El envejecimiento de la población española es una realidad. Uno de los principales desafíos es demográfico: el número de personas en edad de jubilación no deja de crecer, mientras que la población activa aumenta a un ritmo mucho menor. Esta tendencia presiona los ingresos de la Seguridad Social. Actualmente, el 20% de la población tiene más de 65 años y alrededor de tres millones de personas superan los 80.. Además, más de un millón de personas reciben algún tipo de prestación o servicio por dependencia y necesitan cuidados de larga duración. Esta realidad está transformando poco a poco la organización económica, laboral y personal de las familias.. Siete de cada diez personas en situación de dependencia superan los 80 años y la mitad tiene 86 o más. Desde 2016, también se ha duplicado el número de hogares con alguna persona mayor de 65 años que recibe una prestación económica por dependencia. Así lo recoge el estudio «El impacto de la dependencia en la salud financiera de los hogares», elaborado por Fundación Caser, que vincula esta evolución al envejecimiento de la población y a la expansión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).. Casi 30.000 euros menos de patrimonio. Los hogares con una persona en situación de dependencia tienen, de media, un 12% menos de patrimonio neto que otros hogares comparables: cerca de 28.000 euros menos. También disponen de menos ingresos. En 2023, los salarios representaban menos del 10% de su renta bruta disponible, frente al 15% en los hogares sin dependencia; los rendimientos del capital, los alquileres y las ganancias patrimoniales suponían un 13%, frente al 23%.. Las prestaciones económicas ayudan a reducir esta brecha y a sostener a los hogares más vulnerables, aunque su importe medio cayó en términos reales de 4.600 euros en 2016 a 3.300 euros en 2023. Además, los gastos en sanidad, cuidados y asistencia comprometen una parte importante de los ingresos: entre los hogares de personas de 86 años o más, la brecha de renta alcanza los 8,8 puntos porcentuales al descontarlos.. La dependencia eleva el gasto y la presión sobre los cuidados. A cierre de 2025, el SAAD había recibido 2,3 millones de solicitudes y reconocido prestaciones a 1,8 millones de personas. De ellas, 1,7 millones contaban con un Programa Individual de Atención (PIA). Entre 2016 y 2024, el gasto asociado a la Ley de Dependencia aumentó en 5.597 millones de euros, un 76,6%.. Pese al crecimiento, España destina menos del 1% del PIB a los cuidados de larga duración, por debajo de la media europea. La AIReF estima que el gasto podría llegar al 1,8% en 2070. Fundación Caser plantea ampliar la cobertura y profesionalizar los cuidados con financiación sostenible y una mejor coordinación entre los servicios públicos, profesionales y familiares.. Esta coordinación será cada vez más necesaria: en 2050, casi una de cada tres personas residentes en España tendrá más de 65 años. La tasa de dependencia podría alcanzar las 75 personas por cada 100 en edad de trabajar, frente a las 53 actuales, lo que aumentará la demanda de apoyos y la presión sobre los recursos públicos y familiares.. El cuidado de las personas mayores recae sobre las mujeres. El cuidado de una persona mayor en situación de dependencia no solo afecta al bolsillo de las familias, sino que también exige reorganizar el tiempo y las responsabilidades familiares. A cierre de 2025, el 72% de los cuidadores no profesionales registrados eran mujeres, y casi la mitad tenía entre 50 y 66 años. Muchas forman parte de la llamada generación sándwich, que compagina el empleo con el cuidado de familiares.. El impacto también se nota en el trabajo: más de 30.000 personas tienen jornada parcial para atender a otras, más del doble que en 2005. Además, como los hogares son cada vez más pequeños —han pasado de una media de 3,8 personas en 1970 a 2,5 en 2021—, hay menos apoyo familiar disponible y crece la necesidad de servicios profesionales y de respiro.. «Una sociedad más longeva también nos invita a avanzar hacia una cultura del cuidado más preparada y compartida. Tenemos la oportunidad de integrar los cuidados como una parte natural de nuestra planificación vital y familiar, y de seguir construyendo respuestas que permitan vivir esta etapa con seguridad, bienestar y confianza», concluye Juan Sitges, director de Fundación Caser.
