La inauguración desde hace más de un lustro de zonas de bajas emisiones (ZBE) en las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid ha venido acompañada de un aumento exponencial en la compra de vehículos híbridos o eléctricos, en teoría menos contaminantes, y de un mayor uso del transporte público. Así lo refleja un informe de la Cámara de Cuentas consultado por EL PAÍS y que ofrece datos de Madrid capital (3,5 millones de habitantes), Alcalá de Henares (más de 200.000), Fuenlabrada (más de 190.000) y Rivas-Vaciamadrid (más de 100.000). Aunque los fiscalizadores no se pronuncian sobre si existe una relación causal o de correlación entre estos fenómenos, sí que detallan un elemento incentivador: desde 2022 se han impuesto millones de multas en la región por infracciones en las ZBE autonómicas, que deberían estar ya activadas en las 24 ciudades de más de 50.000 habitantes, lo que habría reportado una recaudación media efectiva de más de 30 millones de euros cada año, y más de 105 millones ingresados entre 2022 y marzo de 2025, fundamentalmente concentrada en la capital.. Seguir leyendo
La inauguración desde hace más de un lustro de zonas de bajas emisiones (ZBE) en las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid ha venido acompañada de un aumento exponencial en la compra de vehículos híbridos o eléctricos, en teoría menos contaminantes, y de un mayor uso del transporte público. Así lo refleja un informe de la Cámara de Cuentas consultado por EL PAÍS y que ofrece datos de Madrid capital (3,5 millones de habitantes), Alcalá de Henares (más de 200.000), Fuenlabrada (más de 190.000) y Rivas-Vaciamadrid (más de 100.000). Aunque los fiscalizadores no se pronuncian sobre si existe una relación causal o de correlación entre estos fenómenos, sí que detallan un elemento incentivador: desde 2022 se han impuesto millones de multas en la región por infracciones en las ZBE autonómicas, que deberían estar ya activadas en las 24 ciudades de más de 50.000 habitantes, lo que habría reportado una recaudación media efectiva de más de 30 millones de euros cada año, y más de 105 millones ingresados entre 2022 y marzo de 2025, fundamentalmente concentrada en la capital.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior declaró en septiembre de 2024 la nulidad de pleno derecho de los elementos esenciales que configuraban la Zona de Bajas Emisiones general de la ciudad de Madrid y las dos ZBE de especial protección. Esa decisión judicial adquirió firmeza el 21 de abril, tras el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Para entonces, sin embargo, muchas cosas habían cambiado ya en la capital, cuya vida política, de Manuela Carmena a José Luis Martínez-Almeida, ha girado en buena medida alrededor de este tema en la última década.
Así, en Madrid ciudad se habían adquirido 53.820 vehículos híbridos o eléctricos en el año anterior a la implantación de la ZBE, por los 382.980 adquiridos en 2024. Un 612% más engrasado por la mejora de la red de carga eléctrica y las bonificaciones fiscales correspondientes que aplica el Consistorio para incentivar la disminución de los vehículos diésel y exclusivamente gasolina dentro del parque móvil del municipio. La tendencia se repitió en Rivas (incremento del 185%) y Alcalá (52%). La excepción fue Fuenlabrada, donde el retroceso fue del 41%.
Ese es un dato sorprendente, puesto que los actuales cimentan una serie con casi un decenio de antigüedad. Comparando el primer trimestre de 2018 con el mismo periodo de 2019, las ventas de vehículos híbridos, eléctricos y a gas aumentaron un 93% en la Comunidad de Madrid —de 9.017 unidades a 17.372—, según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Esa subida, que incluyó las compras para flotas de taxis y compañías de carsharing —consideradas testimoniales por la patronal—, se quedó en un 20% en Cataluña. Y en Andalucía apenas llegó al 18%. ¿La razón? Aunque es difícil establecer una relación de causalidad, el inicio de Madrid Central, la ZBE impulsada por el gobierno de Carmena, fue empleado por los concesionarios como gancho en uno y mil anuncios.
En el transporte público hubo una evolución similar. Según los datos citados por la Cámara de Cuentas, la demanda prácticamente se duplicó entre el último año previo a la implantación de la ZBE y 2024, con un incremento del 100%. Un incremento que no recoge el número de usuarios de bicicleta, que también fue a más. El aumento fue del 8,7% en Alcalá de Henares, y del 7,2% en Fuenlabrada.
Collado Villalba, Colmenar Viejo, Getafe, Parla y Valdemoro, se queja la Cámara de Cuentas, no enviaron la información necesaria para ser evaluada en el informe. De los diecinueve ayuntamientos que sí contestaron al cuestionario, solo diez tenían regulado el establecimiento de una ZBE vigente a 31 de marzo de 2025, mientras que en ocho se encontraba en funcionamiento. Torrejón de Ardoz y Tres Cantos tenían prevista su puesta en funcionamiento unos meses más tarde.
“Los ayuntamientos que aún no han aprobado los proyectos técnicos y las ordenanzas de las ZBE deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que incorporen los elementos necesarios, así como agilizar su tramitación para disponer de una ZBE plenamente operativa a la mayor brevedad posible, junto con su correspondiente régimen sancionador”, se pide en el informe del ente fiscalizador, que de nuevo ha vivido un inusitado choque interno a raíz de la elaboración de este documento.
Choque interno
En abril, como avanzó este diario, la vicepresidenta de la Cámara, propuesta por el PP, y una consejera, avalada por Más Madrid, chocaron por la calidad de un informe y los posibles riesgos reputacionales para el ente. En esta ocasión, la discrepancia afecta además a uno de los elementos centrales de la fiscalización: la exclusión de cinco municipios por no haber remitido información. Verónica López, la especialista propuesta por el partido de izquierdas, ha vuelto a registrar un voto particular, quejándose de que se haya permitido que varios ayuntamientos no dieran sus datos, y reclamando que la Cámara ejerza su capacidad de sanción en estos casos.
“Si los cinco municipios que no han respondido al cuestionario remitido y por dicho motivo han sido excluidos del alcance de la fiscalización han incurrido en el incumplimiento del deber de colaboración que establece la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, la misma Ley que establece las medidas que la Cámara de Cuentas debe/puede adoptar para enmendar dichos incumplimientos”, reclama la consejera.
Y, sobre las “multas coercitivas” que permite la normativa, reclama: “Las medidas b) y c) que establece el artículo 11 de la Ley no son práctica habitual en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y deberían adoptarse y publicitarse de forma sistemática para incentivar y promover la debida colaboración de las entidades fiscalizadas en todos los procedimientos de fiscalización”.
