El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional de Trabajo (OIT), una designación que sería la llevaría a ser «primera mujer en presidirla», además de que «nuestro país estaría al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social», ha presumido Sánchez en un mensaje a través de X (antes Twitter). El presidente defiende que Díaz ha demostrado «con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España».. Sin embargo, la realidad es muy distinta, ya que esta candidatura nace con muchas sombras y no menos inconvenientes, sobre todo porque España ha sido incluida desde que gobierna el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar en la lista de países en los que menos respetan los derechos laborales y la OIT lleva años exigiendo medidas de corrección, tras incluirnos en una lista denominada «corta», que marca un registro de naciones incumplidoras de la normativa laboral internacional y en la que coexisten naciones con problemas laborales, siendo España la única gran economía europea y de la OCDE integrada en ese listado junto a Argentina, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Eritrea, Rusia, Filipinas, Iraq, Kirguistán, Liberia, Libia, Malí, Nigeria, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Siria, Laos, Sudáfrica, Togo, Turkmenistán, Uruguay, Uzbekistán y Yemen,. Sánchez está convencido de que la experiencia, trayectoria y vocación de consenso de la también dirigente de Sumar la convierten en «una excelente candidata para liderar la OIT». Pero la OIT ha marcado negativamente a España por incumplir el convenio 144 de la OIT, que exige «consultas efectivas entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores sobre los asuntos relacionados con las actividades de la OIT». Es decir, que no respeta el diálogo social tripartito real, tras convertir en un simulacro de consulta que no tiene en cuenta la opinión de los empresarios el diálogo social.. La vicepresidenta, ajena a estas limitaciones en su candidatura, se ha mostrado eufórica y ha señalado a través de sus redes sociales que asume «con orgullo y una responsabilidad enorme. La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas». En su mensaje, Díaz hace balance de los principales retos para el mundo laboral en los próximos años, entre los que destaca la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales. Por eso, asegura que «necesitamos una OIT fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas, que impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI», para finalizar con que la OIT debe tener «en el diálogo social un pilar básico y que cuente siempre con quienes fortalecen el tejido empresarial en el conjunto del planeta, para garantizar un futuro de empleos de calidad y empresas sostenibles y productivas».. Un máxima que ella ha incumplido en 61 cambios normativos laborales desde 2022, que los ha aprobado en el Consejo de Ministros sin diálogo tripartito y dejando fuera siempre a los empresarios. Entre las normas aprobadas que han violado el diálogo tripartito hay muchas de gran calado, que incluso han servido para modificar el Estatuto de los Trabajadores, como la prioridad de los convenio autonómicos, la extensión de las causas de nulidad de los despidos, la creación de permisos climáticos a cargo de la empresa, así como de planes de movilidad, entre otros.. Por tanto, el perfil político de Díaz apunta en una dirección contraria a las bases de la OIT. Desde que asumió el Ministerio de Trabajo, la relación entre el Gobierno y las organizaciones empresariales ha pasado de la tensión a la ruptura, rompiendo un diálogo tripartito que no respeta el equilibrio entre las tres partes como ha quedado patente en la inclusión de nuestro país en esa lista corta de países incumplidores de los derechos laborales. Esto debería ser suficiente para que la candidatura de Díaz no saliese adelante.. Pero, para el Gobierno, esta candidatura aspira a reforzar «una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo» en un contexto de «profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales», reforzando el papel de la OIT como «referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social». Sin embargo, la persona llamada a liderar la OIT tendrá que ser, por definición, un candidato capaz de tender puentes entre los tres niveles del diálogo social (Gobierno, sindicatos y patronales), de escuchar a los empresarios tanto como a los sindicalistas, de construir consensos más allá de la ideología, algo que Díaz no ha sido capaz de lograr en todos los años que lleva al frente de Trabajo.. No en vano, la arquitectura institucional de la OIT descansa sobre los pilares del diálogo, que Díaz ha erosionado en España. Fuentes expertas consultadas por LA RAZÓN aseguran que «quien lidere la OIT tendrá que ser, por definición, alguien capaz de tender puentes entre esos tres mundos, de escuchar a la patronal tanto como a los sindicatos, de construir consensos que trasciendan la lógica del adversario de clase, y Yolanda Díaz incumple todo eso». Y lo hace porque en la OIT se presenta como esencial que «cada convenio, cada recomendación debe emerger del acuerdo entre gobiernos, sindicatos y empleadores. Esa trinidad es su razón de ser, su ADN estructural y la razón de su legitimidad».. De momento, Díaz ha dado el primer paso para postularse a la elección. A partir de ahora, el consejo de administración de la OIT realizará sesiones privadas con los candidatos el próximo 9 de noviembre y la votación secreta se realizará el 16 de noviembre, tras la cual la candidata deberá obtener los votos de más de la mitad de los miembros del consejo con derecho de voto. Tras ello, el mandato del nuevo director general comenzará el 1 de octubre de 2027. Díaz se enfrentaría a las elecciones, por el momento, con el togolés Gilbert F. Houngbo, quien ostenta la dirección general desde 2022, para un mandato de cinco años.. Aunque Díaz cuenta con apoyos en el ámbito sindical internacional, la estructura tripartita de la OIT obliga a reunir apoyos mucho más amplios entre gobiernos y patronales, algo que, de momento, no tiene. Al revés, cuenta con el rechazo de las organizaciones empresariales, empezando por las españolas, CEOE y Cepyme. La elección se decide por mayoría absoluta en sucesivas rondas eliminatorias, por lo que cualquier aspirante necesita construir consensos transversales. La estructura tripartita de la OIT obliga a reunir apoyos entre gobiernos, sindicatos y patronales de los 187 estados miembros. La oposición de países con gran peso político y financiero podría resultar letal para sus aspiraciones, así como la negativa de las patronales a apoyarla.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional de Trabajo (OIT), una designación que sería la «primera mujer en presidirla», además de que «nuestro país estaría al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social», ha presumido Sánchez en un mensaje a través de X (antes Twitter). El presidente defiende que Díaz ha demostrado «con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España».. Sin embargo, esta candidatura nace con muchas sombras y no menos inconvenientes, sobre todo porque España ha sido incluida desde que gobierna el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar en la lista de países en los que menos respetan los derechos laborales para exigirles medidas de corrección, una lista denominada «corta» en la que se marca un registro en el que coexisten naciones con problemas laborales, siendo España la única gran economía integrada en ese listado junto a Argentina, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Eritrea, Rusia, Filipinas, Iraq, Kirguistán, Liberia, Libia, Malí, Nigeria, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Siria, Laos, Sudáfrica, Togo, Turkmenistán, Uruguay, Uzbekistán y Yemen,. Sánchez está convencido de que la experiencia, trayectoria y vocación de consenso de la también dirigente de Sumar la convierten en «una excelente candidata para liderar la OIT», pero la OIT ha marcado a España por incumplir el convenio 144 de la OIT, que exige «consultas efectivas entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores sobre los asuntos relacionados con las actividades de la OIT». Es decir, que no respeta el diálogo social tripartito real, que ha convertido en un simulacro de consulta que no tiene en cuenta la opinión de los empresarios. En concreto, desde 2022 ha impulsado 61 cambios normativos laborales sin diálogo tripartito y dejando fuera siempre a los empresarios.. Información en elaboración
