El campo sigue esperando a que la prometida reorganización catastral del suelo rústico se realidad, ya que once años después de la Ley 13/2015, apenas 1,47 millones de parcelas aparecen coordinadas con el Registro, una cifra equivalente a solo el 2,79% del universo catastral utilizado como referencia en España. Así lo constata el informe «Antes de movilizar la tierra» del Servicio de Estudios de Cocampo -plataforma de compraventa y alquiler de fincas- sobre la identificación y coordinación del patrimonio rústico en España.. El informe también denuncia que nueve meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la movilización de unas 17.000 fincas rústicas del Estado, la información pública «todavía no permite comprobar de forma homogénea cuáles son, dónde están exactamente y si se encuentran preparadas para ser puestas en uso». El anuncio del presidente se realizó el pasado 14 de enero, cuando prometió que esas fincas serían analizadas para determinar su aptitud agraria y ponerse a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales. La medida se presentó junto con la plataforma Tierra Joven, que se pondría en marcha «de manera inmediata para facilitar el acceso a la tierra y favorecer el relevo generacional».. 258 días después no consta públicamente que Tierra Joven haya entrado en funcionamiento, mientras que con la información pública disponible en el Portal de Transparencia, con fichas informativas de los 15.510 inmuebles identificados como patrimonio rústico del Estado, Cocampo ha confirmado información sobre 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los cuales 15.510 figuran como «patrimonio del Estado» en el campo denominado «en uso». Sin embargo, ninguno de esos registros publica una referencia catastral completa, que es el identificador que permite consultar directamente un inmueble en Catastro.. El informe detalla que en 11.963 de los 15.510 registros puede proponerse un único par de polígono y parcela a partir del texto publicado y en los otros 3.547 no puede reconstruirse uno con suficiente claridad. «Incluso cuando esos dos números aparecen, la información no permite comprobar automáticamente que la numeración siga vigente, que conduzca a una única parcela o que esa parcela se corresponda con la finca registral. Lo que llega al BOE sí está identificado».. Los analistas de Cocampo recuerdan que la movilización del patrimonio inmobiliario estatal «no empezó con el anuncio de enero». En 2012 se puso en marcha el Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario del Estado, vigente hasta 2020. Dentro de él se aprobó un programa para el periodo de 2013 a 2015 que preveía sacar al mercado más de 15.000 inmuebles rústicos y urbanos de distintos organismos. Desde 2023 está vigente un nuevo Programa de Puesta en Valor, con horizonte en 2030. «El Estado lleva, por tanto, más de una década utilizando procedimientos conocidos para preparar y vender sus inmuebles. Ese proceso deja un rastro claro en el BOE».. Esta plataforma ha identificado 11.576 referencias catastrales rústicas distintas en procedimientos publicados entre 2012 y 2026. «Un expediente puede incluir una sola finca o agrupar varias en lotes. Lo relevante es que, cuando el Estado saca una finca concreta al mercado, suele publicar su referencia catastral completa, el dato que permite localizar la parcela en la cartografía catastral. Las dos cifras no pueden compararse como si describieran la misma cartera. Las 17.000 proceden de un inventario anunciado en 2026, mientras que las 11.576 son referencias distintas acumuladas en procedimientos publicados durante catorce años». Este contraste muestra que la Administración sabe cómo identificar y comercializar los inmuebles que están preparados para ello y lleva haciéndolo desde 2012. «La novedad de enero fue la cifra y el propósito político, no un procedimiento nuevo ni una cartera homogénea preparada para venderse o arrendarse.. Pero la dificultad de control no se limita al patrimonio estatal. En España, el Catastro representa parcelas y recoge sus características físicas y fiscales, mientras que el Registro de la Propiedad publica derechos sobre fincas registrales. Ambas descripciones pueden referirse al mismo terreno sin coincidir plenamente en su superficie, sus límites o incluso en la forma de localizarlo. Por ello, Cocampo apunta que «la Ley 13/2015 creó un mecanismo para relacionar ambas instituciones mediante representaciones gráficas georreferenciadas. La coordinación permite hacer constatar que la representación gráfica inscrita en el Registro coincide con la cartografía catastral. Sin embargo, su incorporación es obligatoria