Las cosas han cambiado mucho en Ceuta desde 2021, la última vez que la ciudad autónoma vivió una crisis humanitaria similar a la actual después de la entrada de miles de inmigrantes. Entonces, todo fue colaboración y buenas palabras entre el Gobierno central y el autonómico, dirigido desde hace 25 años por Juan Jesús Vivas, un presidente del PP que siempre se ha destacado por tener un discurso distinto al de la dirección de su partido, apostar por la colaboración con La Moncloa y rechazar de forma tajante a Vox y su discurso xenófobo. Pero esta vez es muy diferente. Vivas ha ido endureciendo su tono hasta que este lunes estalló y llegó a amenazar con acudir a la justicia ante la “inacción” del Gobierno.. Seguir leyendo
Las cosas han cambiado mucho en Ceuta desde 2021, la última vez que la ciudad autónoma vivió una crisis humanitaria similar a la actual después de la entrada de miles de inmigrantes. Entonces, todo fue colaboración y buenas palabras entre el Gobierno central y el autonómico, dirigido desde hace 25 años por Juan Jesús Vivas, un presidente del PP que siempre se ha destacado por tener un discurso distinto al de la dirección de su partido, apostar por la colaboración con La Moncloa y rechazar de forma tajante a Vox y su discurso xenófobo. Pero esta vez es muy diferente. Vivas ha ido endureciendo su tono hasta que este lunes estalló y llegó a amenazar con acudir a la justicia ante la “inacción” del Gobierno.
Sin embargo, poco después de lanzar ese mensaje durísimo, Vivas se reunió en Ceuta con Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo. Y ambos acordaron habilitar cuatro nuevos espacios para acoger a 1.500 personas que podrán ampliarse en los próximos días y empezar a tratar de forma digna a quienes deambulan por la ciudad y duermen en la playa o en zonas industriales.
Este acuerdo, que en el Gobierno confían en que tenga efecto inmediato —ya este martes podría empezar a acogerse más gente para evitar las imágenes dramáticas de estos días—, no disipa por completo, sin embargo, una tensión política inusual entre las dos administraciones, que distintas fuentes del Ejecutivo consultadas por este periódico atribuyen a un cambio radical de actitud de Vivas y su equipo, que creen que se debe a una presión social muy fuerte y una mayor fuerza de la ultraderecha y de los discursos racistas y antiinmigrantes en Ceuta.
Fuentes del entorno de Vivas señalan, por el contrario, que el problema es que ahora la situación es mucho peor que en 2021, porque se ha quedado más gente en la ciudad —en el Ejecutivo central dicen que no es tan distinta— y sobre todo porque el presidente autonómico se está centrando en un solo objetivo: que se vayan cuanto antes de Ceuta todos los que entraron los días 30 y 31 de julio, algo que es prácticamente imposible porque hay casos muy complejos de resolver.
El problema de fondo parece claramente político. Mientras en 2021, aún con la pandemia reciente, la colaboración era total y Ceuta puso a disposición varios edificios públicos para acoger a los inmigrantes y resolver el problema humanitario, esta vez todos los miembros del Gobierno consultados insisten en que el ejecutivo local ha puesto todo tipo de problemas y que, cada vez que se buscaba una ubicación, los vecinos protestaban y se echaba atrás el gobierno autonómico.
El ambiente social antiinmigrante ha empeorado en cinco años. Los agitadores ultraderechistas y la propaganda racista en las redes tienen mucha más fuerza. Y todo parece más difícil ahora que en 2021. Además, la ciudad vive en un estado de inquietud grave ante la posibilidad de que Marruecos pueda permitir en el futuro un nuevo asalto de este tipo. Vivas fue especialmente duro y llegó a insinuar que el Gobierno de Pedro Sánchez podría estar retrasando decisiones para no incomodar a Marruecos.
El Ejecutivo central cree que Ceuta ha apostado hasta ahora por no dar acogida a los migrantes para ver si se marchan, como han hecho por su propio pie la enorme mayoría. Pero insiste en que llega un momento en que algunos se quedan. Y hay que darles una acogida humanitaria para evitar problemas mayores para los propios ceutíes.
La ministra Saiz explica a EL PAÍS que el acuerdo con Vivas de este lunes es “un avance importante que demuestra que tiene que haber colaboración entre las administraciones, porque es la única manera de resolver los problemas”. La titular de Migraciones recuerda que ya se ha hecho mucho en estos días, pero sostiene que ahora, con este pacto, se aumentará la capacidad de acogida.
