Volvemos de vacaciones y repetimos el rito: la báscula, el susto, el propósito de gimnasio que durará hasta noviembre. Tratamos el exceso de peso como un asunto de voluntad, un pecado estival que se expía con ensalada. La aritmética dice otra cosa.. El informe de la Fundación Weber sobre el valor social de un mejor control de la obesidad cifra su coste anual en España en 130.000 millones de euros, con el 39,8% de la población en sobrepeso y el 15,2% con obesidad. No es solo una factura sanitaria: dos de cada tres euros son costes indirectos, productividad perdida, bajas y mortalidad prematura. Una carga oculta porque nunca se suma en la misma columna.. Y se puede reducir. Una pérdida de peso en personas con obesidad del 5 al 10% ahorraría unos 20.000 millones al año; del 20 al 25%, hasta 68.000 millones. No es teoría: un estudio de vida real con 15.843 adultos mayores de 55 años muestra que a los doce meses de iniciar tratamiento el gasto sanitario cae entre un 25 y un 38%, con menos hospitalizaciones y menos urgencias.. Lo que eso exige no es una receta, sino un cambio de abordaje: tratar la obesidad como la enfermedad crónica que es, con atención integral. Diagnóstico, nutrición, actividad física, apoyo psicológico, seguimiento en atención primaria y, cuando esté indicado, tratamiento farmacológico o cirugía bariátrica. Europa se mueve en esa dirección. Reino Unido ha autorizado las primeras pastillas contra la obesidad y Francia reembolsa desde junio, al 65%, los nuevos fármacos para obesidad grave, con prescripción especializada y dentro de un itinerario estructurado.. España no. Los hemos dejado fuera de la financiación pública, siempre por impacto presupuestario. Y ahí está el problema que nadie nombra: si el tratamiento existe y no se financia, no desaparece; se reserva a quien pueda pagar 3.500 euros al año. La obesidad no se reparte al azar: afecta al 19,8% de quienes solo tienen estudios primarios y al 11,5% de los universitarios. Dejarla fuera de la cartera pública no es neutralidad presupuestaria: es aceptar que unos sufran la enfermedad y otros disfruten el remedio.. No financiar también cuesta. Solo que la factura no aparece en el presupuesto y la paga toda la sociedad.. Álvaro Hidalgo Vega. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UCLM y presidente de la Fundación Weber.
Volvemos de vacaciones y repetimos el rito: la báscula, el susto, el propósito de gimnasio que durará hasta noviembre. Tratamos el exceso de peso como un asunto de voluntad, un pecado estival que se expía con ensalada. La aritmética dice otra cosa.. El informe de la Fundación Weber sobre el valor social de un mejor control de la obesidad cifra su coste anual en España en 130.000 millones de euros, con el 39,8% de la población en sobrepeso y el 15,2% con obesidad. No es solo una factura sanitaria: dos de cada tres euros son costes indirectos, productividad perdida, bajas y mortalidad prematura. Una carga oculta porque nunca se suma en la misma columna.. Y se puede reducir. Una pérdida de peso en personas con obesidad del 5 al 10% ahorraría unos 20.000 millones al año; del 20 al 25%, hasta 68.000 millones. No es teoría: un estudio de vida real con 15.843 adultos mayores de 55 años muestra que a los doce meses de iniciar tratamiento el gasto sanitario cae entre un 25 y un 38%, con menos hospitalizaciones y menos urgencias.. Lo que eso exige no es una receta, sino un cambio de abordaje: tratar la obesidad como la enfermedad crónica que es, con atención integral. Diagnóstico, nutrición, actividad física, apoyo psicológico, seguimiento en atención primaria y, cuando esté indicado, tratamiento farmacológico o cirugía bariátrica. Europa se mueve en esa dirección. Reino Unido ha autorizado las primeras pastillas contra la obesidad y Francia reembolsa desde junio, al 65%, los nuevos fármacos para obesidad grave, con prescripción especializada y dentro de un itinerario estructurado.. España no. Los hemos dejado fuera de la financiación pública, siempre por impacto presupuestario. Y ahí está el problema que nadie nombra: si el tratamiento existe y no se financia, no desaparece; se reserva a quien pueda pagar 3.500 euros al año. La obesidad no se reparte al azar: afecta al 19,8% de quienes solo tienen estudios primarios y al 11,5% de los universitarios. Dejarla fuera de la cartera pública no es neutralidad presupuestaria: es aceptar que unos sufran la enfermedad y otros disfruten el remedio.. No financiar también cuesta. Solo que la factura no aparece en el presupuesto y la paga toda la sociedad.. Álvaro Hidalgo Vega. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UCLM y presidente de la Fundación Weber.
