Gozar de una baja cuando se necesita es un derecho básico de los trabajadores que en el caso de los autónomos se ha elevado a categoría de lujo inaccesible. Para los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia españoles, mantener su actividad cuando el titular está de baja por maternidad o paternidad, enfermedad o para atender a un familiar dependiente les puede costar el negocio, ya que una sustitución cuesta más de lo que se gana, según el informe «El coste oculto de la conciliación en el trabajo autónomo», elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam).. En concreto, el coste del primer mes de sustitución de un trabajador autónomo alcanza los 2.339,90 euros, una cifra que incluye el coste laboral de la persona sustituta -1.880,30 euros- más los gastos derivados de seleccionarla, formarla y adaptarla al puesto -459,60 euros-. Mientras, el rendimiento neto medio que genera mensualmente la actividad de un autónomo se queda en 2.298 euros, según una estimación del informe construida sobre una actividad tipo elaborada a partir de datos oficiales. En otras palabras, mantener abierto el negocio durante una baja cuesta más que el rendimiento neto que genera en un mes.. La alternativa a contratar un sustituto -echar el cierre mientras dura la ausencia- no libra al autónomo del golpe económico. Sin ingresos, la pérdida ronda igualmente los 2.298 euros mensuales, y eso sin contar alquileres, suministros, cuotas de préstamos u otros gastos fijos que siguen corriendo aunque la persiana esté bajada. Solo una vez superado ese primer mes de adaptación, si se ha optado por sustituir al titular, el margen mejora algo: quedan unos 417,70 euros mensuales de colchón, antes de impuestos y de otros gastos propios de la actividad. Una cantidad que el informe califica de insuficiente para absorber cualquier imprevisto adicional.. Estos datos dan sentido a estos otros. Según recoge ATA, el índice de bajas entre los asalariados es 4,5 veces superior al de los autónomos y mientras que la incidencia de bajas entre los autónomos se ha reducido en los últimos siete años, entre los asalariados se ha duplicado. En la misma línea, hace apenas dos semanas, el Consejo de Graduados Sociales denunció que 1,6 millones de autónomos que desarrollan su actividad sin asalariados no pueden cogerse una baja sin cerrar su negocio. El Icogam, analizando el impacto económico de las sustituciones, eleva esta situación a la práctica totalidad de los autónomos.. «En España seguimos hablando de conciliación como si fuera únicamente un derecho laboral, cuando para millones de trabajadores autónomos es, sobre todo, un problema económico. Si cuidar de un hijo, recuperarse de una enfermedad o atender a un familiar supone poner en riesgo tu negocio, la conciliación deja de ser un derecho para convertirse en un lujo», denuncia el presidente del Icogam, Fernando Jesús Santiago Ollero.. 3,4 millones de trabajadores afectados. El gran problema de los 3,42 millones de autónomos en España es que no tienen margen de maniobra, ya que en el mayoría de los casos los negocios dependen por completo de la presencia física del titular. La consecuencia es que muchos autónomos optan por seguir trabajando enfermos, retrasan tratamientos médicos o acortan sus permisos por nacimiento antes que arriesgar la supervivencia de su negocio. Una situación inaceptable para los Gestores Administrativos. «No podemos aceptar que un trabajador por cuenta propia tenga que elegir entre proteger su salud o proteger la empresa que ha construido con años de esfuerzo. Ningún derecho es realmente efectivo cuando ejercerlo puede significar perder el medio de vida», denuncia Fernando Jesús Santiago Ollero.. La conciliación, a merced del código postal. El informe también repasa las ayudas públicas existentes para la sustitución de autónomos y encuentra un mapa muy desigual. Algunas comunidades, como Navarra, ofrecen apoyos que no llegan a los 400 euros mensuales; otras se mueven entre los 1.000 y los 1.500 euros al mes, y unas pocas como Andalucía prevén subvenciones puntuales de hasta 7.200 euros para casos concretos. En ningún caso, sin embargo, estas ayudas cubren el coste real calculado por el estudio. Y para