A la Francia de Emmanuel Macron le interesa España. El Estado francés está apoyando a sus grandes empresas en la búsqueda de negocios y contratos en sectores estratégicos para la economía del país, igualmente estratégicos para la española. De hecho, ha respaldado los últimos movimientos de Veolia, Orange o EDF en España. Según ha podido saber ABC de fuentes financieras y políticas, el fuerte interés del Gobierno francés en los sectores de agua, telecomunicaciones y energía se debe a que son considerados infraestructuras críticas y pilares de la autonomía estratégica europea. La intervención gala combina la participación directa de su Gobierno -a través de participaciones accionariales del Estado y negociaciones de interconexión- con la expansión de multinacionales campeonas donde el Estado es el principal accionista o ejerce un control estratégico. Son los casos de EDF (Électricité de France), Veolia y Orange, grandes compañías franceses que se han mostrado especialmente activas en los últimos meses en rastrear el mercado español y en iniciar negociaciones en diferentes grandes proyectos en los que el Gobierno galo tiene especial interés. Las fuentes aseguran que, de hecho, París está tutelando directamente las negociaciones en infraestructuras críticas como en las de la potencial entrada de la estatal eléctrica EDF en el bombeo hidráulico nacional o en la unificación del mercado de telecos bajo el paraguas de Orange.La estrategia estatal del Ejecutivo francés se articula a través de su brazo inversor, homólogo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) española. Así, la Agencia de Participaciones del Estado (APE) gestiona los derechos de voto de París en EDF u Orange, alineando sus planes de expansión exterior con los intereses del Ministerio de Economía francés. Además, a través del banco público de inversión Bpifrance, el Estado avala y cofinancia de forma masiva los proyectos de internacionalización y las adquisiciones corporativas de sus empresas en España.Explican las mismas fuentes que la energía es el campo de mayor fricción política y económica entre ambos países. El interés de Francia se divide en dos vertientes: por un lado, proteger su industria nuclear y, por otro, acelerar infraestructuras estratégicas. De hecho, el Estado francés, dueño del 100% de EDF, busca equilibrar el mercado para que la masiva producción de energía renovable barata de España no sature su propia red eléctrica ni hunda los precios de su energía nuclear, y mantiene negociaciones tanto con nuestro país como con Portugal para impulsar las interconexiones transpirenaicas y proyectos submarinos como la línea del Golfo de Vizcaya, clave para la red paneuropea. Ahora bien, el movimiento que realmente interesa al país vecino es la puja de EDF para entrar como socio minoritario junto a Repsol -según publicó ‘El Confidencial’- en el macroproyecto hidroeléctrico de bombeo de Aguayo (Cantabria), valorado en unos 900 millones de euros. La eléctrica pública francesa gestiona alrededor del 80% de toda la capacidad hidroeléctrica de Francia, equivalente a 20,8 gigavatios (GW), además de cerca de 5 GW de centrales de bombeo, uno de los mayores parques de almacenamiento hidráulico de Europa. Esa trayectoria convierte al grupo en uno de los operadores con mayor conocimiento acumulado en una tecnología considerada clave para integrar la creciente producción renovable y garantizar la estabilidad de la red eléctrica.Posición dominante en CataluñaEn cuanto al sector del agua, recientemente el grupo Veolia, tal y como avanzó este periódico, anunció una inversión de algo más de mil millones en España hasta 2030, para adjudicarse el contrato público del suministro de agua en ocho ciudades del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que licita el concurso. Veolia pretende hacerse con el contrato del siglo del agua en la ciudad condal, donde ya tiene una posición dominante. De momento, su oferta se ha considerado por la AMB «presuntamente temeraria» por lo que ha tenido que dar las explicaciones pertinentes. El contrato exige inversiones de 170 millones y Veolia ha ofrecido 67 millones, un 60% por debajo del resto de contendientes.De ganar finalmente este contrato, la posición de dominio en el mercado catalán del agua aumentaría. Según los datos que figuran en la base de concesionarios y tarifas de 2025 publicada por la Agencia Catalana del Agua en su página web, Veolia —directamente o mediante filiales y sociedades mixtas— suministra agua a alrededor de 5,35 millones de personas en Cataluña y controla más del 80% del mercado privado de abastecimiento. En la provincia de Barcelona, la cuota alcanza el 93% del mercado privado y el grupo presta servicio a cerca del 77% de la población total si se suman las concesiones privadas y sociedades participadas. En la práctica, la absorción de Suez convirtió a Veolia en heredera del histórico dominio construido durante décadas por Agbar en Cataluña.Ahora bien, el caso de Veolia es diferente al de EDF y al de Orange, ya que el Estado francés no gestiona directamente la compañía, pero sí mantiene una estrecha relación estratégica con ella mediante diversos mecanismos de cooperación y participación financiera. Las fuentes aseguran que el Estado francés influye de manera indirecta en la empresa por medio de la Caisse des Dépôts et Consignations, la institución financiera pública del país, que retiene cerca del 5,18% de las acciones. Esto les ayuda a que las decisiones de Veolia mantengan cierta alineación con los intereses soberanos de Francia a largo plazo.A esto se añade la alianza que mantiene Veolia