La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida por sus detractores como ley mordaza, se ha convertido en la eterna asignatura pendiente de todos los gobiernos de Pedro Sánchez. Siempre prometida, pero nunca alcanzada. Durante la legislatura a la que acaba de poner fin el adelanto electoral, el proyecto ha navegado en una marejada de discrepancias entre los partidos que apoyan cambiar la norma hasta desembocar en una zozobra que se vislumbraba desde hace meses. A pesar de que, en octubre de 2024, el proyecto pasó su primer trámite parlamentario, en los dos años transcurridos desde entonces no ha llegado a reunirse la ponencia ―grupo de parlamentarios que estudian los proyectos legislativos antes de su envío a comisión y, si es aprobado, a pleno― precisamente por las diferencias entre los partidos que debían sumar sus votos para sacar adelante la iniciativa: PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Podemos y Junts. Es la tercera vez que se frustra la reforma. En 2019, la causa fue la disolución anticipada de las Cortes. Y en 2023, el acuerdo sobre el texto entre socialistas, Unidas Podemos y los nacionalistas vascos fue rechazado por ERC, Junts, EH Bildu y BNG al considerarlo insuficiente.. Seguir leyendo
La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida por sus detractores como ley mordaza, se ha convertido en la eterna asignatura pendiente de todos los gobiernos de Pedro Sánchez. Siempre prometida, pero nunca alcanzada. Durante la legislatura a la que acaba de poner fin el adelanto electoral, el proyecto ha navegado en una marejada de discrepancias entre los partidos que apoyan cambiar la norma hasta desembocar en una zozobra que se vislumbraba desde hace meses. A pesar de que, en octubre de 2024, el proyecto pasó su primer trámite parlamentario, en los dos años transcurridos desde entonces no ha llegado a reunirse la ponencia ―grupo de parlamentarios que estudian los proyectos legislativos antes de su envío a comisión y, si es aprobado, a pleno― precisamente por las diferencias entre los partidos que debían sumar sus votos para sacar adelante la iniciativa: PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Podemos y Junts. Es la tercera vez que se frustra la reforma. En 2019, la causa fue la disolución anticipada de las Cortes. Y en 2023, el acuerdo sobre el texto entre socialistas, Unidas Podemos y los nacionalistas vascos fue rechazado por ERC, Junts, EH Bildu y BNG al considerarlo insuficiente.
Ahora han sido dos artículos de los cuatro que ya estaban entre los causantes del anterior intento fallido los que, según coinciden en señalar varias fuentes consultadas, han provocado el tercer fracaso. El primero es el que recoge las sanciones por faltas de respeto a los policías (artículo 37.4). El segundo, el que castiga como falta grave la desobediencia y resistencia a las órdenes de los agentes (artículo 36.6). En ambos, el PNV planteaba redefinir ambas infracciones para evitar interpretaciones arbitrarias, mientras que otros partidos, entre ellos su principal rival en Euskadi, EH Bildu, pedían suprimir el segundo y acotar en el primero los insultos a “expresiones relevantes” y abrir la posibilidad de eliminar la sanción si el infractor accedía a disculparse.
Sobre los otros dos artículos que en su momento hicieron naufragar anteriores intentos ―los referidos a la regulación del uso de material antidisturbios, sobre todo de las pelotas de goma, para hacer frente a altercados callejeros (artículo 23.4) y el que abordaba la devolución en caliente de inmigrantes irregulares en frontera (disposición transitoria)―, uno de los diputados que ha participado en las negociaciones asegura que ahora se habían acercado posiciones hasta vislumbrarse una redacción final que podía satisfacer a todas las partes. En los referidos a la desobediencia y las faltas de respeto a los policías, sin embargo, “era muy complicado [llegar a un acuerdo]”, admite. La norma aprobada por el PP en 2015 gracias a la mayoría absoluta que tenía entonces cumplió el pasado 1 de julio 11 años en vigor con numerosas críticas sobre su aplicación de organizaciones civiles y el Defensor del Pueblo.
