En la fase final de las elecciones de medio término, que determinarán el control del Congreso de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump está haciendo campaña en Mississippi, un área que parece ser su bastión en el papel. Según las encuestas, la facción del presidente enfrenta dificultades debido al descontento generalizado en toda la nación por los elevados costos. Más de 30 millones de personas han emitido su voto anticipado, estableciendo nuevos récords en ciertas regiones cruciales. Para más información, consulte la fuente.
Jueces se muestran escépticos a la demanda del Gobierno para que California revise si miles de electores son ciudadanos de EE UU
Un panel de tres jueces apelativos al que el Gobierno de Donald Trump pidió evaluar con premura una demanda para que las autoridades de California corroboren si más de 20.000 electores son ciudadanos estadounidenses se mostraron escépticos a dar luz verde a una maniobra vista como una intención por interferir en los resultados de las midterms.
En una audiencia realizada este domingo, algo inusual, los jueces consideraron que la demanda choca con una cláusula de la Constitución de Estados Unidos que da a los Estados el poder para definir sus procesos electorales.
“Me parece que quieres que emitamos una injunction que es completamente inconsistente con la ley que ha adoptado la Legislatura de California conforme con la cláusula electoral”, dijo al abogado del Gobierno el magistrado Mark Bennett, citado por la agencia Reuters.
El 15 de octubre, el Gobierno federal presentó una demanda contra funcionarios electorales de California, en la que alega haber detectado que más de 20.000 personas no ciudadanas estaban inscritas indebidamente en el padrón electoral, supuestamente con la intención de participar en los comicios del próximo 3 de noviembre. Esa cifra fue luego elevada a más de 30.000 votantes.
La querella, presentada ante una corte federal de Los Ángeles, consta de apenas 15 páginas y no aporta pruebas claras de los resultados de una supuesta “investigación sobre el voto ilegal” realizada por agentes de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
Según los documentos judiciales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia encargada de tramitar las solicitudes migratorias, remitió a HSI una supuesta lista de personas que “están registradas para votar en las elecciones federales en California y que probablemente no son ciudadanas”. Esto significa que el Gobierno aún debe determinar con precisión cuál es el estatus de los que ha catalogado como sospechosos.
Por ahora no está claro qué alcance pudiera tener esta acción en relación con las elecciones que se aproximan, en las que están en juego desde sillas en el Concejo y la Alcaldía de Los Ángeles, hasta curules de la Cámara de Representantes, distintos cargos estatales y la gubernatura de California.
Las autoridades de California han respondido defendiendo la integridad de sus procesos y afirmando que la demanda del Gobierno se basa en datos probablemente inexactos.
