Francisco José Garzón (Monforte de Lemos, 65 años) responde al teléfono al quinto tono. No es fácil hablar con él, tampoco cuando descuelga. Hay ruido de fondo, su voz suena tranquila pero evasiva. “Yo te pido, por favor, que hables antes con mi abogado. Todo lo que diga tiene que contar con su permiso”, dice al periodista.. Seguir leyendo
Francisco José Garzón (Monforte de Lemos, 65 años) responde al teléfono al quinto tono. No es fácil hablar con él, tampoco cuando descuelga. Hay ruido de fondo, su voz suena tranquila pero evasiva. “Yo te pido, por favor, que hables antes con mi abogado. Todo lo que diga tiene que contar con su permiso”, dice al periodista.
Garzón, criado en el barrio de A Estación de Monforte e hijo de ferroviario, era el maquinista del tren que descarriló en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013, un accidente que provocó 80 muertos y 144 heridos. Garzón fue señalado desde el principio como principal responsable de la tragedia. Trece años después es el único condenado penalmente por el accidente a dos años y seis meses de prisión, e inhabilitado por cuatro años y medio. Pero hace dos semanas, el 14 de octubre, la jueza suspendió la ejecución de la condena hasta que no se resuelva su solicitud de indulto, que ha sido apoyado por la Fiscalía que lo acusó y la jueza que lo condenó. Es decir, la decisión final sobre la concesión del indulto corresponde ahora al Gobierno.
Así que sus reservas a hablar con EL PAÍS están justificadas. Pese a todo, tras insistir, accede a responder a media docena de preguntas enviadas por correo a través de su abogado, Manuel Prieto. Las contesta Garzón a las pocas horas a través de un documento manuscrito y escaneado; son respuestas escuetas y muy descriptivas. “Lo primero que pensé cuando me enteré de la noticia del accidente fue que tenían que haber aprendido de accidentes pasados”, dice. Ha recordado el infierno de Angrois, cuenta, no sólo por la accidente sino también por el rápido señalamiento a un responsable de circulación del Centro de Alta Velocidad de Atocha. “Revivo. Las culpas antes de cualquier investigación siempre señalan al trabajador”.
En una entrevista concedida a Fernando González, Gonzo, en Salvados en 2025, Garzón admitió que una llamada del interventor lo despistó cuando el tren se acercaba a toda velocidad a la curva de Angrois, a la entrada de Santiago de Compostela. Dijo que estaba obligado a atenderla por motivos profesionales, pero al bajar la cabeza unos pocos segundos perdió referencia del lugar por el que circulaba. Iba demasiado rápido y tenía encima la curva: trató de frenar con todo, pero fue demasiado tarde.
Tanto en el programa como en el juicio, Garzón denunció la ausencia de medidas de seguridad con las que se habría evitado que un solo despiste acabase en catástrofe. Él había reclamado verbalmente la instalación de una baliza antes de la curva, donde la velocidad debía reducirse de 200 a 80 kilómetros por hora, y lamentó no haber dejado constancia de esa solicitud por escrito. Criticó las deficiencias de señalización y la desconexión del sistema ERTMS. Finalmente, denunció en Salvados el trato que se le dispensó tras el accidente: fue llevado al hospital con varias costillas rotas en coche policial y fue esposado delante de su madre. Su identidad, fotografías y conversaciones posteriores al accidente fueron filtradas antes de la investigación. Durante una visita a las víctimas los entonces príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, “pasaron de largo”. “Que no, que nadie se preocupó de mí”, dijo. “Como un criminal”, se sintió. Su detención fue anunciada a los medios por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
“El audio que se ha filtrado del trabajador de Atocha a mí me da vergüenza”, dice el abogado de Garzón, Manuel Prieto. “Se hizo lo mismo hace 13 años con mi cliente después del accidente, y ese audio era además era un audio manipulado: sólo se contó una parte, se omitió otra en la que él decía que había avisado al de seguridad, que ese tramo era muy peligroso, que no había derecho. Pero eso no se filtró”. Y en esta ocasión, con motivo del accidente de Urda, “tampoco se nos ha dicho cómo están los protocolos, cómo se ejecutan, cuánta gente trabaja”.
