El magistrado del Supremo Antonio Narváez, el ponente encargado de redactar la resolución sobre la ley de nietos en el alto tribunal, participó en un encuentro con fiscales con el presidente del PP en 2023 en el que le mostró su deseo de que este partido alcanzara el Gobierno y además alertó sobre pactos del Partido Socialista de Euskadi con los que denominaba “filoetarras”. Narváez, exmagistrado del Constitucional, puso en duda también los procesos electorales en los que interviene la empresa Indra.. Seguir leyendo
En un encuentro de fiscales con el presidente popular en 2023, Narváez alertó de los pactos del PSE con formaciones que calificaba de “filoetarras”
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El magistrado del Supremo Antonio Narváez, el ponente encargado de redactar la resolución sobre la ley de nietos en el alto tribunal, participó en un encuentro con fiscales con el presidente del PP en 2023 en el que le mostró su deseo de que este partido alcanzara el Gobierno y además alertó sobre pactos del Partido Socialista de Euskadi con los que denominaba “filoetarras”. Narváez, exmagistrado del Constitucional, puso en duda también los procesos electorales en los que interviene la empresa Indra.
En el encuentro, los fiscales animaron al presidente popular a desmontar cuando llegase a La Moncloa leyes del Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo constataron a EL PAÍS diversas fuentes conocedoras de lo ocurrido en esa cita, que se prolongó durante una hora y media.
Narváez intervino durante aquella cita —una cena— con Feijóo y alertó sobre las elecciones al Parlamento vasco, que se celebraron un año después, para asegurar que “se está perfilando una estrategia de coalición, con Bildu que es una organización filoterrorista, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y lo que quede de Podemos”. Los comicios resultaron en un Gobierno de coalición de PNV y PSE.
En el mismo cónclave se refirió al problema “de la cohesión territorial” y de “Cataluña fundamentalmente”, un asunto sobre el que el magistrado se había inhibido durante la tramitación en el órgano de garantías de una decena de recursos de dirigentes independentistas condenados: el primero fue Gonzalo Boyé, abogado del expresident Carles Puigdemont, y a los pocos días se sumaron todos los letrados del procés. Las defensas esgrimían que Narváez había pronunciado una conferencia en Granada en noviembre de 2017 en la que calificó el procés de “golpe de Estado encubierto” y lo comparó con el 23-F, para sostener que el primero fue más grave por sus consecuencias que el asalto del teniente coronel Antonio Tejero al Congreso de los Diputados. El debate interno en el Constitucional sobre la recusación de Narváez fue intenso, y algunos magistrados quisieron defenderle hasta el último minuto al entender que su derecho a la libertad de expresión prevalecía. Finalmente, fue el propio magistrado el que se apartó de la resolución el órgano de garantías.
Narváez es magistrado en el Supremo desde septiembre de 2025. Fue número uno de su promoción, en 1982, y entró en la carrera fiscal. En 2013, fue nombrado teniente fiscal en el alto tribunal, y ejerció como magistrado del Constitucional entre 2014 y 2023.
El Supremo ha visto en la ley de nietos, denominación popular de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, un “peligro fundado, real y serio” de afectar a la “objetividad” de las elecciones y, en consecuencia, ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por esa norma. La decisión ha sido acordada por cinco de los seis magistrados que han debatido el recurso: el citado Antonio Narváez, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, José Luis Requero y Manuel Delgado-Iribarren. Ha registrado un voto particular la magistrada Alicia Millán, que se ha opuesto a la decisión adoptada y ha concluido que se han ponderado de forma “incompleta” todos los intereses en juego y que, con esta resolución, se “impide” a un enorme grupo de ciudadanos “ejercer un derecho político que les corresponde en virtud de una nacionalidad reconocida”.
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