En su primera comparecencia tras el accidente, el miércoles desde el puesto de mando de Urda (Toledo), el cariacontecido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró consciente de que, además del coste en muertes y heridos y familias desoladas, la tragedia dejaría un legado más, uno en forma de destrozo en el crédito popular del ferrocarril. El Gobierno reforzará la seguridad para “reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad”, se comprometió el jefe del Ejecutivo. Para conseguirlo, hay tarea por delante, que las urnas dirán el 29-N a quién le toca asumir. Porque la catástrofe de Urda golpea una imagen, la del servicio de trenes en España, que ya está seriamente dañada, según muestran los datos demoscópicos disponibles.. Seguir leyendo
En su primera comparecencia tras el accidente, el miércoles desde el puesto de mando de Urda (Toledo), el cariacontecido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró consciente de que, además del coste en muertes y heridos y familias desoladas, la tragedia dejaría un legado más, uno en forma de destrozo en el crédito popular del ferrocarril. El Gobierno reforzará la seguridad para “reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad”, se comprometió el jefe del Ejecutivo. Para conseguirlo, hay tarea por delante, que las urnas dirán el 29-N a quién le toca asumir. Porque la catástrofe de Urda golpea una imagen, la del servicio de trenes en España, que ya está seriamente dañada, según muestran los datos demoscópicos disponibles.
El accidente del miércoles, con al menos 69 muertos, se suma al de enero en Adamuz (Córdoba), que dejó 46. Durante la resaca del mismo, 40dB. preguntó a 2.000 personas qué valoración tenían del servicio ferroviario de media y larga distancia y de alta velocidad en España. No mucho más de un tercio (36,2%) le dan el aprobado, sumando a los que creen que funciona bien (29,7%) o muy bien (6,5%). Otra conclusión de la encuesta: la desconfianza es mayoritaria. Un 58% tiene poca o ninguna confianza en el sistema ferroviario. A ello se suma una extendida percepción de que el Estado dedica a los trenes menos de lo que debería. Casi dos tercios lo ven así.
La experiencia de los usuarios de trenes de media y larga distancia y de alta velocidad está cargada de episodios negativos. En los 12 meses anteriores al trabajo de campo, más de la mitad de los encuestados habían sufrido retrasos o cancelaciones, pensaban que el billete era demasiado caro para la calidad del servicio y denunciaban falta de información ante las incidencias. Además, más de cuatro de cada diez habían tenido “sensación de inseguridad”. Es una “sensación”, que no tiene por qué corresponderse con peligro real, pero es un dato ilustrativo de una desconfianza, según una encuesta que empezó a tomar los datos 12 días después del accidente de Adamuz, que tuvo lugar el 18 de enero.
Aunque la edad pesa en las respuestas, el principal sesgo sobre los puntos de vista no lo determinan los años, sino la ideología. Los votantes del PP y Vox valoran peor el servicio que los del PSOE y Sumar, confían menos en él y declaran en mayor medida haber dejado de usarlo o estar abiertos a ello.
Insatisfacción
La idea de que es necesaria una mayor inversión ferroviaria está sólidamente instalada. Entre mayo y junio, Ipsos elaboró una macroencuesta en la que preguntaba a más de 21.500 ciudadanos de 29 países cuáles creían que debían ser las prioridades nacionales de inversión en infraestructuras. De las 14 posibilidades ofrecidas, la más citada en España era la ferroviaria. Un 58% de los encuestados la nombraban como prioritaria, más de 15 puntos por encima de la media de todos los países. Completaban el podio las carreteras (53%) y las defensas contra las inundaciones (38%). Las distintas opciones suman más del 100% porque los encuestados podían responder varias.
De los 29 países incluidos en el estudio, España es el segundo que revela mayor grado de insatisfacción con sus infraestructuras, incluyéndolas todas, no solo las ferroviarias. Solo un 22% de los encuestados se declaran satisfechos, únicamente por delante de un Hungría (16%) y a 16 puntos de la media (38%). Dos años antes, en 2024, la satisfacción en España con las infraestructuras alcanzaba al 33%. Se ha producido una caída de 11 puntos que el director de Ipsos en España, Francisco Camas, ve al menos parcialmente resultado del “impacto” del accidente de Adamuz. Este antecedente hace a su juicio previsible que el indicador se deteriore ahora, tras la catástrofe de Urda.
