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  Economía  La Administración Pública duplica el plazo legal para pagar contratos y ya tarda más que las empresas privadas
Economía

La Administración Pública duplica el plazo legal para pagar contratos y ya tarda más que las empresas privadas

16 de abril de 2026
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La Administración Pública es la que más se retrasa con el pago de sus contratos y llega a duplicar el plazo establecido por ley para abonar sus deudas. Según el Informe sobre Morosidad, presentado este jueves por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, esta situación se agrava en los Ayuntamientos, pues un 55% de ellos se tarda más de lo debido en sus pagos. Por otra parte, el 26% de las Administraciones Regionales y el 19% de las organizaciones de la Administración Central incumplen los plazos.. Por ello, desde PMcM piden una actuación urgente en la materia. El Gobierno de España ya ha planteado, gracias a la petición de Europa, el plan de pago para proveedores que será obligatorio para los Ayuntamientos y susceptible a sanción en caso de incumplimiento.. También la mayoría de las grandes compañías españolas, un 85%, no cumple con los plazos de pago establecidos en sus operaciones. Esto no ocurre con las pymes, cuyo ratio de morosidad es mucho menor, por lo que se puede determinar que los pagos de las pequeñas empresas ayudan a financiar a las de mayor tamaño.. El ratio de impagos ha caído en 2025. El último año se situó en un 3,3, frente al 5,2 del anterior ejercicio. Aun así, según explica Antoni Cañete, presidente de Pimec y la PMcM, todavía nos encontramos lejos del 2,5 en el que se registra el ideal. En cambio, hemos conseguido alejarnos del 4,5 que supone un problema estructural en la economía.. En términos generales, las empresas consideran que sus ventas han aumentado respecto al 2024, concretamente un 61% de las encuestadas. Un 20% ha registrado menos ventas, cifra que se reduce frente al 27% del ejercicio anterior. En el porcentaje restante se encuentran los que consideran que no ha habido variación.. El plazo de pago del sector público aumentó en tres días en 2025 hasta situarse en las 70 jornadas de media, mientras que en el sector privado creció de la misma manera, pero hasta los 67 días.. Según el tamaño de las empresas, el 67% de los clientes de grandes empresas tardan más en pagar. Cuando el tamaño se reduce, el porcentaje cae en picado, solo un 20% de las pymes se retrasa y un 13% de los autónomos. Las pequeñas empresas se encuentran pagando en plazos incluso menores a los 60 días. «Tenemos un problema de dimensión y de aportación de valor a la economía», asegura Cañete.. En caso de impago, un 94% de las empresas no reclama la indemnización de 40 euros establecida por ley. De todas formas, un 91% de las empresas sí considera necesaria la implementación de un régimen sancionador en la materia.. En caso de falta de liquidez por morosidad, un 71% de las empresas considera que recurriría a la financiación por otros medios, mientras que solo el 19% cree que se verían empujados a ampliar sus propios plazos de pago.. Además, el 60% de las empresas tiene contratos vigentes en los que se establece un plazo de pago superior a los 60 días, un acuerdo que no cumple la ley vigente. Además, un 67% de los pactos no cuentan con cláusulas demasiado demandantes para los clientes.

 

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La Administración Pública es la que más se retrasa con el pago de sus contratos y llega a duplicar el plazo establecido por ley para abonar sus deudas. Según el Informe sobre Morosidad, presentado este jueves por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, esta situación se agrava en los Ayuntamientos, pues un 55% de ellos se tarda más de lo debido en sus pagos. Por otra parte, el 26% de las Administraciones Regionales y el 19% de las organizaciones de la Administración Central incumplen los plazos.. Por ello, desde PMcM piden una actuación urgente en la materia. El Gobierno de España ya ha planteado, gracias a la petición de Europa, el plan de pago para proveedores que será obligatorio para los Ayuntamientos y susceptible a sanción en caso de incumplimiento.. También la mayoría de las grandes compañías españolas, un 85%, no cumple con los plazos de pago establecidos en sus operaciones. Esto no ocurre con las pymes, cuyo ratio de morosidad es mucho menor, por lo que se puede determinar que los pagos de las pequeñas empresas ayudan a financiar a las de mayor tamaño.. El ratio de impagos ha caído en 2025. El último año se situó en un 3,3, frente al 5,2 del anterior ejercicio. Aun así, según explica Antoni Cañete, presidente de Pimec y la PMcM, todavía nos encontramos lejos del 2,5 en el que se registra el ideal. En cambio, hemos conseguido alejarnos del 4,5 que supone un problema estructural en la economía.. En términos generales, las empresas consideran que sus ventas han aumentado respecto al 2024, concretamente un 61% de las encuestadas. Un 20% ha registrado menos ventas, cifra que se reduce frente al 27% del ejercicio anterior. En el porcentaje restante se encuentran los que consideran que no ha habido variación.. El plazo de pago del sector público aumentó en tres días en 2025 hasta situarse en las 70 jornadas de media, mientras que en el sector privado creció de la misma manera, pero hasta los 67 días.. Según el tamaño de las empresas, el 67% de los clientes de grandes empresas tardan más en pagar. Cuando el tamaño se reduce, el porcentaje cae en picado, solo un 20% de las pymes se retrasa y un 13% de los autónomos. Las pequeñas empresas se encuentran pagando en plazos incluso menores a los 60 días. «Tenemos un problema de dimensión y de aportación de valor a la economía», asegura Cañete.. En caso de impago, un 94% de las empresas no reclama la indemnización de 40 euros establecida por ley. De todas formas, un 91% de las empresas sí considera necesaria la implementación de un régimen sancionador en la materia.. En caso de falta de liquidez por morosidad, un 71% de las empresas considera que recurriría a la financiación por otros medios, mientras que solo el 19% cree que se verían empujados a ampliar sus propios plazos de pago.. Además, el 60% de las empresas tiene contratos vigentes en los que se establece un plazo de pago superior a los 60 días, un acuerdo que no cumple la ley vigente. Además, un 67% de los pactos no cuentan con cláusulas demasiado demandantes para los clientes.

 

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