El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que dirige el caso Plus Ultra, ha decidido citar como investigadas a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un día después de que este declarara en el procedimiento acusado de delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. El magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido este jueves que Alba y Laura Rodríguez Espinosa también sean investigadas en la causa, así como la secretaria del político, Gertrudis Alcázar, que era la que gestionaba su correo electrónico. Además, ha rechazado pedir de momento más información a Estados Unidos sobre cómo obtuvo el contenido del móvil del exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes.. Seguir leyendo
El instructor rechaza de momento pedir más información a Estados Unidos, como requería el expresidente del Gobierno
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que dirige el caso Plus Ultra, ha decidido citar como investigadas a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un día después de que este declarara en el procedimiento acusado de delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. El magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido este jueves que Alba y Laura Rodríguez Espinosa también sean investigadas en la causa. Además, ha rechazado pedir de momento más información a Estados Unidos sobre cómo obtuvo el contenido del móvil del exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes.
El juez José Luis Calama apunta a que la sociedad Whathefav, que las hijas de Zapatero administraban de forma solidaria, tenía, según la investigación, un “papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operativas relevantes para los hechos”. El que fuera líder del PSOE defendió ante el juez que esta empresa se dedicaba a maquetar informes de consultoría o elaborar planes de comunicación de algunas de las empresas con las que él trabajaba, pero la Fiscalía Anticorrupción y el instructor ponen en duda esta versión y consideran que, en realidad, era un instrumento para que el dinero llegara a Zapatero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía realizó una entrada y registro el pasado 19 de mayo en esta empresa, precisamente, por estas sospechas.
El juez cree que solo cabe citar a Alba y a Laura Rodríguez como investigadas porque es la única vía compatible con los derechos constitucionales. “Llamarlas en calidad de testigos resultaría incompatible con su posición procesal potencialmente afectada, pues les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables”, rubrica el magistrado.
Subraya que, para preservar sus derechos fundamentales y garantizar la validez de las diligencias, es necesario que no estén obligadas a decir la verdad.
[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]
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