La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado que se investigue si dos excargos de la Comunidad de Madrid prevaricaron (dictaron una resolución arbitraria) durante la crisis de las residencias de mayores de 2020. El auto del jueves pasado y conocido hoy desestima un recurso de los dos implicados, Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo, contra la decisión de un juez de Getafe que en marzo amplió las pesquisas a ese nuevo delito. Los dos también están imputados por el delito de discriminación en el acceso a un servicio público.. Seguir leyendo
Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo habían recurrido la ampliación en marzo por ese nuevo delito
La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado que se investigue si dos excargos de la Comunidad de Madrid prevaricaron (dictaron una resolución arbitraria) durante la crisis de las residencias de mayores de 2020. El auto del jueves pasado y conocido hoy desestima un recurso de los dos implicados, Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo, contra la decisión de un juez de Getafe que en marzo amplió las pesquisas a ese nuevo delito. Los dos también están imputados por el delito de discriminación en el acceso a un servicio público.
El auto es un recordatorio de la vigencia de un caso que reaparece intermitentemente en la agenda y que no se ha podido sacudir la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que el año que viene buscará la reelección. Los dos implicados participaron en la elaboración de los famosos protocolos para restringir las hospitalizaciones de las personas que vivían en residencias, en marzo de 2020. Fueron firmados por Mur, un alto cargo de la consejería de Sanidad, y redactados por Peromingo, geriatra en el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, que en mayo de aquel año lo relevó en el puesto. Más de 7.200 personas mayores murieron en marzo y abril de 2020 sin traslado hospitalario.
El de Getafe es uno de varios juzgados madrileños que continúan investigando a los exresponsables autonómicos. Cada juez entiende de distintos fallecimientos y toma medidas que no son extensibles a los otros juzgados. En este procedimiento, un juez de ese municipio del sur de la región examina las circunstancias en que murió Petra Gadea a sus 88 años en la residencia Los Ángeles de esa localidad.
El juez de la Sección de Instrucción Plaza 3 de Getafe, Luis Carlos de Isidro y de Pablo, amplió el 19 de marzo la investigación al delito de prevaricación administrativa, como había solicitado el PSOE, personado como acusación popular. Mur y Peromingo recurrieron alegando que no existía una orden concreta dirigida a la residencia Los Ángeles o al Hospital de Getafe o que Mur no podía dictar órdenes con eficacia ejecutiva. La Audiencia ha desestimado sus motivos aduciendo que el juez hizo lo correcto al ampliar la denuncia y que las quejas de los exresponsables deberán dilucidarse en el curso de la instrucción.
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