¿A qué se enfrenta un trabajador al que hacen responsable de una tragedia de estas dimensiones? La psicóloga Estrela Gómez, terapeuta EMDR y especializada en abordar experiencias traumáticas, cree que la desconexión informativa es fundamental “para un cerebro que ya vive en alerta constante, rumiando en bucle y tratando de buscar contenidos para entender, algo que le llevará a más angustia y descontrol”. También es importante estar rodeado de un círculo íntimo “que no intenten convencer de que los pensamientos que tiene la persona no son acertados: eso ya llegará en terapia. Hay que garantizar la seguridad de la persona”.
Jesús Domínguez es portavoz de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155. Viajaba en el tren accidentado de Angrois con su mujer y dos sobrinas; los cuatro resultaron heridos graves. Ingeniero informático de profesión, en los últimos 13 años ha estudiado en profundidad los sistemas de seguridad ferroviaria y las circunstancias técnicas del accidente. Ha comparecido ante el Congreso y las instituciones europeas como representante de las víctimas. “Se puede aprender o culpar”, dice a EL PAÍS. “Y en este país se elige culpar. Y si eliges culpar, repites el accidente. Repites las tragedias. No se aprende: se culpa. Y estamos viendo lo que pasa”.
En 2019, la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, expresó por carta al Gobierno español su preocupación por las deficiencias de seguridad ferroviaria. Una auditoría de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea advertía de que los sistemas de gestión de la seguridad de Adif y Renfe existían “sobre el papel”, pero el personal no los comprendía ni aplicaba correctamente. El informe señalaba también la falta de conexión entre la evaluación de riesgos y la vigilancia necesaria para comprobar que esos riesgos permanecían bajo control.
En septiembre de 2026, la jueza María Elena Fernández Currás, que condenó a Garzón, recordó al informar favorablemente sobre su indulto que la tragedia no se explicaba sólo por la negligencia del conductor: también concurrían deficiencias de señalización y seguridad en la vía.
“Se repite el guion que hicieron con nosotros”, dice Domínguez. “El PSOE está haciendo lo mismo que hizo el PP en su día y lo está calcando porque entonces les salió bien: la Justicia tardó 13 años”.
Expertos como Jorge Iglesias y Jaime Tamarit, que declararon en el juicio de Angrois y comparecieron en el Congreso, ya habían advertido de un agujero de seguridad: permitir circular hasta a 200 kilómetros por hora con el ASFA, un sistema de respaldo que no ofrece la misma protección que los sistemas de supervisión continua. “Existe una especie de mantra entre los ferroviarios de toda la vida, como si fuéramos unos machos ibéricos acostumbrados a trabajar así, de que el ASFA es suficiente a esas velocidades. Para nosotros, ese es el agujero de seguridad que quedó en evidencia en Angrois y que ahora vuelve a plantearse con el accidente de Toledo”, dice Domínguez.
En Angrois el ERTMS estaba desconectado y el tren no tenía protección automática suficiente frente a determinados excesos de velocidad. “El resultado fueron 80 muertos. Y ahora tememos que se haya repetido el mismo problema. Llevamos años denunciándolo”, concluye.
El maquinista de Angrois dice que lleva su día a día como puede. “Soy una persona normal que lleva una desgracia a sus espaldas”. Además, “se encargan cada cierto tiempo de hacérmelo recordar”. ¿Es necesario? “Eso nunca se olvida. Eso se queda para siempre”. ¿Qué le diría al operador de Atocha, responsable de circulación, sobre cuyo presunto error recayó la responsabilidad del accidente a las pocas horas? “Que procure aislarse de la tele y la prensa, ya que eso le va a hacer mucho daño. Y que al final tiene que salir la verdad. Que se rodee de los suyos”.
