España es uno de los países europeos con mayores restricciones a la libertad de los propietarios para alquilar sus viviendas. Así lo refleja el Índice Europeo de Libertad de Arrendamiento (IELA) 2026, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib), que sitúa al país en la penúltima posición de una clasificación de 27 Estados europeos, únicamente por delante de Francia.
Con una puntuación de 42,03 sobre 100, España aparece en el puesto 26, muy lejos de Polonia, que lidera el ranking con 80,08 puntos, y de Grecia, que ocupa la segunda posición con 79,76. Francia cierra la tabla con apenas 25,61 puntos, mientras que Dinamarca (43,69), Italia (44,38) y Alemania (47,49) completan el grupo de los cinco países peor valorados.
El informe, que analiza 26 Estados miembros de la Unión Europea y el Reino Unido, evalúa las condiciones regulatorias y fiscales que afectan a los propietarios de viviendas en alquiler. Para ello, considera cinco dimensiones con idéntico peso en la puntuación final: la libertad para fijar las rentas, la posibilidad de resolver los contratos y recuperar los inmuebles, la libertad contractual, las restricciones al alquiler turístico y de corta duración y la fiscalidad recurrente sobre la propiedad inmobiliaria.
Las mayores debilidades de España
Las mayores debilidades de España se concentran en dos de los cinco indicadores analizados. El país obtiene cero puntos en libertad de terminación de los contratos y recuperación de las viviendas, así como en la regulación del alquiler turístico y de corta duración. Estas dos dimensiones lastran especialmente su posición, pese a que obtiene resultados más favorables en otros ámbitos. En concreto, España consigue 15,91 puntos sobre 20 en libertad de fijación de rentas, 12,62 en libertad contractual y 13,50 en fiscalidad recurrente de los inmuebles.
La fundación considera que las dificultades para recuperar una vivienda arrendada, las limitaciones contractuales y las restricciones sobre determinadas modalidades de alquiler reducen el margen de decisión de los propietarios y pueden desincentivar la incorporación de inmuebles al mercado residencial.
El contraste con otros países resulta significativo. Grecia, que también cuenta con un importante sector turístico, ocupa la segunda posición del índice, mientras que Portugal se sitúa en el puesto 17 e Italia en el 24. Estas diferencias ponen de manifiesto la diversidad de modelos regulatorios existentes incluso entre países con características geográficas y económicas similares.
El informe también revela importantes diferencias dentro de Europa occidental. Alemania figura en el puesto 23, Italia en el 24, Dinamarca en el 25 y España en el 26. Por su parte, el Reino Unido se sitúa en la vigésima posición, con 52,96 puntos, penalizado especialmente por el indicador de fiscalidad inmobiliaria.
A partir de estos resultados, Fundalib cuestiona el impacto de las políticas restrictivas sobre la oferta de viviendas en alquiler y reclama una revisión del marco regulatorio español. El secretario general de la fundación y coautor del informe, Juan Pina, considera que existe una relación entre las restricciones al arrendamiento y las dificultades de acceso a la vivienda. En este sentido, sostiene que «no es de extrañar que la crisis de la vivienda tenga su máxima expresión en los dos países europeos con menor libertad de arrendamiento: Francia y España».
Pina defiende un cambio de política que favorezca la construcción de viviendas, reduzca las trabas a su transmisión y proporcione mayor seguridad jurídica y flexibilidad a los propietarios. A su juicio, las medidas intervencionistas pueden contribuir a reducir la oferta disponible y dificultar el acceso de los inquilinos al mercado.
España es uno de los países europeos con mayores restricciones a la libertad de los propietarios para alquilar sus viviendas. Así lo refleja el Índice Europeo de Libertad de Arrendamiento (IELA) 2026, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib), que sitúa al país en la penúltima posición de una clasificación de 27 Estados europeos, únicamente por delante de Francia.
Con una puntuación de 42,03 sobre 100, España aparece en el puesto 26, muy lejos de Polonia, que lidera el ranking con 80,08 puntos, y de Grecia, que ocupa la segunda posición con 79,76. Francia cierra la tabla con apenas 25,61 puntos, mientras que Dinamarca (43,69), Italia (44,38) y Alemania (47,49) completan el grupo de los cinco países peor valorados.
El informe, que analiza 26 Estados miembros de la Unión Europea y el Reino Unido, evalúa las condiciones regulatorias y fiscales que afectan a los propietarios de viviendas en alquiler. Para ello, considera cinco dimensiones con idéntico peso en la puntuación final: la libertad para fijar las rentas, la posibilidad de resolver los contratos y recuperar los inmuebles, la libertad contractual, las restricciones al alquiler turístico y de corta duración y la fiscalidad recurrente sobre la propiedad inmobiliaria.
Las mayores debilidades de España
Las mayores debilidades de España se concentran en dos de los cinco indicadores analizados. El país obtiene cero puntos en libertad de terminación de los contratos y recuperación de las viviendas, así como en la regulación del alquiler turístico y de corta duración. Estas dos dimensiones lastran especialmente su posición, pese a que obtiene resultados más favorables en otros ámbitos. En concreto, España consigue 15,91 puntos sobre 20 en libertad de fijación de rentas, 12,62 en libertad contractual y 13,50 en fiscalidad recurrente de los inmuebles.
La fundación considera que las dificultades para recuperar una vivienda arrendada, las limitaciones contractuales y las restricciones sobre determinadas modalidades de alquiler reducen el margen de decisión de los propietarios y pueden desincentivar la incorporación de inmuebles al mercado residencial.
El contraste con otros países resulta significativo. Grecia, que también cuenta con un importante sector turístico, ocupa la segunda posición del índice, mientras que Portugal se sitúa en el puesto 17 e Italia en el 24. Estas diferencias ponen de manifiesto la diversidad de modelos regulatorios existentes incluso entre países con características geográficas y económicas similares.
El informe también revela importantes diferencias dentro de Europa occidental. Alemania figura en el puesto 23, Italia en el 24, Dinamarca en el 25 y España en el 26. Por su parte, el Reino Unido se sitúa en la vigésima posición, con 52,96 puntos, penalizado especialmente por el indicador de fiscalidad inmobiliaria.
A partir de estos resultados, Fundalib cuestiona el impacto de las políticas restrictivas sobre la oferta de viviendas en alquiler y reclama una revisión del marco regulatorio español. El secretario general de la fundación y coautor del informe, Juan Pina, considera que existe una relación entre las restricciones al arrendamiento y las dificultades de acceso a la vivienda. En este sentido, sostiene que «no es de extrañar que la crisis de la vivienda tenga su máxima expresión en los dos países europeos con menor libertad de arrendamiento: Francia y España».
Pina defiende un cambio de política que favorezca la construcción de viviendas, reduzca las trabas a su transmisión y proporcione mayor seguridad jurídica y flexibilidad a los propietarios. A su juicio, las medidas intervencionistas pueden contribuir a reducir la oferta disponible y dificultar el acceso de los inquilinos al mercado.