El envejecimiento de la población española es una realidad. Uno de los principales desafíos es demográfico: el número de personas en edad de jubilación no deja de crecer, mientras que la población activa aumenta a un ritmo mucho menor. Esta tendencia presiona los ingresos de la Seguridad Social. Actualmente, el 20% de la población tiene más de 65 años y alrededor de tres millones de personas superan los 80.. Además, más de un millón de personas reciben algún tipo de prestación o servicio por dependencia y necesitan cuidados de larga duración. Esta realidad está transformando poco a poco la organización económica, laboral y personal de las familias.. Siete de cada diez personas en situación de dependencia superan los 80 años y la mitad tiene 86 o más. Desde 2016, también se ha duplicado el número de hogares con alguna persona mayor de 65 años que recibe una prestación económica por dependencia. Así lo recoge el estudio «El impacto de la dependencia en la salud financiera de los hogares», elaborado por Fundación Caser, que vincula esta evolución al envejecimiento de la población y a la expansión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).. Casi 30.000 euros menos de patrimonio. Los hogares con una persona en situación de dependencia tienen, de media, un 12% menos de patrimonio neto que otros hogares comparables: cerca de 28.000 euros menos. También disponen de menos ingresos. En 2023, los salarios representaban menos del 10% de su renta bruta disponible, frente al 15% en los hogares sin dependencia; los rendimientos del capital, los alquileres y las ganancias patrimoniales suponían un 13%, frente al 23%.. Las prestaciones económicas ayudan a reducir esta brecha y a sostener a los hogares más vulnerables, aunque su importe medio cayó en términos reales de 4.600 euros en 2016 a 3.300 euros en 2023. Además, los gastos en sanidad, cuidados y asistencia comprometen una parte importante de los ingresos: entre los hogares de personas de 86 años o más, la brecha de renta alcanza los 8,8 puntos porcentuales al descontarlos.. La dependencia eleva el gasto y la presión sobre los cuidados. A cierre de 2025, el SAAD había recibido 2,3 millones de solicitudes y reconocido prestaciones a 1,8 millones de personas. De ellas, 1,7 millones contaban con un Programa Individual de Atención (PIA). Entre 2016 y 2024, el gasto asociado a la Ley de Dependencia aumentó en 5.597 millones de euros, un 76,6%.. Pese al crecimiento, España destina menos del 1% del PIB a los cuidados de larga duración, por debajo de la media europea. La AIReF estima que el gasto podría llegar al 1,8% en 2070. Fundación Caser plantea ampliar la cobertura y profesionalizar los cuidados con financiación sostenible y una mejor coordinación entre los servicios públicos, profesionales y familiares.. Esta coordinación será cada vez más necesaria: en 2050, casi una de cada tres personas residentes en España tendrá más de 65 años. La tasa de dependencia podría alcanzar las 75 personas por cada 100 en edad de trabajar, frente a las 53 actuales, lo que aumentará la demanda de apoyos y la presión sobre los recursos públicos y familiares.. El cuidado de las personas mayores recae sobre las mujeres. El cuidado de una persona mayor en situación de dependencia no solo afecta al bolsillo de las familias, sino que también exige reorganizar el tiempo y las responsabilidades familiares. A cierre de 2025, el 72% de los cuidadores no profesionales registrados eran mujeres, y casi la mitad tenía entre 50 y 66 años. Muchas forman parte de la llamada generación sándwich, que compagina el empleo con el cuidado de familiares.. El impacto también se nota en el trabajo: más de 30.000 personas tienen jornada parcial para atender a otras, más del doble que en 2005. Además, como los hogares son cada vez más pequeños —han pasado de una media de 3,8 personas en 1970 a 2,5 en 2021—, hay menos apoyo familiar disponible y crece la necesidad de servicios profesionales y de respiro.. «Una sociedad más longeva también nos invita a avanzar hacia una cultura del cuidado más preparada y compartida. Tenemos la oportunidad de integrar los cuidados como una parte natural de nuestra planificación vital y familiar, y de seguir construyendo respuestas que permitan vivir esta etapa con seguridad, bienestar y confianza», concluye Juan Sitges, director de Fundación Caser.