con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la entidad pública del gobierno francés encargada de la ayuda al desarrollo sostenible. Ambas entidades cofinancian y despliegan proyectos de infraestructuras hídricas y ambientales en países en desarrollo, uniendo el capital público de la agencia con la capacidad técnica de la empresa.Ahora bien, la principal alianza de Veolia con el sector público francés se da a nivel local. La empresa opera mediante miles de contratos firmados con ayuntamientos y mancomunidades francesas para administrar sus plantas de tratamiento de agua, redes de calefacción urbana y servicios de reciclaje.Brazo inversor galoAdemás, el Gobierno francés ha canalizado su interés en el sector español de las telecomunicaciones principalmente a través de Orange, multinacional en la que el Estado galo es el máximo accionista con una participación cercana al 13,4% a través de la agencia de participaciones públicas APE. El mercado español es uno de los más avanzados en redes de fibra óptica en Europa por lo que el operador Orange se fusionó con MásMóvil para crear Masorange , convirtiéndose en el operador líder por número de clientes con más de 30 millones.A pesar de que el banco público de inversión francés , Bpifrance, vendió el pasado viernes una participación del 2,5% en el grupo de telecomunicaciones por 1.100 millones de euros, mantiene, junto al Estado francés -que posee una participación independiente a través de la APE- su posición como el mayor accionista del operador. De hecho, el banco señaló que actuaron ambos de forma conjunta y que tras el cierre de la transacción, ambas entidades controlarán una posición combinada del 20,4%.A pesar de la desinversión, Bpifrance subrayó su confianza en la dirección de Orange y en la estrategia presentada en febrero. Y es que, según las fuentes financieras consultadas, Francia puede permitirse reducir su peso en el capital de Orange debido a que la legislación del país otorga derechos de voto doble a los accionistas que mantengan sus títulos registrados durante al menos dos años. De este modo, Bpifrance y la APE conservarán aproximadamente el 27% de los derechos de voto en Orange, y su representación en el consejo de administración no experimentará cambios.Presión institucionalFuentes políticas apuntan que el Ejecutivo francés utiliza las cumbres hispano-francesas para blindar y promocionar los contratos de sus filiales en suelo español y que «fomenta este tipo de operaciones porque sabe que los beneficios obtenidos regresan directamente a Francia en forma de dividendos públicos para costear sus propios servicios e infraestructuras estatales».Las fuentes inciden además que especialmente pendiente de su peso en una empresa con participación por parte de Francia, Alemania y España es el principal fabricante de aeronaves de transporte de pasajeros del mundo: Airbus , en la que el Ejecutivo galo es especialmente puntilloso con el control estratégico, la soberanía industrial europea y el reparto de grandes programas militares. Francia posee un 10,8% de las acciones del consorcio Airbus SE -a través de la entidad pública SOGEPA-, utilizando su peso político y empresarial para alinear la capacidad productiva instalada en suelo español (centros en Madrid, Getafe, Illescas y Puerto Real) con los grandes proyectos aeroespaciales y de defensa del Elíseo. Mientras, Alemania controla un 10,82% mediante el banco estatal KfW y España que participa con un 4,08% a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).De hecho, recuerdan fuentes empresariales del sector que Francia buscaba el control del diseño industrial del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) -que finalmente fracasó precisamente por las disputas en su liderazgo -, asignando a España un papel subalterno o limitado para proteger los intereses de su propia contratista nacional, Dassault Aviation, frente a las demandas de reparto tecnológico.
A la Francia de Emmanuel Macron le interesa España. El Estado francés está apoyando a sus grandes empresas en la búsqueda de negocios y contratos en sectores estratégicos para la economía del país, igualmente estratégicos para la española. De hecho, ha respaldado los últimos movimientos de Veolia, Orange o EDF en España. Según ha podido saber ABC de fuentes financieras y políticas, el fuerte interés del Gobierno francés en los sectores de agua, telecomunicaciones y energía se debe a que son considerados infraestructuras críticas y pilares de la autonomía estratégica europea. La intervención gala combina la participación directa de su Gobierno -a través de participaciones accionariales del Estado y negociaciones de interconexión- con la expansión de multinacionales campeonas donde el Estado es el principal accionista o ejerce un control estratégico. Son los casos de EDF (Électricité de France), Veolia y Orange, grandes compañías franceses que se han mostrado especialmente activas en los últimos meses en rastrear el mercado español y en iniciar negociaciones en diferentes grandes proyectos en los que el Gobierno galo tiene especial interés. Las fuentes aseguran que, de hecho, París está tutelando directamente las negociaciones en infraestructuras críticas como en las de la potencial entrada de la estatal eléctrica EDF en el bombeo hidráulico nacional o en la unificación del mercado de telecos bajo el paraguas de Orange.La estrategia estatal del Ejecutivo francés se articula a través de su brazo inversor, homólogo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) española. Así, la Agencia de Participaciones del Estado (APE) gestiona los derechos de voto de