Cataluña sigue buscando nuevas vías por las que atacar la grave crisis de vivienda que atraviesa la comunidad y que los barómetros de opinión continúan situando como la primera preocupación de los ciudadanos. A la espera de que se acabe aprobando la ley para limitar las compras especulativas, el Gobierno de Salvador Illa ha llegado a un acuerdo con sus socios parlamentarios de Comuns para lanzar un paquete de medidas inmediatas que permitan acelerar la construcción de vivienda de protección oficial (VPO). Entre otras medidas, la Generalitat permitirá que se construyan pisos protegidos en suelo reservado para oficinas, hoteles o equipamientos comunitarios, reconvertir locales comerciales o incrementar en un 20% la edificabilidad de suelos urbanizables, todo ello sin necesidad de modificar los planes urbanísticos.. Seguir leyendo
Cataluña sigue buscando nuevas vías por las que atacar la grave crisis de vivienda que atraviesa la comunidad y que los barómetros de opinión continúan situando como la primera preocupación de los ciudadanos. A la espera de que se acabe aprobando la ley para limitar las compras especulativas, el Gobierno de Salvador Illa ha llegado a un acuerdo con sus socios parlamentarios de Comuns para lanzar un paquete de medidas inmediatas que permitan acelerar la construcción de vivienda de protección oficial (VPO). Entre otras medidas, la Generalitat permitirá que se construyan pisos protegidos en suelo reservado para oficinas, hoteles o equipamientos comunitarios, reconvertir locales comerciales o incrementar en un 20% la edificabilidad de suelos urbanizables, todo ello sin necesidad de modificar los planes urbanísticos.
La medida, aplicable hasta 2030 a los municipios con mayor demanda, prevé lograr que se construyan entre 15.000 y 20.000 en cuatro años, según fuentes de la negociación. “Las medidas urbanísticas son temporales y excepcionales para intensificar la construcción de vivienda protegida. Vamos a activar todas las iniciativas que vayan hacia esta dirección”, ha afirmado este viernes la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque. La proposición, que necesita de los votos de ERC, se llevará al Parlament el lunes y se tramitará por la vía de extraordinaria urgencia para intentar que esté en vigor a finales de año.
El Ejecutivo catalán tiene ya en marcha varias medidas para incrementar el parque público de vivienda hasta los 50.000 pisos hasta 2030. Entre otras, está la movilización de suelo en manos de los ayuntamientos o bien los créditos a la emancipación del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que cubren la entrada para un piso de ciudadanos de hasta 40 años con un tipo de interés del 0% a cambio de que ese piso pase a ser protegido. La Generalitat busca ahora la implicación del sector privado en la construcción de VPO. “Cataluña vive una crisis de vivienda salvaje. Necesitamos ejecutar todas las medidas posibles y que todos los actores se impliquen”, ha afirmado la líder de Comuns, Jéssica Albiach, que ha comparecido junto a Paneque en un acto en Mollet del Vallès.
El paquete de medidas, en parte, pretende que la construcción de VPO resulte atractiva para los empresarios. Una de las medidas en las que más esperanzas tienen PSC y Comuns es la que supone incrementar en hasta un 20% la edificabilidad del techo residencial en futuros proyectos fuera de los núcleos urbanos ya construidos ―técnicamente, en suelos urbanos no consolidados o urbanizables― siempre que todos esos pisos se dediquen a VPO. Según fuentes consultadas, ese aumento de la posibilidad de construir puede permitir que los números salgan mejor a los promotores en un momento en el que estos ajustan precios al límite por el encarecimiento de los costes para no alejarse de una demanda que cada vez hace más esfuerzos para acceder a un piso en propiedad.
El Govern también permitirá levantar vivienda protegida en suelos terciarios, es decir, en terrenos destinados a hoteles, oficinas o aparcamientos en altura. La dos principales condiciones son que el uso de la VPO ocupe como mínimo el 50% del proyecto y que la superficie de los pisos sea como mínimo de 50 metros cuadrados. En el caso de que estos inmuebles estén aislados, incluso se dejará elevar un 20% la edificabilidad. A esta medida pueden acogerse, por ejemplo, antiguos hoteles en desuso u obsoletos cuya reconversión sería muy costosa y que ahora tienen la oportunidad de que en ese suelo puedan levantarse viviendas si se acogen a la VPO. Paneque no ha querido concretar qué municipios podrían reconvertir planta hotelera. “No toca decir nombres, pero hay ciudades con una planta hotelera que no está del todo utilizada pero que buscan tener VPO para sus ciudadanos”, ha indicado.
Otra de las opciones a las que se ve mayor recorrido es la reconversión de locales comerciales en plantas bajas en VPO, siempre que estos tengan como mínimo 50 metros cuadrados y las condiciones mínimas de habitabilidad. En este caso, se requerirá a los ayuntamientos que adopten un acuerdo en el pleno municipal para decidir en qué zonas permiten que las tiendas dejen paso a viviendas para proteger los ejes comerciales y no perder comercio tradicional.
El acuerdo prevé más supuestos en los que construir más. Por ejemplo, se podrán levantar más plantas en las edificaciones que hayan agotado su edificabilidad pero que tengan capacidad de crecer en comparación con sus fincas vecinas (es decir, remontas); se podrán ejecutar subdivisiones de pisos y reconversiones de despachos y oficinas ―por ejemplo, la consulta de un dentista o el despacho de un abogado― o bien construir en parcelas que no tengan las condiciones mínimas para poder edificar en ellas por fachada o fondo pero en las que puedan alzarse pisos de al menos 50 metros cuadrados que sean perfectamente habitables.
En todos esos casos, la proposición de ley pactada por PSC y Comuns permite edificar de forma inmediata siempre que sea VPO, sin esperar a que se permita un cambio de uso. A cambio, la ley blinda el uso residencial permanente de todos los pisos de nueva construcción, que solo podrán destinarse a vivienda habitual, para un familiar, segunda residencia o al alquiler dentro de los topes fijados por el Ejecutivo catalán. En ningún caso, se permitirán más licencias para construir apartamentos turísticos o alquiler de temporada.
Aplicación en zonas de alta demanda
En principio, la medida se aplicará en los 271 municipios de mercado tensionado, donde reside el 90% de la población. También a las 161 localidades que la normativa catalana establece como áreas de demanda “fuerte y acreditada”, que en muchos casos se solapa con los municipios anteriores. La razón de incluir ambas referencias es la posibilidad de que en algún momento pueda prosperar la ley del Suelo presentada por el PP y respaldada por Vox y Junts, que contempla derogar las zonas tensionadas para acabar de golpe con medidas como el tope a los alquileres. El plan, además, pasará una revisión cada dos años para comprobar si está dando resultados o hace falta modular alguna de las medidas contempladas.
La medida, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables a otros cuatro, podrá ejecutarse cuando entre en vigor sin tener que pasar por los Ayuntamientos. Es decir, si los Consistorios no dicen nada el promotor tendrá preconcedido el aumento de la edificabilidad o el cambio de uso. Sin embargo, los dos grupos entienden que las medidas implican, en cierta medida, una densificación de los municipios y cambios de uso que tal vez los ayuntamientos no deseen para, por ejemplo, preservar el comercio local. Los consistorios podrán rechazar estas medidas mediante un acuerdo plenario en el que acrediten que ya tienen suficiente casas habituales y asequibles para garantizar el derecho al acceso a una vivienda.