empeorar las cosas, la mayoría de ellas tributan en el IRPF, lo que recorta aún más su utilidad práctica. Así, la conciliación de los autónomos queda a merced de su código postal.. Frente a este panorama, el Icogam plantea la creación de un sistema de ayudas común para todo el territorio, que financie la contratación y formación de sustitutos, amplíe la cobertura a enfermedades, accidentes y cuidado de familiares, y agilice los trámites para responder con rapidez a situaciones imprevistas. El informe propone además revisar la fiscalidad de estas subvenciones para que la tributación no erosione su efecto.. «No estamos pidiendo ayudas asistenciales. Estamos proponiendo una política inteligente de apoyo al tejido productivo. Ayudar a un autónomo a mantener abierta su actividad durante una ausencia temporal cuesta mucho menos que asumir el coste económico y social del cierre de un negocio viable», reclama el presidente de los Gestores Administrativos. «La Seguridad Social protege, en parte, a la persona. Pero nadie protege el negocio. Y para un autónomo ambas cosas son inseparables. Si el negocio desaparece, desaparece también su puesto de trabajo. Proteger la conciliación de los autónomos también significa proteger el tejido productivo, el empleo y la economía de nuestro país», añade.
La conciliación continúa siendo uno de los grandes retos pendientes del trabajo autónomo en España. No porque los trabajadores por cuenta propia carezcan de derechos, sino porque, en demasiadas ocasiones, ejercerlos implica asumir un coste económico que pone en riesgo la continuidad de su negocio.. Así lo revela el informe “El coste oculto de la conciliación en el trabajo autónomo”, elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), que analiza cuánto cuesta realmente mantener abierta una actividad económica cuando su titular debe ausentarse por maternidad, enfermedad o para atender a un familiar dependiente.. La principal conclusión del estudio resulta tan contundente como preocupante: el coste del primer mes de sustitución de un trabajador autónomo alcanza los 2.339,90 euros, mientras que el rendimiento neto medio mensual de su actividad se sitúa en 2.298 euros, según una estimación del informe construida sobre una actividad tipo elaborada a partir de datos oficiales. En otras palabras, mantener abierto el negocio durante una baja puede costar más que el rendimiento neto que genera en un mes.. En España seguimos hablando de conciliación como si fuera únicamente un derecho laboral, cuando para millones de trabajadores autónomos es, sobre todo, un problema económico. Para el presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, esta realidad explica por qué miles de autónomos renuncian cada año a ejercer plenamente su derecho a conciliar.. “En España seguimos hablando de conciliación como si fuera únicamente un derecho laboral, cuando para millones de trabajadores autónomos es, sobre todo, un problema económico. Si cuidar de un hijo, recuperarse de una enfermedad o atender a un familiar supone poner en riesgo tu negocio, la conciliación deja de ser un derecho para convertirse en un lujo.”. Cuando el coste de sustituirse supera el rendimiento del negocio. El informe toma como referencia una actividad tipo desarrollada por un trabajador autónomo y analiza los dos escenarios posibles ante una ausencia temporal.. Si decide cerrar el negocio, pierde aproximadamente 2.298 euros por cada mes de inactividad, sin contar alquileres, suministros, préstamos u otros costes fijos que continúan existiendo, aunque la persiana permanezca bajada.. Si opta por mantener abierta la actividad contratando a una persona sustituta, debe asumir un coste laboral cercano a 1.880 euros mensuales, al que se suma el impacto económico derivado del proceso de selección, formación y adaptación del nuevo trabajador. El resultado es un coste total de 2.339,90 euros durante el primer mes, superior al rendimiento neto medio mensual obtenido por la actividad.. Una vez superada la fase inicial de adaptación, el margen económico disponible apenas alcanza 417 euros mensuales, una cantidad insuficiente para absorber cualquier incidencia adicional o compensar otros gastos asociados al funcionamiento del negocio.. “Este informe demuestra algo que muchos autónomos llevan años sufriendo en silencio: sustituirse durante una baja puede costar más que el beneficio que genera su negocio en un mes. Cuando las cuentas no salen, el resultado es evidente: miles de profesionales siguen trabajando enfermos, reducen sus permisos o renuncian a cuidar de sus familias porque no pueden permitirse cerrar”, afirma Fernando Santiago.. 