Los representantes legales de las familias involucradas en la investigación de las muertes domésticas en Madrid durante la pandemia argumentan que la magistrada María Isabel Durántez ha retenido una investigación de un caso grande durante un año debido a la insuficiencia de fondos y la aprehensión. «El caso requiere un valor significativo para perseguir y investigar completamente», declararon los medios el martes con respecto a la abogada Alejandra Jacinto. Ella comentó: «Creo que ella desea investigar, pero carece de los recursos necesarios y posiblemente tenga miedo».
Los abogados de las familias en la investigación de las muertes en residencias de Madrid durante la pandemia creen que la magistrada María Isabel Durántez se ha resistido durante un año a abrir una macrocausa por falta de recursos y miedo. “Hay que ser muy valiente para agarrar la causa e investigar hasta el final”, ha dicho a la prensa este martes la letrada Alejandra Jacinto, que ha añadido: “Creo que ella tiene ganas de investigar, pero no tiene medios y puede que tenga miedo”.
Las miradas se han posado sobre Durántez, la jueza a quien, por ley, correspondería abrir una investigación conjunta de las muertes, pero que se ha negado a asumir ese rol alegando que cada muerte se produjo en circunstancias diferentes. Su postura ha derivado en una disputa entre jueces madrileños que ha acabado en el órgano superior, la Audiencia Provincial, que resolverá el asunto en una junta de magistrados el lunes 23 de noviembre.
Jacinto ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa este mediodía en la que las familias han denunciado “dilaciones inaceptables” y “desidia” en muchos juzgados sobre los hechos ocurridos en marzo y abril de 2020, cuando más de 7.200 personas mayores murieron en las residencias madrileñas sin traslado al hospital.
“Después de seis años seguimos sin tener ni un solo juicio, no ha habido ni una sola vista”, ha recalcado una portavoz de las familias, Carmen López, durante el acto, celebrado en la céntrica sede de la cooperativa jurídica CAES, donde trabajan algunos de sus abogados.
La convocatoria a los medios se ha celebrado para recalcar que han pasado dos años desde la denuncia colectiva que supuso un antes y un después para el caso residencias. El 10 de octubre de 2024, las dos asociaciones de familias, Verdad y Justicia y Marea de Residencias, presentaron un escrito en la Fiscalía Superior de Madrid para enarbolar un delito nuevo, que se sumaba a los de homicidio y omisión de socorro: la discriminación en el acceso a un servicio público.
Con esa nueva argumentación y nuevas pruebas aportadas, consiguieron que pocos meses después varios jueces imputaran a los cuatro ex responsables de la Comunidad de Madrid señalados en esa denuncia. Durántez fue la primera y sus pares le han solicitado que asuma las riendas, como prevé la ley cuando existen procedimientos similares.
“No hemos comprendido que finalmente el propio Juzgado de Instrucción nº 3 (el de Durántez) no haya querido acumular todos los procedimientos en una misma causa, lo que refleja mejor el espíritu de la denuncia”, ha dicho Jacinto. “Son los mismos responsables y los mismos hechos, pero varía el nombre del fallecido. Toda esa discriminación se produjo igual en todos”, ha añadido. Con todo, ha recalcado que confían en esta jueza. “Nos felicitamos desde el principio de que fuera la más expedita y rápida y no pusiese excusas”.
La rueda de prensa ha servido también para ordenar los datos de este “maremágnum” de investigación sobre la que no existe un balance general y actualizado. Según el conteo de los abogados de CAES, ahora mismo existen 39 causas abiertas en juzgados de primera instrucción, otras 18 causas pendientes de recurso en la Audiencia Provincial, 14 más se hallan en el Tribunal Constitucional por recursos de amparo que alegan la vulneración de la tutela judicial efectiva. Además, existen otros tres procedimientos que llevan otros abogados. En total, suman 74 procedimientos.
Ayuso y su Gobierno han defendido su gestión durante la crisis sanitaria y celebran ocasionalmente que los juzgados tumben estas causas. Según datos facilitados el mes pasado, son 144 los procedimientos que se han archivado.
“Dilaciones”
Los abogados han citado ejemplos de las “dilaciones inaceptables” de algunos jueces. Han hablado de casos en los que se ha tardado más de un año en dar trámite a una diligencia, o de suspensiones durante meses a causa de un simple error ortográfico, como el caso del apellido mal escrito de una doctora que iba a comparecer. También han mencionado ejemplos de la “falta de voluntad” de los jueces, como prueba, han dicho, que ninguno haya solicitado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el plan de choque que ella anunció para las residencias y que ellos querrían aportar como prueba.
Además, consideran que los jueces están demasiado centrados en los protocolos de triaje, las directrices sobre quién debía ser hospitalizado, a pesar de que las familias han insistido en que la discriminación debe entenderse en un sentido más amplio, abarcando también la falta de medicalización de las residencias, la falta de derivación al hospital de Ifema y la falta de acceso a los hospitales privados.
“Estamos muy preocupados y queremos poner en valor la necesidad de denunciar esta situación”, ha dicho Jacinto. “Basta ya, no se puede seguir torpedeando investigaciones y que en algunos casos no se haya investigado nada”.
Las asociaciones han lamentado que algunas hijas que buscaban justicia han fallecido sin encontrarla. Han citado el caso de Concha Quirós, muy activa en las protestas y vigilias, que murió en mayo. “La buena noticia es que su hija va a continuar con la causa”, ha anunciado Carmen López, en referencia a que ha sustituido a su madre en la denuncia por la muerte de su abuela. “La pena es que ella no va a ver realizado su sueño de justicia”.
Los familiares han insistido en que recurrirán incluso a la justicia europea si no tienen éxito en España. “Seguiremos en la lucha mientras tengamos fuerza”, ha dicho María Jesús Valero, otra portavoz de las familias. “Por el camino ha quedado alguna compañera que luchaba, pero cogerán los testigos los hijos o familiares q quieran luchar”, han subrayado.
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