La jueza que investigaba la filtración de datos personales de dos periodistas de este periódico por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha archivado la causa. En un auto fechado el 30 de junio, la instructora concluye que no hay pruebas de que Rodríguez obtuviese irregularmente —esto es, del equipo de seguridad de Ayuso— las imágenes y nombres de los dos reporteros que, en 2024, investigaban en los alrededores de la vivienda de la presidenta y su pareja posibles irregularidades urbanísticas y que fueron identificados por los policías que se encargan de su escolta. Y añade que no aprecia datos “reservados” o “personales” en la información que difundió el jefe de gabinete.. Seguir leyendo
La juez que investigaba la filtración de datos personales de dos periodistas de este periódico por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha archivado la causa. En un auto fechado el 30 de junio, la instructora concluye que no hay pruebas de que Rodríguez obtuviese irregularmente —esto es, del equipo de seguridad de Ayuso— las imágenes y nombres de los dos reporteros que, en 2024, investigaban en los alrededores de la vivienda de la presidenta y su pareja posibles irregularidades urbanísticas y que fueron identificados por su equipo de seguridad. Y añade que no aprecia datos “reservados” o “personales” en la información que difundió el jefe de gabinete.
El archivo llega después de la declaración del último de los testigos, el empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso, que ratificó este martes todo lo que ya había declarado el jefe de gabinete como imputado: que la imagen que acabó difundiendo Rodríguez se la pasó él y que la obtuvo a través de un vecino. González Amador aportó en su declaración otras imágenes y el chat vecinal en el que se comentaba la presencia de los reporteros de EL PAÍS, pero no así su conversación con Rodríguez, pues dijo que ya no la conservaba. La instructora no ha llegado a tomar declaración en el juicio a los agentes que identificaron a los periodistas aquel día.
El jefe de gabinete de la presidenta había declarado dos meses antes, el 6 de mayo, y ante la jueza había reconocido haber difundido los datos, sí, pero no haberlos obtenido del equipo de seguridad de Ayuso, lo que fundamentaba la acusación por un delito de revelación de secretos. Rodríguez, que dio dos versiones distintas ante los medios al entrar y al salir del juzgado —primero dijo que la imagen se la había pasado un vecino enfadado porque estaban molestando a sus hijos, después matizó que fue González Amador—, defendió entonces que no necesitó recabar los nombres de los policías, pues conocía a los dos reporteros por su labor informativa en Madrid.
Los hechos investigados ocurrieron hace algo más de dos años: el 19 de marzo de 2024, los dos periodistas de este periódico acudieron a las inmediaciones de la vivienda donde viven Ayuso y su pareja para preguntar a los vecinos de la zona si recordaban alguna reforma en el quinto piso, pues habían encontrado dos órdenes municipales de paralización de obra en un portal urbanístico de acceso público. El asunto se fue agrandando con el tiempo y se planteó, incluso, que González Amador hubiese unido el piso en el que hizo las obras con el ático, que alquilaba por 5.000 euros al mes.
Aquel día de 2024, los dos informadores fueron interpelados por un policía nacional de paisano, miembro de la seguridad de la presidenta. El agente les solicitó el DNI y su acreditación de prensa (y matizó a sus compañeros: “Los tenemos”. Unas horas después, el equipo de Ayuso envió un mensaje a distintos periodistas con el nombre y la foto de los redactores de EL PAÍS, acompañada del siguiente texto: “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluidas niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones. El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de elDiario.es encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron entonces a este periódico que los nombres de los reporteros fueron trasladados por el equipo de seguridad de la presidenta, como así reiteró su responsable de sección ante la jueza. El periodista no aportó más información sobre la fuente en aras del secreto profesional que lo ampara. Este extremo fue negado por el responsable de seguridad de la Comunidad de Madrid, que declaró en el juzgado no haber recibido ninguna información de los agentes, ni tampoco haber contactado al jefe de gabinete de la presidenta aquel día.
Varios medios online publicaron la información falsa junto a la fotografía, los datos y sin verificación alguna. Rodríguez admitió posteriormente a este diario que había sido él quien había distribuido la información. “Es una conversación personal. No es una cuenta de la Comunidad”, dijo. Días después, en una entrevista con El Mundo, añadió: “Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más”. El PSOE presentó una querella, a la que este periódico se adhirió, que fue inicialmente rechazada. La Audiencia Provincial, sin embargo, revocó la decisión y ordenó la reapertura de la investigación, aunque solo contra Miguel Ángel Rodríguez, y no contra los policías que podrían haber filtrado esta información. Hasta su archivo este martes.
“El texto, pues, remitido el día 19 de marzo de 2024 por don Miguel Ángel al chat que comparte con periodistas, y fuera de las inexactitudes, del tono o de las expresiones utilizadas por su emisor, entiende esta instructora, que, por un lado, no contiene ningún dato reservado o de carácter personal de los dos periodistas afectados y que, por otro, no queda acreditado que los datos de identidad o la imagen de los periodistas en él contenido y anexo hayan sido obtenidos de alguna de las formas ilícitas que precisan los artículos del código penal relacionados en el cuerpo de esta resolución”, concluye la jueza.
Al final se demostró que, pese a las órdenes de paralización que encontraron los reporteros y que investigaban aquel día, las obras se ejecutaron. González Amador logró, sin embargo, librarse de la sanción por un resquicio judicial: cuando empezó la reforma, en agosto de 2022, comunicó al Ayuntamiento una obra de demolición por medio de una declaración responsable, pero el Consistorio le ordenó la paralización, porque les había informado de que posteriormente ampliaría ese documento, a pesar de que no está permitido. No obstante, González Amador envió ese segundo documento y la administración respondió con una nueva orden de paralización que repetía un texto idéntico al que había usado en su primera resolución de cese.
Ahí estuvo la clave: el Consistorio abrió una investigación —tras una denuncia de Más Madrid— que acabó en una sanción por haber ignorado las órdenes de paralización. Sin embargo, como el Ayuntamiento había respondido con un texto idéntico e ignoró la segunda solicitud de Amador, la pareja de Ayuso acabó tumbando en los juzgados la sanción. El Consistorio de José Luis Martínez Almeida no recurrió la decisión y, en noviembre de 2025, la pareja acabó adquiriendo el ático. El piso de debajo, donde se realizaron las obras que investigaban los dos periodistas de este periódico, fue adquirido por González Amador tras haber cometido un presunto fraude fiscal de 350.000 euros.