3,4 millones de trabajadores afectados. España cuenta actualmente con 3.425.767 trabajadores autónomos, una gran parte de ellos al frente de pequeños comercios, despachos profesionales, talleres, establecimientos de hostelería o empresas familiares cuya actividad depende directamente de la presencia de su titular.. A diferencia de las empresas con estructuras organizativas más amplias, estos negocios no pueden redistribuir fácilmente el trabajo cuando su responsable debe ausentarse. La continuidad de la actividad depende, casi siempre, de encontrar una persona capaz de sustituirle en un plazo muy reducido y asumir un coste que, en muchos casos, resulta inasumible.. Para los Gestores Administrativos, esta situación explica por qué muchos autónomos continúan trabajando durante enfermedades, retrasan intervenciones médicas o reducen sus permisos por nacimiento.. “No podemos aceptar que un trabajador por cuenta propia tenga que elegir entre proteger su salud o proteger la empresa que ha construido con años de esfuerzo. Ningún derecho es realmente efectivo cuando ejercerlo puede significar perder el medio de vida.”. La conciliación depende hoy del código postal. El informe analiza también las políticas de apoyo existentes en las comunidades autónomas y concluye que el nivel de protección varía considerablemente según el territorio.. Solo algunas comunidades han desarrollado ayudas específicas destinadas a facilitar la sustitución temporal del trabajador autónomo y, aun así, las cuantías resultan claramente insuficientes para cubrir el coste real de mantener operativo el negocio.. En determinadas comunidades las ayudas apenas alcanzan 400 euros mensuales, mientras que en otras oscilan entre 1.000 y 1.500 euros al mes o contemplan subvenciones puntuales de hasta 7.200 euros para supuestos concretos. Sin embargo, ninguna de ellas logra compensar el coste real identificado en el estudio. Además, estas ayudas tributan, con carácter general, en el IRPF, reduciendo todavía más su eficacia económica.. “Resulta difícil explicar que un derecho tan básico como la conciliación dependa hoy del código postal. Hay comunidades autónomas que han dado pasos importantes y otras donde prácticamente no existen instrumentos específicos para ayudar a mantener la actividad. Esa desigualdad debe corregirse.”. Una inversión para proteger el tejido productivo. El ICOGAM propone la creación de un modelo homogéneo de ayudas que permita financiar la contratación y formación de personas sustitutas, ampliar la protección a supuestos de enfermedad, accidente o cuidado de familiares y agilizar la concesión de estas ayudas para responder con rapidez a situaciones sobrevenidas.. El informe también plantea revisar el tratamiento fiscal de estas subvenciones para evitar que su tributación reduzca de forma significativa su impacto real.. Fernando Santiago insiste en que no se trata de una medida asistencial, sino de una política económica destinada a preservar miles de pequeñas empresas.. “No estamos pidiendo ayudas asistenciales. Estamos proponiendo una política inteligente de apoyo al tejido productivo. Ayudar a un autónomo a mantener abierta su actividad durante una ausencia temporal cuesta mucho menos que asumir el coste económico y social del cierre de un negocio viable.”. El presidente de los Gestores Administrativos concluye que la conciliación del trabajo autónomo debe dejar de entenderse exclusivamente como una cuestión de protección personal.. “La Seguridad Social protege, en parte, a la persona. Pero nadie protege el negocio. Y para un autónomo ambas cosas son inseparables. Si el negocio desaparece, desaparece también su puesto de trabajo. Proteger la conciliación de los autónomos también significa proteger el tejido productivo, el empleo y la economía de nuestro país.”