Más datos del trabajo de Ipsos. Casi un 60% de los encuestados creen que España no hace lo suficiente para cubrir sus necesidades de infraestructuras. Y solo poco más de un tercio piensa que el país tiene un buen historial en la ejecución de proyectos en este terreno. De nuevo, las respuestas no solo hacen referencia a las infraestructuras ferroviarias, sino también a las hídricas y eléctricas, entre otras. La serie Opinión pública y política fiscal del CIS muestra que, entre 2018 y 2026, el porcentaje de quienes consideran que el transporte público —no solo el ferroviario— funciona bien ha caído de un 58,4% a un 53,7%.
Pensamiento anti-Estado
El accidente de Urda presenta las características propicias para deteriorar la credibilidad del sistema ferroviario ante la sociedad, expone el sociólogo y politólogo José Miguel Rojo, uno de los autores de la Encuesta Nacional de Polarización de la Universidad de Murcia. Y no solo, añade, por los muertos provocados y las imágenes y testimonios desgarradores, sino porque no se trata de un “evento aislado”. “Es el segundo evento traumático en un año, eso provoca un shock excepcional. Además, son frecuentes las noticias de incidentes y de experiencias cotidianas de insatisfacción, lo que debilita la hipótesis del incidente puntual”, añade Rojo.
El investigador cree que los efectos de la tragedia de Adamuz irán más allá del empeoramiento de la ya lastrada percepción sobre el sistema ferroviario para extenderse a la que se tiene del funcionamiento del Estado. Los términos en que se desarrolla el debate político tienen mucho que ver en ello, apunta. “Hemos asistido a la emergencia y consolidación de un discurso de colapso del Estado, que cristalizó con la dana y aquel ‘solo el pueblo salva al pueblo’, pero que también se ha alimentado de la pandemia, cuando el Estado fue sometido a una gran tensión, y el apagón”, expone.
De modo que, a juicio de Rojo, en Urda llueve sobre mojado, lo que incrementa el riesgo de “desconfianza” no ya en el Gobierno o en el servicio ferroviario, sino en todo el Estado. Ello, a su vez, abre la puerta a discursos “minarquistas”, añade, en referencia a aquellos que, incidiendo en los problemas del Estado para prever y gestionar emergencias, abogan por una reducción al mínimo de su tamaño y del cobro de impuestos para sostenerlo.
En línea con lo que apunta Rojo, hay datos que indican una mayoritaria insatisfacción con lo que ofrece Estado al contribuyente en relación a lo que este paga. Un 54,4% de los encuestados por el CIS en julio creen que la sociedad se beneficia poco o nada del pago de impuestos y cotizaciones sociales. Se trata de un porcentaje levantado por los encuestados de derechas. Quienes así piensan son un 71,5% entre los votantes del PP y un 78,5% entre los de Vox. En el caso del PSOE y Sumar, no llegan al 40%.
Rojo cree que a menudo este tipo de mensajes que impugnan el conjunto de lo público ignoran los aspectos de la respuesta a las catástrofes que estorban a las tesis anti-Estado, como ahora en el caso de Urda con “el despliegue de gestión tras el accidente, muy tecnificado y profesionalizado”, que a su juicio ha dado una lección de eficacia que no cuadraría con la tan nombrada idea del “Estado fallido”.
El camino que empieza con la desconfianza en un servicio y se extiende al recelo sobre la valía del Estado tiene como posible punto de destino un deterioro de la opinión sobre la democracia misma. Aquí se detiene Rojo, que advierte: “La democracia no se legitima como una idea abstracta. Tiene que dar resultados sustantivos. Estas crisis siempre suponen un cuestionamiento sistémico y pueden tener consecuencias sobre la satisfacción democrática, sobre todo cuando hay actores instalados en la teorización de que todo es un caos”, afirma en referencia a Vox. En España, solo un 19,4% de los encuestados se declaran muy o bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia, según la última entrega de la encuesta sobre el tema del CIS, publicada en junio. En el inicio de la serie, en 2007, antes de la Gran Recesión, el porcentaje era del 38,6%. Ha caído a la mitad.
La importancia del mantenimiento
Francisco Camas, de Ipsos, afirma que el accidente puede contribuir a extender una mentalidad que ya está en crecimiento: la que asigna a la inversión en mantenimiento al menos tanta importancia a la inversión en obra nueva. En España, según la encuesta de Ipsos, un 76% ya equipara en importancia una y otra.
“Durante mucho tiempo, en el tema ferroviario y sobre todo en la alta velocidad, la prioridad en el discurso político ha estado en el aumento de la red, en construir más y más. Este accidente y el de Adamuz pueden impulsar un cambio de mentalidad en la gente que a su vez provoque un cambio de chip en la política que reduzca el énfasis en la necesidad permanente de inaugurar obra, dando más importancia a garantizar su seguridad”, analiza.