No solo habrá cuatro nuevas ubicaciones, también se está reforzando con nuevos catres llegados de la península el centro de internamiento temporal, que además incorporará una perspectiva de género con sectores solo de mujeres para proteger mejor a las que están allí. Este es uno de los problemas en los que más se está trabajando en el Ejecutivo, para evitar más agresiones sexuales, que precisamente serán más evitables si los inmigrantes están controlados en espacios, filiados y registrados.
“Lo que no tiene sentido es seguir tratándolos mal a ver si se van, dejarlos tirados por las playas esperando que decidan volverse, porque muchos de ellos no lo van a hacer porque han pedido asilo o porque están a la espera de alguna resolución administrativa. Tenemos que tener una atención humanitaria. Hay que cuidar de ellos por el bien de todos”, resume otro miembro del Gobierno.
La ministra de Sanidad, Mónica García, reprocha a Vivas que no haya puesto desde el primer momento a disposición una serie de ubicaciones que dependen de la ciudad, mientras que en 2021 sí se hizo. “Estamos reclamando una gestión como la de 2021, cuando sí se ofrecieron distintos emplazamientos. Los necesitamos para tener la situación de salud pública controlada. Nos alegramos de que haya empezado a facilitar”, sentencia en conversación con EL PAÍS.
Desde el equipo de Vivas insisten, por el contrario, en que entonces había mucha menos gente ―3.500 en 2021 frente a los 9.000 actuales― y sobre todo exigen que se agilicen ya las expulsiones con más funcionarios y que se suspenda la tramitación del asilo desde Ceuta. Vivas y su equipo aseguran que se puede acelerar todo el proceso de expulsiones. Pero en el Gobierno recuerdan que todo está muy reglado y, de hecho, hay dos personas de las dos administraciones ―la anterior delegada del Gobierno y la ex vicepresidenta de Ceuta― que han sido inhabilitadas por la justicia por haber devuelto de manera precipitada a menores a Marruecos.
En el origen de este nuevo salto masivo está una mala interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo español que condenaba las expulsiones en caliente de personas que han entrado a nada en Ceuta. La regulación es compleja; llevar a la península a los inmigrantes también lo es, porque Europa presiona para que no se haga. Y todo indica que la solución será gradual e individualizada, tratando de gestionar lo más rápido posible cada caso, pero sin cometer irregularidades que luego condenen los tribunales.
En una comparecencia extraordinaria, el presidente Vivas dejó muy claro que la situación política no es la de 2021 y apeló en varias ocasiones a la resistencia de los vecinos como explicación para el rechazo a distintas ubicaciones de centros de acogida temporal, aunque poco después pactó algunos de ellos con Saiz. Los acordados, al menos en teoría, no deberían generar tanto rechazo porque están en sitios más aislados.
Vivas llegó a amenazar con acudir “a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Constitucional” si en un mes no está resuelto el problema. “Ceuta vive un estado de excepción”, insistió. El presidente ceutí incluso dejó caer que podría haber una intención oculta de La Moncloa para no restituir la situación. “Hasta la caída definitiva [de Ceuta]”, deslizó, como si Sánchez quisiera entregarla a Marruecos. “Ojalá no sea esta la razón”, remachó el presidente ceutí. “Los ceutíes no nos vamos a rendir; el Gobierno es una parte muy importante del Estado, pero no es todo el Estado”, llegó a decir.
Sin embargo, pocos minutos después de lanzar estos mensajes durísimos, inéditos en él, Vivas se reunió con la ministra Saiz y el tono fue completamente diferente, tanto que hubo acuerdo rápidamente y ella lo anunció en Ceuta sin mayores problemas. Por eso el Ejecutivo interpreta que Vivas, con el que siempre ha tenido buena relación, está sobreactuando por una presión social muy fuerte y también política, con el PP cada vez más duro en temas migratorios y la competencia de Vox a meses de unas elecciones autonómicas, locales y generales. La batalla política sobre la migración, que ya ha vivido un episodio fuerte en Europa y tiene aún enfrentados a Madrid y Roma, llega también a la política local española con un choque entre La Moncloa y Ceuta que hasta ahora se había evitado.
