El problema de la vivienda ha cobrado una relevancia enorme en las últimas semanas en España después de que el desahucio de la octogenaria Maricarmen haya actuado como detonante de una oleada de movilizaciones para mostrar el malestar de la sociedad por la incapacidad del Gobierno para resolver una crisis que ha desembocado en un adelanto electoral después de que el Congreso tumbase dos decretos urgentes aprobados a la desesperada por el Ejecutivo en respuesta a ese creciente descontento social.. Las medidas recogidas en los decretos, parte de las cuales entraron finalmente en vigor tras volver a publicarse en el BOE a través de un nueva nueva norma, ponen sobre todo el acento en la intervención del mercado, si bien algunas inciden en la oferta. Pero como denuncian los gestores administrativos, la crisis de la vivienda en España no responde a una única causa ni puede resolverse mediante una única medida. Según aseguran, cualquier propuesta orientada a mejorar el acceso a la vivienda «deberá partir de una visión integral, capaz de coordinar políticas urbanísticas, económicas, financieras, fiscales, sociales e institucionales», según recoge su «Informe sobre la vivienda. Política integral para un problema social», que advierte de que resolver este problema llevará décadas y requerirá de un fuerte compromiso institucional.. El trabajo, presentado hoy por Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, no pretende según los gestores erigirse en «la solución» al problema de la vivienda en España. Más bien, añaden, es «una hoja de ruta a veinte años para construir un nuevo sistema residencial: un conjunto de 30 medidas que combinan producción, suelo, gobernanza, modernización administrativa y confianza en el mercado del alquiler, con la convicción de que ninguna de ellas por separado resuelve el problema, pero su aplicación sostenida en el tiempo sí puede transformar la capacidad del país para responder a él» sin que se recurra, como ha lamentado Santiago Ollero, a cargar el coste del problema a los propietarios particulares.. «Esto no es un problema de cuatro años. Es un problema de Estado, que viene de 70 años y que si no se trabaja con medidas a 20 o 30 años, no va a tener solución. Esto requiere de un pacto de Estado sabiendo que no se puede sacar rédito al tema de la vivienda», ha recalcado del presidente de los gestores.. Para este colectivo, el principal reto del sistema residencial español no consiste únicamente en corregir los efectos derivados de la escasez de vivienda, sino en «recuperar la capacidad estructural necesaria para responder de manera estable a las necesidades de la sociedad». Desde esta perspectiva, asegura que la primera prioridad estratégica debe orientarse a «incrementar la capacidad de producción del conjunto del sistema, entendida no como un objetivo cuantitativo aislado, sino como la consolidación de un modelo capaz de generar vivienda suficiente allí donde resulta necesaria y en el momento en que la demanda lo requiere».. Este planteamiento, según los gestores, obliga a entender la producción de vivienda como una «cadena de valor» compleja en la que deben integrase la planificación territorial, la transformación del suelo, la obtención de autorizaciones administrativas, la financiación de los proyectos, la actividad empresarial, la disponibilidad de profesionales cualificados, la innovación tecnológica y la comercialización final.. Todo, añaden, con el fin de lograr un sistema que sea capaz de adaptar su oferta a la demanda. Algo, advierten, que requiere de medidas continuistas en el tiempo que sólo se pueden lograr con compromiso institucional durante décadas.. Medidas. Para alcanzar este objetivo, los gestores consideran que resulta «imprescindible» actuar simultáneamente sobre todos los factores que condicionan la capacidad productiva.. Entre las medidas que los gestores proponen como cruciales para lograrlo destacan elaborar un Programa Nacional de Producción Residencial, priorizando las seis provincias que concentran el 52,5% del déficit, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga; movilizar el patrimonio público de suelo o simplificar y revisar los procedimientos administrativos, fijando plazos máximos para cada fase de planeamiento urbanístico o sustituyendo la tramitación secuencial de informes sectoriales por procedimientos con plazos máximos vinculantes.. Para movilizar suelo, el análisis insta a elaborar un Inventario Nacional de Suelo Disponible a partir de una diferenciación muy sencilla: todo aquel suelo que no esté protegido ni tenga calificación de superficie cultivable, automáticamente es susceptible de ser urbanizado. Además, propone agilizar los procesos de transformación urbanística, hoy superiores a ocho años de media, diversificar las modalidades de acceso a la vivienda, incluyendo cooperativas en cesión de uso y consolidar un marco estable de colaboración público-privada.. Para mejorar el mercado del alquiler, su plan defiende crear un sistema público-privado de garantía frente al impago en el alquiler de vivienda habitual con una prima compartida por administración y propietario, establecer una compensación automática al pequeño propietario cuando se suspenda un desahucio por una situación de vulnerabilidad y regular el alquiler de temporada exigiendo causa objetiva y acreditable en aquellos lugares donde las limitaciones de superficie son insalvables.