solo en determinados actos y voluntaria en otros. Por eso el sistema avanza expediente a expediente y el paso del tiempo no regulariza automáticamente todas las fincas existentes».. La Dirección General del Catastro contabilizaba en enero de 2026 un total de 38,72 millones de parcelas rústicas y 14,14 millones de parcelas urbanas en su ámbito de gestión. El contador público consultado por Cocampo el 27 de septiembre recogía 1.476.595 parcelas coordinadas. Esa cifra equivale al 2,79% de un universo de referencia de 52,86 millones de parcelas. El 2,79% no es una tasa oficial de coordinación del suelo rústico, porque «la información pública no separa las parcelas coordinadas rústicas de las urbanas. Sí permite comprender el orden de magnitud».. Entre 2021 y 2025, el número de fincas coordinadas aumentó un 118,9%, es decir, se multiplicó por algo más de dos en cuatro años. La coordinación se realiza sobre fincas concretas y no actualiza automáticamente el stock histórico, por lo que siguen existiendo descripciones antiguas, herencias pendientes, cambios de parcelación y diferencias de superficie o linderos que deben resolverse caso por caso. «Para movilizar la tierra hay que saber dónde está, dónde empieza y dónde termina. Hay herederos que saben que poseen una finca, pero no consiguen localizarla con certeza; propietarios que no pueden vender, arrendar o agrupar porque la escritura, el Catastro y la realidad no encajan; y disputas entre vecinos que se enquistan por unos límites imprecisos. Identificar bien la propiedad y coordinar Catastro y Registro permite resolver estos problemas, devolver seguridad a las operaciones y evitar que la tierra quede fuera del mercado o termine abandonada», señala Regino Coca, CEO de Cocampo.. El informe concluye que, antes de crear nuevos escaparates, bancos de tierras o programas de movilización, «España necesita identificar mejor sus activos, relacionar la realidad física con Catastro y Registro y medir cuánto trabajo de regularización queda pendiente». También sitúa la correcta identificación de la propiedad rústica como «una condición previa para favorecer el relevo generacional y prevenir los problemas medioambientales derivados del abandono, porque permite que propietarios y herederos puedan vender la tierra, arrendarla o ponerla de nuevo en producción».
El campo sigue esperando a que la prometida reorganización catastral del suelo rústico se realidad, ya que once años después de la Ley 13/2015, apenas 1,47 millones de parcelas aparecen coordinadas con el Registro, una cifra equivalente a solo el 2,79% del universo catastral utilizado como referencia en España. Así lo constata el informe «Antes de movilizar la tierra» del Servicio de Estudios de Cocampo -plataforma de compraventa y alquiler de fincas- sobre la identificación y coordinación del patrimonio rústico en España.. El informe también denuncia que nueve meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la movilización de unas 17.000 fincas rústicas del Estado, la información pública «todavía no permite comprobar de forma homogénea cuáles son, dónde están exactamente y si se encuentran preparadas para ser puestas en uso». El anuncio del presidente se realizó el pasado 14 de enero, cuando prometió que esas fincas serían analizadas para determinar su aptitud agraria y ponerse a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales. La medida se presentó junto con la plataforma Tierra Joven, que se pondría en marcha «de manera inmediata para facilitar el acceso a la tierra y favorecer el relevo generacional».. 258 días después no consta públicamente que Tierra Joven haya entrado en funcionamiento, mientras que con la información pública disponible en el Portal de Transparencia, con fichas informativas de los 15.510 inmuebles identificados como patrimonio rústico del Estado, Cocampo ha confirmado información sobre 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los cuales 15.510 figuran como «patrimonio del Estado» en el campo denominado «en uso». Sin embargo, ninguno de esos registros publica una referencia catastral completa, que es el identificador que permite consultar directamente un inmueble en Catastro.. El informe detalla que en 11.963 de los 15.510 registros puede proponerse un único par de polígono y parcela a partir del texto publicado y en los otros 3.547 no puede reconstruirse uno con suficiente claridad. «Incluso cuando esos dos números aparecen, la información no permite comprobar automáticamente que la numeración siga vigente, que conduzca a una única parcela o que esa parcela se corresponda con la finca registral. Lo que llega al BOE sí está identificado».. Los