El Gobierno se ha tomado la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el derecho al voto de los beneficiarios de la conocida como ley de nietos hasta que acrediten que son hijos o nietos de exiliados como una nueva afrenta de un tribunal con el que ha tenido varios choques importantes esta legislatura, desde la paralización de la ley de amnistía para que no se aplique a Carles Puigdemont a la condena del ex fiscal general del Estado. Esta vez no es la Sala de Lo Penal, con Manuel Marchena como hombre fuerte, sino la de lo Contencioso-Administrativo, pero el Gobierno hace un análisis político similar al de ocasiones anteriores.. Seguir leyendo
El Gobierno se ha tomado la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el derecho al voto de los beneficiarios de la conocida como ley de nietos hasta que acrediten que son hijos o nietos de exiliados como una nueva afrenta de un tribunal con el que ha tenido varios choques importantes esta legislatura, desde la paralización de la ley de amnistía para que no se aplique a Carles Puigdemont a la condena del ex fiscal general del Estado. Esta vez no es la Sala de Lo Penal, con Manuel Marchena como hombre fuerte, sino la de lo Contencioso-Administrativo, pero el Gobierno hace un análisis político similar al de ocasiones anteriores.