El problema de la vivienda ha cobrado una relevancia enorme en las últimas semanas en España después de que el desahucio de la octogenaria Maricarmen haya actuado como detonante de una oleada de movilizaciones para mostrar el malestar de la sociedad por la incapacidad del Gobierno para resolver una crisis que ha desembocado en un adelanto electoral después de que el Congreso tumbase dos decretos urgentes aprobados a la desesperada por el Ejecutivo en respuesta a ese creciente descontento social.. Las medidas recogidas en los decretos, parte de las cuales entraron finalmente en vigor tras volver a publicarse en el BOE a través de un nueva nueva norma, ponen sobre todo el acento en la intervención del mercado, si bien algunas inciden en la oferta. Pero como denuncian los gestores administrativos, la crisis de la vivienda en España no responde a una única causa ni puede resolverse mediante una única medida. Según aseguran, cualquier propuesta orientada a mejorar el acceso a la vivienda «deberá partir de una visión integral, capaz de coordinar políticas urbanísticas, económicas, financieras, fiscales, sociales e institucionales», según recoge su «Informe sobre la vivienda. Política integral para un problema social», que advierte de que resolver este problema llevará décadas y requerirá de un fuerte compromiso institucional.. El trabajo, presentado hoy por Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, no pretende según los gestores erigirse en «la solución» al problema de la vivienda en España. Más bien, añaden, es «una hoja de ruta a veinte años para construir un nuevo sistema residencial: un conjunto de 30 medidas que combinan producción, suelo, gobernanza, modernización administrativa y confianza en el mercado del alquiler, con la convicción de que ninguna de ellas por separado resuelve el problema, pero su aplicación sostenida en el tiempo sí puede transformar la capacidad del país para responder a él» sin que se recurra, como ha lamentado Santiago Ollero, a cargar el coste del problema a los propietarios particulares.. «Esto no es un problema de cuatro años. Es un problema de Estado, que viene de 70 años y que si no se trabaja con medidas a 20 o 30 años, no va a tener solución. Esto requiere de un pacto de Estado sabiendo que no se puede sacar rédito al tema de la vivienda», ha recalcado del presidente de los gestores.. Para este colectivo, el principal reto del sistema residencial español no consiste únicamente en corregir los efectos derivados de la escasez de vivienda, sino en «recuperar la capacidad estructural necesaria para responder de manera estable a las necesidades de la sociedad». Desde esta perspectiva, asegura que la primera prioridad estratégica debe orientarse a «incrementar la capacidad de producción del conjunto del sistema, entendida no como un objetivo cuantitativo aislado, sino como la consolidación de un modelo capaz de generar vivienda suficiente allí donde resulta necesaria y en el momento en que la demanda lo requiere».. Este planteamiento, según los gestores, obliga a entender la producción de vivienda como una «cadena de valor» compleja en la que deben integrase la planificación territorial, la transformación del suelo, la obtención de autorizaciones administrativas, la financiación de los proyectos, la actividad empresarial, la disponibilidad de profesionales cualificados, la innovación tecnológica y la comercialización final.. Todo, añaden, con el fin de lograr un sistema que sea capaz de adaptar su oferta a la demanda. Algo, advierten, que requiere de medidas continuistas en el tiempo que sólo se pueden lograr con compromiso institucional durante décadas.. Para alcanzar este objetivo, los gestores consideran que resulta «imprescindible» actuar simultáneamente sobre todos los factores que condicionan la capacidad productiva.. Entre las medidas que los gestores proponen como cruciales para lograrlo destacan elaborar un Programa Nacional de Producción Residencial, priorizando las seis provincias que concentran el 52,5% del déficit, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga; movilizar el patrimonio público de suelo o simplificar y revisar los procedimientos administrativos, fijando plazos máximos para cada fase de planeamiento urbanístico o sustituyendo la tramitación secuencial de informes sectoriales por procedimientos con plazos máximos vinculantes.. Para movilizar suelo, el análisis insta a elaborar un Inventario Nacional de Suelo Disponible a partir de una diferenciación muy sencilla: todo aquel suelo que no esté protegido ni tenga calificación de superficie cultivable, automáticamente es susceptible de ser urbanizado. Además, propone agilizar los procesos de transformación urbanística, hoy superiores a ocho años de media, diversificar las modalidades de acceso a la vivienda, incluyendo cooperativas en cesión de uso y consolidar un marco estable de colaboración público-privada.. Para mejorar el mercado del alquiler, su plan defiende crear un sistema público-privado de garantía frente al impago en el alquiler de vivienda habitual con una prima compartida por administración y propietario, establecer una compensación automática al pequeño propietario cuando se suspenda un desahucio por una situación de vulnerabilidad y regular el alquiler de temporada exigiendo causa objetiva y acreditable en aquellos lugares donde las limitaciones de superficie son insalvables.