analistas de Cocampo recuerdan que la movilización del patrimonio inmobiliario estatal «no empezó con el anuncio de enero». En 2012 se puso en marcha el Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario del Estado, vigente hasta 2020. Dentro de él se aprobó un programa para el periodo de 2013 a 2015 que preveía sacar al mercado más de 15.000 inmuebles rústicos y urbanos de distintos organismos. Desde 2023 está vigente un nuevo Programa de Puesta en Valor, con horizonte en 2030. «El Estado lleva, por tanto, más de una década utilizando procedimientos conocidos para preparar y vender sus inmuebles. Ese proceso deja un rastro claro en el BOE».. Esta plataforma ha identificado 11.576 referencias catastrales rústicas distintas en procedimientos publicados entre 2012 y 2026. «Un expediente puede incluir una sola finca o agrupar varias en lotes. Lo relevante es que, cuando el Estado saca una finca concreta al mercado, suele publicar su referencia catastral completa, el dato que permite localizar la parcela en la cartografía catastral. Las dos cifras no pueden compararse como si describieran la misma cartera. Las 17.000 proceden de un inventario anunciado en 2026, mientras que las 11.576 son referencias distintas acumuladas en procedimientos publicados durante catorce años». Este contraste muestra que la Administración sabe cómo identificar y comercializar los inmuebles que están preparados para ello y lleva haciéndolo desde 2012. «La novedad de enero fue la cifra y el propósito político, no un procedimiento nuevo ni una cartera homogénea preparada para venderse o arrendarse.. Pero la dificultad de control no se limita al patrimonio estatal. En España, el Catastro representa parcelas y recoge sus características físicas y fiscales, mientras que el Registro de la Propiedad publica derechos sobre fincas registrales. Ambas descripciones pueden referirse al mismo terreno sin coincidir plenamente en su superficie, sus límites o incluso en la forma de localizarlo. Por ello, Cocampo apunta que «la Ley 13/2015 creó un mecanismo para relacionar ambas instituciones mediante representaciones gráficas georreferenciadas. La coordinación permite hacer constatar que la representación gráfica inscrita en el Registro coincide con la cartografía catastral. Sin embargo, su incorporación es obligatoria solo en determinados actos y voluntaria en otros. Por eso el sistema avanza expediente a expediente y el paso del tiempo no regulariza automáticamente todas las fincas existentes».. La Dirección General del Catastro contabilizaba en enero de 2026 un total de 38,72 millones de parcelas rústicas y 14,14 millones de parcelas urbanas en su ámbito de gestión. El contador público consultado por Cocampo el 27 de septiembre recogía 1.476.595 parcelas coordinadas. Esa cifra equivale al 2,79% de un universo de referencia de 52,86 millones de parcelas. El 2,79% no es una tasa oficial de coordinación del suelo rústico, porque «la información pública no separa las parcelas coordinadas rústicas de las urbanas. Sí permite comprender el orden de magnitud».. Entre 2021 y 2025, el número de fincas coordinadas aumentó un 118,9%, es decir, se multiplicó por algo más de dos en cuatro años. La coordinación se realiza sobre fincas concretas y no actualiza automáticamente el stock histórico, por lo que siguen existiendo descripciones antiguas, herencias pendientes, cambios de parcelación y diferencias de superficie o linderos que deben resolverse caso por caso. «Para movilizar la tierra hay que saber dónde está, dónde empieza y dónde termina. Hay herederos que saben que poseen una finca, pero no consiguen localizarla con certeza; propietarios que no pueden vender, arrendar o agrupar porque la escritura, el Catastro y la realidad no encajan; y disputas entre vecinos que se enquistan por unos límites imprecisos. Identificar bien la propiedad y coordinar Catastro y Registro permite resolver estos problemas, devolver seguridad a las operaciones y evitar que la tierra quede fuera del mercado o termine abandonada», señala Regino Coca, CEO de Cocampo.. El informe concluye que, antes de crear nuevos escaparates, bancos de tierras o programas de movilización, «España necesita identificar mejor sus activos, relacionar la realidad física con Catastro y Registro y medir cuánto trabajo de regularización queda pendiente». También sitúa la correcta identificación de la propiedad rústica como «una condición previa para favorecer el relevo generacional y prevenir los problemas medioambientales derivados del abandono, porque permite que propietarios y herederos puedan vender la tierra, arrendarla o ponerla de nuevo en producción».
