La campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, concluyó hace meses y ha dejado atrás semanas de trámites para millones de contribuyentes. Desde el 8 de abril hasta el 30 de junio, los ciudadanos pudieron presentar sus declaraciones, tanto si el resultado era a ingresar como a devolver. Para muchos, el resultado favorable suponía la posibilidad de recuperar una cantidad de dinero que podía venir especialmente bien para afrontar los gastos cotidianos, ahorrar o hacer frente a otros pagos pendientes.. Sin embargo, haber presentado la declaración y tener derecho a una devolución no significa que el ingreso vaya a llegar inmediatamente. La Agencia Tributaria dispone de un plazo máximo de seis meses desde el final de la campaña para efectuar las devoluciones o iniciar las comprobaciones correspondientes. Esto significa que, para quienes presentaron su declaración dentro del periodo ordinario, Hacienda tiene hasta el 30 de diciembre de 2026 para ordenar el pago.. Si supera ese plazo por una causa imputable a la Administración, deberá abonar intereses de demora sin que el contribuyente tenga que reclamarlos. Mientras tanto, una devolución pendiente no siempre responde a un retraso administrativo, ya que también puede deberse a una revisión de los datos fiscales o a la necesidad de solicitar documentación adicional. Precisamente sobre estas comprobaciones ha advertido Daniel, experto en IRPF y conocido en redes sociales como @taxingplanner por sus publicaciones divulgativas sobre materia fiscal.. En uno de sus últimos vídeos explica que Hacienda está enviando dos tipos de comunicaciones a contribuyentes que todavía esperan el ingreso de su declaración. Se trata de los requerimientos de información y las liquidaciones provisionales, conocidas popularmente como declaraciones paralelas. Aunque ambas pueden afectar a una devolución pendiente, tienen una finalidad diferente y requieren una respuesta distinta por parte del ciudadano.. Un experto fiscal analiza este caso con Hacienda. Según explica el especialista, la primera posibilidad es recibir un requerimiento. En este caso, Hacienda solicita al contribuyente una serie de datos o documentos que necesita para comprobar si la declaración presentada se ajusta a la realidad fiscal. Es decir, la Administración detecta que necesita aclarar algún aspecto antes de autorizar la devolución o continuar con su tramitación.. Ante esta comunicación, el ciudadano debe aportar la información solicitada dentro del plazo indicado, que, según señala Daniel, es de 10 días hábiles. Por eso, resulta fundamental revisar el contenido de la notificación y no dejar pasar el tiempo, ya que ignorar el requerimiento puede tener consecuencias en el procedimiento.. La liquidación provisional que propone la Agencia Tributaria. La segunda posibilidad es recibir una liquidación provisional, también conocida como paralela. En este supuesto, Hacienda considera que existen discrepancias entre los datos que ha declarado el contribuyente y la información que figura en sus propios registros. Ante esta situación, la Agencia Tributaria elabora una propuesta de liquidación utilizando los datos que considera correctos, lo que puede modificar el resultado de la declaración e incluso reducir la cantidad que inicialmente correspondía devolver. No obstante, recibir una paralela no significa que el contribuyente tenga que aceptar automáticamente el cálculo de Hacienda.. Así es como el contribuyente puede reclamar. Como explica Daniel, si el ciudadano considera que la Administración se equivoca, puede presentar unas alegaciones para defender su declaración. Para ello, debe aportar la documentación que respalde su postura y una explicación detallada que justifique por qué no está de acuerdo con la propuesta de Hacienda. De esta manera, la Agencia Tributaria podrá estudiar los argumentos antes de adoptar una resolución. Por tanto, quienes todavía esperan una devolución deben prestar atención a las notificaciones recibidas, consultar el estado de su expediente y actuar dentro de los plazos establecidos para evitar que una comunicación administrativa termine convirtiéndose en un problema fiscal.
La campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, concluyó hace meses y ha dejado atrás semanas de trámites para millones de contribuyentes. Desde el 8 de abril hasta el 30 de junio, los ciudadanos pudieron presentar sus declaraciones, tanto si el resultado era a ingresar como a devolver. Para muchos, el resultado favorable suponía la posibilidad de recuperar una cantidad de dinero que podía venir especialmente bien para afrontar los gastos cotidianos, ahorrar o hacer frente a otros pagos pendientes.. Sin embargo, haber presentado la declaración y tener derecho a una devolución no significa que el ingreso vaya a llegar inmediatamente. La Agencia Tributaria dispone de un plazo máximo de seis meses desde el final de la campaña para efectuar las devoluciones o iniciar las comprobaciones correspondientes. Esto significa que, para quienes presentaron su declaración dentro del periodo ordinario, Hacienda tiene hasta el 30 de diciembre de 2026 para ordenar el pago.. Si supera ese plazo por una causa imputable a la Administración, deberá abonar intereses de demora sin que el contribuyente tenga que reclamarlos. Mientras tanto, una devolución pendiente no siempre responde a un retraso administrativo, ya que también puede deberse a una revisión de los datos fiscales o a la necesidad de solicitar documentación adicional. Precisamente sobre estas comprobaciones ha advertido Daniel, experto en IRPF y conocido en redes sociales como @taxingplanner por sus publicaciones divulgativas sobre materia fiscal.. En uno de sus últimos vídeos explica que Hacienda está enviando dos tipos de comunicaciones a contribuyentes que todavía esperan el ingreso de su declaración. Se trata de los requerimientos de información y las liquidaciones provisionales, conocidas popularmente como declaraciones paralelas. Aunque ambas pueden afectar a una devolución pendiente, tienen una finalidad diferente y requieren una respuesta distinta por parte del ciudadano.. Un experto fiscal analiza este caso con Hacienda. Según explica el especialista, la primera posibilidad es recibir un requerimiento. En este caso, Hacienda solicita al contribuyente una serie de datos o documentos que necesita para comprobar si la declaración presentada se ajusta a la realidad fiscal. Es decir, la Administración detecta que necesita aclarar algún aspecto antes de autorizar la devolución o continuar con su tramitación.. Ante esta comunicación, el ciudadano debe aportar la información solicitada dentro del plazo indicado, que, según señala Daniel, es de 10 días hábiles. Por eso, resulta fundamental revisar el contenido de la notificación y no dejar pasar el tiempo, ya que ignorar el requerimiento puede tener consecuencias en el procedimiento.. La liquidación provisional que propone la Agencia Tributaria. La segunda posibilidad es recibir una liquidación provisional, también conocida como paralela. En este supuesto, Hacienda considera que existen discrepancias entre los datos que ha declarado el contribuyente y la información que figura en sus propios registros. Ante esta situación, la Agencia Tributaria elabora una propuesta de liquidación utilizando los datos que considera correctos, lo que puede modificar el resultado de la declaración e incluso reducir la cantidad que inicialmente correspondía devolver. No obstante, recibir una paralela no significa que el contribuyente tenga que aceptar automáticamente el cálculo de Hacienda.. Así es como el contribuyente puede reclamar. Como explica Daniel, si el ciudadano considera que la Administración se equivoca, puede presentar unas alegaciones para defender su declaración. Para ello, debe aportar la documentación que respalde su postura y una explicación detallada que justifique por qué no está de acuerdo con la propuesta de Hacienda. De esta manera, la Agencia Tributaria podrá estudiar los argumentos antes de adoptar una resolución. Por tanto, quienes todavía esperan una devolución deben prestar atención a las notificaciones recibidas, consultar el estado de su expediente y actuar dentro de los plazos establecidos para evitar que una comunicación administrativa termine convirtiéndose en un problema fiscal.