La empresa pública Móstoles Desarrollo ha dado marcha atrás con el contrato de catering que contemplaba desde sushi preparado en directo por un sushiman hasta jamón ibérico de bellota con cortador, además de menús premium y estaciones de quesos, ibéricos y dulces. La sociedad municipal retirará la licitación, cuyo valor máximo ascendía a 880.000 euros para cuatro años, y asegura que preparará un nuevo procedimiento que refleje con mayor precisión su gasto real en este tipo de servicios, situado en torno a los 20.000 euros anuales. La rectificación llega apenas ocho días después de que la empresa publicara los pliegos de la licitación en su plataforma de contratación.. Seguir leyendo
La empresa pública Móstoles Desarrollo ha dado marcha atrás con el contrato de catering que contemplaba desde sushi preparado en directo por un sushiman hasta jamón ibérico de bellota con cortador, además de menús premium y estaciones de quesos, ibéricos y dulces. La sociedad municipal retirará la licitación, cuyo valor máximo ascendía a 880.000 euros para cuatro años, y asegura que preparará un nuevo procedimiento que refleje con mayor precisión su gasto real en este tipo de servicios, situado en torno a los 20.000 euros anuales. La rectificación llega apenas ocho días después de que la empresa publicara los pliegos de la licitación en su plataforma de contratación.
La licitación llegaba a fijar un máximo de 800 euros, sin IVA, por la primera pieza de jamón de cada evento. Debía pesar unos ocho kilos, ser de bellota, tener al menos un 50% de raza ibérica y llevar precinto rojo. El servicio incluía un cortador especializado durante todo el acto. El sushi podía alcanzar los 17 euros por comensal y tenía que elaborarse in situ, con al menos cuatro variedades y tres tipologías diferentes. Los pliegos regulaban incluso la puesta en escena, con la posibilidad de incorporar iluminación, flores, cartelería y, para el sushi, decoración de inspiración japonesa.
Móstoles Desarrollo insiste en que la retirada no implica que haya decidido rebajar un desembolso que tuviera previsto realizar. “Esta decisión no supone una reducción del gasto previsto, porque nunca existió una previsión de gastar 200.000 euros anuales en catering”, sostiene la empresa en el comunicado difundido este lunes. Los 880.000 euros constituían únicamente el importe máximo disponible durante los cuatro años de vigencia del acuerdo: “Móstoles Desarrollo únicamente paga por los servicios que efectivamente solicita y recibe”. La sociedad cifra ahora su consumo real de los últimos ejercicios en una media de unos 20.000 euros anuales.
La empresa admite, sin embargo, que el diseño inicial puede ajustarse mejor a ese consumo. “La sociedad municipal considera, no obstante, que puede configurar el procedimiento de forma que exista una correspondencia más directa entre su dimensión contractual y la experiencia real de consumo”, señala el escrito que ha publicado la sociedad en su página web. De ahí la decisión de retirar el expediente en curso y plantear otro, cuyo nuevo importe máximo todavía no ha concretado.
La consejera delegada de Móstoles Desarrollo y tercera teniente de alcalde de la ciudad, Ángeles García, ha asumido la responsabilidad de la decisión. “Como responsable de Móstoles Desarrollo, asumo la responsabilidad de este procedimiento. Reformularemos el acuerdo marco para adecuarlo al gasto real de los últimos ejercicios”, afirma.
El contrato que ahora será retirado distribuía los 880.000 euros entre cuatro lotes: un máximo de 176.000 euros para desayunos y brunch durante cuatro años; 352.000 para aperitivos y cócteles; 220.000 para almuerzos y cenas; y 132.000 para estaciones gastronómicas. La empresa justificaba inicialmente el acuerdo por el “elevado número de actividades y eventos” promocionales, formativos e institucionales que organiza para ciudadanos, empresas y agentes sociales.
La retirada ha sido recibida por el PSOE de Móstoles como una confirmación de sus críticas. “Los hemos pillado”, sostiene Alejandro Martín, secretario general de los socialistas mostoleños. Martín rechaza la defensa de que la presencia de determinados servicios en los pliegos no implicase que fueran a contratarse: “Si yo no quiero jamón, vino de alta calidad y sushi, no lo añado a una licitación, no tiene ningún sentido”. El dirigente socialista recalca que su formación no cuestiona la utilización de un acuerdo marco como instrumento de contratación, sino el contenido que Móstoles Desarrollo había decidido incluir. “El problema no es el modelo de contrato, sino el desarrollo”, defiende.
La controversia coincide además con un momento delicado para las cuentas de la sociedad. EL PAÍS ha podido comprobar que Móstoles Desarrollo cerró 2025 con 224.704,71 euros de pérdidas, frente a los 18.068,39 euros de beneficio obtenidos un año antes. El resultado de explotación pasó de 32.467 euros positivos en 2024 a 185.199 euros negativos el pasado ejercicio, según las cuentas anuales de la empresa, rechazadas en junio por toda la oposición.
El Ayuntamiento, por su parte, marca distancias con el procedimiento. Fuentes municipales recalcan que “el Ayuntamiento no es el órgano competente en este sentido porque Móstoles Desarrollo es un organismo autónomo, tiene sus propios presupuestos y, por tanto, tiene sus propios procesos de contratación acordes a ese presupuesto”. Las cuentas de la sociedad señalan que Móstoles Desarrollo es medio propio y servicio técnico del Consistorio y que los encargos procedentes del Ayuntamiento representan más del 80% de sus actividades.
Martín replica que esa autonomía no exime a la empresa, a su juicio, de responder por el uso de los fondos. “Es una empresa autónoma con dinero público, no tiene capital privado. El dinero es 100% de los mostoleños y tendrán que dar cuentas de lo que hacen”, afirma.
Móstoles Desarrollo también ha aprovechado el anuncio para cargar contra los socialistas. La empresa defiende que recurrió al acuerdo marco precisamente para “reducir el recurso a contratos menores sucesivos” y sustituirlos por procedimientos “abiertos, competitivos y con precios previamente fijados”.
Frente a este modelo, sostiene que durante el anteriores gobiernos socialistas se recurrió de forma reiterada a contratos menores y afirma que prácticas de contratación de aquella etapa y posibles fraccionamientos han llegado a ser objeto de investigación judicial. La sociedad acusa al PSOE de mostrar “un preocupante desconocimiento de la gestión municipal o, peor aún, un intento deliberado de seguir confundiendo a los vecinos”. El secretario general del PSOE de Móstoles responde que “los contratos que se han hecho entre 2019 y 2023 han sido legales” y emplaza al Gobierno a acudir a los tribunales si considera que alguno no lo fue.
