconocido por el gran público y que es siempre deseable para todos, antes de decidir o verse abocados a un proceso judicial. Tanto María del Rosario Jiménez como Victoria Ortega han coincidido en que un asesoramiento especializado es imprescindible para lograr un punto de encuentro entre las partes. Dicho consejo puede venir ofrecido por profesionales debidamente formados y preparados, que no tienen por qué ser específicamente abogados.. Ante la Administración. El segundo debate de la jornada, ciertamente relacionado con el primero, se ha centrado en la respuesta de la administración ante los problemas derivados de su gestión y que, en la mayoría de los casos, sufre el ciudadano de a pie.. Al igual que durante el primer debate, en este caso las posturas estaban claramente definidas. El grupo asesorado por Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional, centró su argumentación en que sí, la administración debe responder en todo caso, sobre todo en casos en los que una gestión deficitaria o negligente de servicios o infraestructuras públicas deriva en un perjuicio para el ciudadano.. Por su parte, el equipo oponente, asesorado por Ricardo Rivero Ortega, presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, centró su defensa en que no se puede individualizar. Partiendo de la base de que el ser humano es falible, el objetivo es ofrecer una respuesta adecuada y clara a estos problemas, pero sin cargar las tintas en una persona concreta (el funcionario de turno, por ejemplo).. En este caso, el punto de unión pasa, igualmente, por procesos arbitrarios y previos al crecimiento del conflicto. Más aún cuando la desavenencia se da entre la administración y el administrado.. Tras la batalla universitaria, ambos mentores expusieron y acercaron posturas para concluir este segundo debate en un punto intermedio de actuación, donde el ciudadano, como administrado, esté siempre en el centro de las actuaciones.. El jurado, compuesto por reconocidos expertos y profesionales de diferentes sectores, emitió el fallo minutos después, pero se quiso poner el foco en la gran capacidad que demostraron los grupos de debate universitarios en tender puentes para llegar a entendimientos coherentes sin dejar de lado la postura adoptada, lo cual refleja con claridad el objetivo de estas jornadas formativas.. El gran atractivo de las Batallas Jurídicas organizadas por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos es que las nuevas generaciones de juristas y abogados puedan contar con un asesoramiento exclusivo de grandes profesionales en activo, que les hacen ver el importante reto de cohesión social que tienen ante sí estas profesiones.. La jornada concluyó con un cóctel en el que se pudieron comentar los pormenores de los debates. Las conversaciones de estudiantes, miembros del jurado, mentores y profesionales pusieron el broche a una jornada dedicada a formar a los intermediarios y representantes del futuro.
