El PP ha denunciado hoy que el Gobierno ha realizado, a su juicio, una pésima gestión de los fondos europeos, lo que ha provocado la pérdida de millones de euros en políticas sociales y de vivienda. Según sus datos, España ha renunciado a 61.706 de los 163.014 millones de euros de los fondos Next Generation que la Comisión Europea le asignó hace cinco años, perdiendo así una gran oportunidad para transformar la economía española.. En un encuentro con los medios en el que han participado los vicesecretarios de Economía y Hacienda de la formación, Alberto Nadal y Juan Bravo, la formación de Alberto Núñez Feijoo ha asegurado que el Ejecutivo llega al final de los fondos -mañana vence la última solicitud de pago- con un plan muy distinto al que presentó en 2021, pues asegura que lo ha cambiado a lo largo de nueve adendas para ajustarlo «a lo que dice que puede hacer, no a lo comprometido», según ha explicado el PP.. Según los datos que maneja esta formación, España ha recibido de Bruselas 77.7600 millones de euros, mientras que tiene pendiente otro máximo de 23.504 millones. En total, 101.104 millones tras renunciar a préstamos por valor de 61.711 millones, financiación que el Ejecutivo considera podía conseguir a menor interés acudiendo al mercado.. El PP ha denunciado que la ejecución de los fondos ha quedado muy lejos de los objetivos marcados. El principal partido de la oposición asegura que los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), destinados en principio a transformar la economía, han caído de los 42.480 millones de euros inicialmente proyectados a 24.869, habiendo prácticamente desaparecido proyectos estrella como el PERTE chip, como ha recordado Nadal; al tiempo que se han recordado inversiones por 13.500 millones en sectores estratégicos.. Renuncias en vivienda. La formación popular también ha denunciado que, en plena crisis de vivienda, ha recortado su objetivo de vivienda social de 20.000 a 15.718, un 21% menos, renunciando a reformas tan reclamadas para dinamizar el sector como la Ley del Suelo, que el Gobierno ha permutado por la creación de la sociedad estatal de vivienda Casa 47.. Además, ha puesto de relieve que se ha pasado de un plan de renovación o eficiencia energética de 576.000 viviendas a 32.390 certificados energéticos.. Bravo ha lamentado que estos movimientos en materia de vivienda van en contra de lo que ha reclamado Europa a España, de la que ha dicho que tiene un déficit estructural muy importante de oferta y que necesita agilizar suelos y rebajar obstáculos administrativos para construir viviendas.. El análisis popular también incide en que, además de haber renunciado a buena parte de los recursos ofrecidos por Bruselas, el Ejecutivo no ha explicado con claridad a dónde han ido a parar los fondos. Así, según recuerda, la Intervención General del Estado (IGAE) dejó de publicar en agosto de 2021 el desglose del plan en contabilidad nacional y Eurostat sitúa el gasto en 45.054 millones a diciembre de 2025, lo que deja en 56.254 millones los pendientes de ejecución: 34.800 en transferencias y 21.454 en préstamos.. Génova también ha reprochado al Gobierno que haya usado 15.254 millones de euros en esquemas de ayudas -algo que, asegura, ha permitido al Gobierno sobrevivir sin presentar Presupuestos en los últimos años- y 13.691 millones al fondo soberano España Crece, para, según el PP, estirar la ejecución más allá de 2026.. A este fondo, según el partido de Feijoo, han ido a parar buena parte de los fondos ICO destinados a vivienda asequible que había planificado inicialmente el Gobierno y que rebajó de 4.000 a 567 millones de euros en la última adenda al plan que aprobó en agosto.. Para el PP, lo más grave además es que el Gobierno no se marca fecha límite para la ejecución de los gastos pendientes. Amparándose en una disposición adicional de un real decreto ley sobre Oriente Medio, el 1 de septiembre el Gobierno acordó dejar todas las actuaciones ya iniciadas y no finalizadas sin fecha límite de ejecución.. «El cierre contable del plan puede preceder durante años a la llegada efectiva del dinero a empresa y familias», advierte el PP.