La última negociación nació con la rémora, precisamente, del acuerdo fallido de 2023, cuando los partidos que sostenían entonces el Ejecutivo fueron incapaces de cerrar un texto consensuado tras haber pactado modificar 36 de los 54 artículos de la ley. La reforma se convirtió entonces en un objetivo para la legislatura que se inició tras las elecciones del 23 de julio de 2023 y que recibió un impulso poco más de un año más tarde, cuando las dos formaciones del Gobierno, PSOE y Sumar, y EH Bildu ―uno de los grupos que votó en contra del texto de la legislatura anterior― anunciaron un acuerdo al que se sumaron posteriormente ERC, PNV y BNG. Tras ello, el 29 de octubre de 2024, la reforma de la polémica ley pasó su primer trámite parlamentario, aunque ya entonces se vislumbró que el camino no estaba ni mucho menos despejado, puesto que Podemos y Junts, dos partidos cuyos votos eran imprescindibles para sacar adelante el proyecto, dejaron claro en sus intervenciones que su apoyo no estaba ni mucho menos garantizado.
Desde entonces, los pasos dados para llegar a un acuerdo se han limitado a lo que un parlamentario participante en la negociación califica de “contactos informales, de pasillo” a dos bandas y a un único encuentro multilateral, celebrado el 25 de junio de 2025 entre PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y PNV. Aquella reunión se saldó sin avances significativos, según reconocen participantes. Desde entonces, únicamente han existido esos “contactos”, casi siempre bilaterales y espaciados en el tiempo que, además, han estado condicionados en muchos casos por las rivalidades políticas. EH Bildu mantenía su tradicional buena sintonía con ERC y dialogaba con Podemos, pero no con el PNV; el PSOE lo intentaba con los nacionalistas vascos, con los que gobiernan en coalición en Euskadi; y Sumar, el más activo, lo hacía con casi todas las formaciones, salvo con Podemos.
El último intento de impulsar el proceso se produjo en febrero. La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se reunió en un despacho del Congreso con la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que recordó a su interlocutora que, una vez superada la mitad de la legislatura, seguía atascada la reforma de la ley mordaza a pesar del acuerdo firmado entre ambas formaciones en el otoño de 2024. Fuentes del Gobierno aseguraron entonces que la vicepresidenta tomó nota de la queja y la transmitió al grupo parlamentario socialista. A partir de ese momento parecieron reactivarse los contactos hasta que sufrieron un nuevo parón coincidiendo con las elecciones andaluzas del 17 de mayo en las que Montero era candidata.
Tras ese parón por el calendario electoral, los contactos se redujeron aún más, según los testimonios de varios diputados que participaban en ellos y que piden expresamente no ser identificados. “Con nuestro grupo nadie se ha puesto en contacto para abordar este tema desde aquellas elecciones”, afirma uno. “Si hubo reuniones, nosotros no estuvimos”, añade el representante de otro partido. “Desde antes del verano, no hemos tenido encuentros”, incide un tercero. “Hablamos, pero siempre de manera informal para ver si podíamos retomar, pero ahí nos quedamos”, admite un cuarto. Desde el PNV son más tajantes: “No ha habido conversaciones”.
Por el contrario, fuentes de Sumar ―el grupo más activo en estos años a través de su portavoz en la Comisión de Interior, Enrique Santiago― aseguran que ellos sí han mantenido contactos “hasta el último momento, con algunos [partidos] incluso a principios de este octubre”. Estas fuentes añaden que su grupo “se ha dedicado todo este tiempo a trabajar para lograr un acuerdo con todos los grupos progresistas y algunos que no lo son, ha dado explicaciones de sus propuestas en privado y en público, aunque muchas veces no fueran recogidas, y ahora tiene ya puesta la vista en el futuro”, en referencia al Congreso que surja de las elecciones del próximo 29 de noviembre. De hecho, anuncian que la reforma de la ley mordaza volverá a formar parte de sus propuestas de campaña. Sería el cuarto intento de superar esta asignatura pendiente del Gobierno.
