Ana María Fuentes, gerente del PSOE, ha descargado en la Secretaría de Organización dirigida por Santos Cerdán toda responsabilidad sobre los pagos del partido a los implicados en el llamado caso Leire Díez, según detallan varias fuentes jurídicas presentes en su declaración como imputada en la Audiencia Nacional. La alto cargo socialista ha explicado al juez Santiago Pedraz que ella solo se encargaba de aprobar la ejecución de los abonos y que no decidía sobre el contenido de los supuestos trabajos contratados, ni supervisaba que se llevaran a cabo. Fuentes ha defendido así su actuación como responsable de las cuentas de la formación en las pesquisas abiertas sobre la presunta trama liderada por la exmilitante Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización, que buscaban “desestabilizar” supuestamente los procesos judiciales que salpicaban al partido y al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.. Seguir leyendo
Ana María Fuentes explica al juez Pedraz que ella no decidía ni supervisaba los trabajos contratados y que se limitaba a aprobar la ejecución de los abonos
Ana María Fuentes, gerente del PSOE, ha descargado en la Secretaría de Organización dirigida por Santos Cerdán toda responsabilidad sobre los pagos del partido a los implicados en el llamado caso Leire Díez, según detallan fuentes jurídicas. Durante su declaración como imputada en la Audiencia Nacional, la alto cargo socialista ha explicado al juez Santiago Pedraz que ella solo se encargaba de aprobar la ejecución de los abonos y que no decidía sobre el contenido, ni supervisaba que se llevaran a cabo los supuestos trabajos contratados. Fuentes ha defendido así su actuación como responsable de las cuentas de la formación en las pesquisas abiertas sobre la presunta trama liderada por la exmilitante Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, que buscaba presuntamente “desestabilizar” procesos judiciales que salpicasen al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez.
El sumario concede a Fuentes un papel crucial en la ejecución de los planes de la supuesta “organización criminal” encabezada por Díez y Cerdán. Según el juez, la gerente emitió “sendas notas de encargo” para “justificar el pago” de decenas de miles de euros a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, señalados como la vía para hacer llegar dinero a la trama. Los investigadores sospechan que los implicados fingían que los letrados prestaban “asesoramiento jurídico” al partido, cuando en realidad se erigían como el instrumento para “retribuir” a la militante socialista “por la labor que se había comprometido a desarrollar para proteger al PSOE, al presidente del Gobierno y su entorno de las actuaciones judiciales que les amenazaban”. Las pesquisas destacan el abono de 27.225 euros a través de dos “sociedades interpuestas” de Oliver; y que Teijelo llegó a emitir y cobrar tres facturas al partido por valor de 125.000 euros.
En un escrito del pasado 10 de julio, el juez resumió así las imputaciones a la alto cargo de la formación: “Su actuación concreta se centra en la emisión de esas posibles mendaces notas de encargo, que supone una concreta y auxiliar intervención, constitutiva de un delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular, en relación con las actuaciones que se investigan y que la sitúa más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa”.
Con las comparecencias de este lunes, la Audiencia Nacional reactiva la ronda de declaraciones del caso Leire Díez tras el parón de agosto. Los interrogatorios continuarán este jueves con el turno de Leonardo Marcos, quien fuera director general de la Guardia Civil con el Gobierno de Pedro Sánchez (ocupó ese cargo de junio de 2023 a septiembre de 2024). Pedraz lo imputó el pasado julio, tras solicitarlo el PP, después de que un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste, denunciase “presiones” de sus superiores y asegurase que el entonces mando del instituto armado apuntó a que “se pusiera de perfil” en la investigación judicial sobre el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, recientemente condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz.
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