El PP ha denunciado hoy que el Gobierno ha realizado, a su juicio, una pésima gestión de los fondos europeos, lo que ha provocado la pérdida de millones de euros en políticas sociales y de vivienda. Según sus datos, España ha renunciado a 61.706 de los 163.014 millones de euros de los fondos Next Generation que la Comisión Europea le asignó hace cinco años, perdiendo así una gran oportunidad para transformar la economía española.. En un encuentro con los medios en el que han participado los vicesecretarios de Economía y Hacienda de la formación, Alberto Nadal y Juan Bravo, la formación de Alberto Núñez Feijoo ha asegurado que el Ejecutivo llega al final de los fondos -mañana vence la última solicitud de pago- con un plan muy distinto al que presentó en 2021, pues asegura que lo ha cambiado a lo largo de nueve adendas para ajustarlo «a lo que dice que puede hacer, no a lo comprometido», según ha explicado el PP.. Según los datos que maneja esta formación, España ha recibido de Bruselas 77.7600 millones de euros, mientras que tiene pendiente otro máximo de 23.504 millones. En total, 101.104 millones tras renunciar a préstamos por valor de 61.711 millones, financiación que el Ejecutivo considera podía conseguir a menor interés acudiendo al mercado.. El PP ha denunciado que la ejecución de los fondos ha quedado muy lejos de los objetivos marcados. El principal partido de la oposición asegura que los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), destinados en principio a transformar la economía, han caído de los 42.480 millones de euros inicialmente proyectados a 24.869, habiendo prácticamente desaparecido proyectos estrella como el PERTE chip, como ha recordado Nadal; al tiempo que se han recordado inversiones por 13.500 millones en sectores estratégicos.. La formación popular también ha denunciado que, en plena crisis de vivienda, ha recortado su objetivo de vivienda social de 20.000 a 15.718, un 21% menos, renunciando a reformas tan reclamadas para dinamizar el sector como la Ley del Suelo, que el Gobierno ha permutado por la creación de la sociedad estatal de vivienda Casa 47.. Además, ha puesto de relieve que se ha pasado de un plan de renovación o eficiencia energética de 576.000 viviendas a 32.390 certificados energéticos.. Bravo ha lamentado que estos movimientos en materia de vivienda van en contra de lo que ha reclamado Europa a España, de la que ha dicho que tiene un déficit estructural muy importante de oferta y que necesita agilizar suelos y rebajar obstáculos administrativos para construir viviendas.. El análisis popular también incide en que, además de haber renunciado a buena parte de los recursos ofrecidos por Bruselas, el Ejecutivo no ha explicado con claridad a dónde han ido a parar los fondos. Así, según recuerda, la Intervención General del Estado (IGAE) dejó de publicar en agosto de 2021 el desglose del plan en contabilidad nacional y Eurostat sitúa el gasto en 45.054 millones a diciembre de 2025, lo que deja en 56.254 millones los pendientes de ejecución: 34.800 en transferencias y 21.454 en préstamos.. Génova también ha reprochado al Gobierno que haya usado 15.254 millones de euros en esquemas de ayudas -algo que, asegura, ha permitido al Gobierno sobrevivir sin presentar Presupuestos en los últimos años- y 13.691 millones al fondo soberano España Crece, para, según el PP, estirar la ejecución más allá de 2026.. A este fondo, según el partido de Feijoo, han ido a parar buena parte de los fondos ICO destinados a vivienda asequible que había planificado inicialmente el Gobierno y que rebajó de 4.000 a 567 millones de euros en la última adenda al plan que aprobó en agosto.. Para el PP, lo más grave además es que el Gobierno no se marca fecha límite para la ejecución de los gastos pendientes. Amparándose en una disposición adicional de un real decreto ley sobre Oriente Medio, el 1 de septiembre el Gobierno acordó dejar todas las actuaciones ya iniciadas y no finalizadas sin fecha límite de ejecución.. «El cierre contable del plan puede preceder durante años a la llegada efectiva del dinero a empresa y familias», advierte el PP.