París en EDF u Orange, alineando sus planes de expansión exterior con los intereses del Ministerio de Economía francés. Además, a través del banco público de inversión Bpifrance, el Estado avala y cofinancia de forma masiva los proyectos de internacionalización y las adquisiciones corporativas de sus empresas en España.Explican las mismas fuentes que la energía es el campo de mayor fricción política y económica entre ambos países. El interés de Francia se divide en dos vertientes: por un lado, proteger su industria nuclear y, por otro, acelerar infraestructuras estratégicas. De hecho, el Estado francés, dueño del 100% de EDF, busca equilibrar el mercado para que la masiva producción de energía renovable barata de España no sature su propia red eléctrica ni hunda los precios de su energía nuclear, y mantiene negociaciones tanto con nuestro país como con Portugal para impulsar las interconexiones transpirenaicas y proyectos submarinos como la línea del Golfo de Vizcaya, clave para la red paneuropea. Ahora bien, el movimiento que realmente interesa al país vecino es la puja de EDF para entrar como socio minoritario junto a Repsol -según publicó ‘El Confidencial’- en el macroproyecto hidroeléctrico de bombeo de Aguayo (Cantabria), valorado en unos 900 millones de euros. La eléctrica pública francesa gestiona alrededor del 80% de toda la capacidad hidroeléctrica de Francia, equivalente a 20,8 gigavatios (GW), además de cerca de 5 GW de centrales de bombeo, uno de los mayores parques de almacenamiento hidráulico de Europa. Esa trayectoria convierte al grupo en uno de los operadores con mayor conocimiento acumulado en una tecnología considerada clave para integrar la creciente producción renovable y garantizar la estabilidad de la red eléctrica.Posición dominante en CataluñaEn cuanto al sector del agua, recientemente el grupo Veolia, tal y como avanzó este periódico, anunció una inversión de algo más de mil millones en España hasta 2030, para adjudicarse el contrato público del suministro de agua en ocho ciudades del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que licita el concurso. Veolia pretende hacerse con el contrato del siglo del agua en la ciudad condal, donde ya tiene una posición dominante. De momento, su oferta se ha considerado por la AMB «presuntamente temeraria» por lo que ha tenido que dar las explicaciones pertinentes. El contrato exige inversiones de 170 millones y Veolia ha ofrecido 67 millones, un 60% por debajo del resto de contendientes.De ganar finalmente este contrato, la posición de dominio en el mercado catalán del agua aumentaría. Según los datos que figuran en la base de concesionarios y tarifas de 2025 publicada por la Agencia Catalana del Agua en su página web, Veolia —directamente o mediante filiales y sociedades mixtas— suministra agua a alrededor de 5,35 millones de personas en Cataluña y controla más del 80% del mercado privado de abastecimiento. En la provincia de Barcelona, la cuota alcanza el 93% del mercado privado y el grupo presta servicio a cerca del 77% de la población total si se suman las concesiones privadas y sociedades participadas. En la práctica, la absorción de Suez convirtió a Veolia en heredera del histórico dominio construido durante décadas por Agbar en Cataluña.Ahora bien, el caso de Veolia es diferente al de EDF y al de Orange, ya que el Estado francés no gestiona directamente la compañía, pero sí mantiene una estrecha relación estratégica con ella mediante diversos mecanismos de cooperación y participación financiera. Las fuentes aseguran que el Estado francés influye de manera indirecta en la empresa por medio de la Caisse des Dépôts et Consignations, la institución financiera pública del país, que retiene cerca del 5,18% de las acciones. Esto les ayuda a que las decisiones de Veolia mantengan cierta alineación con los intereses soberanos de Francia a largo plazo.A esto se añade la alianza que mantiene Veolia con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la entidad pública del gobierno francés encargada de la ayuda al desarrollo sostenible. Ambas entidades cofinancian y despliegan proyectos de infraestructuras hídricas y ambientales en países en desarrollo, uniendo el capital público de la agencia con la capacidad técnica de la empresa.Ahora bien, la principal alianza de Veolia con el sector público francés se da a nivel local. La empresa opera mediante miles de contratos firmados con ayuntamientos y mancomunidades francesas para administrar sus plantas de tratamiento de agua, redes de calefacción urbana y servicios de reciclaje.Brazo inversor galoAdemás, el Gobierno francés ha canalizado su interés en el sector español de las telecomunicaciones principalmente a través de Orange, multinacional en la que el Estado galo es el máximo accionista con una participación cercana al 13,4% a través de la agencia de participaciones públicas APE. El mercado español es uno de los más avanzados en redes de fibra óptica en Europa por lo que el operador Orange se fusionó con MásMóvil para crear Masorange , convirtiéndose en el operador líder por número de clientes con más de 30 millones.A pesar de que el banco público de inversión francés , Bpifrance, vendió el pasado viernes una participación del 2,5% en el grupo de telecomunicaciones por 1.100 millones de euros, mantiene, junto al Estado francés -que posee una participación independiente a través de la APE- su posición como el mayor accionista del operador. De hecho, el banco señaló que actuaron ambos de forma conjunta y que tras el cierre de la transacción, ambas entidades controlarán una posición combinada del 20,4%.A pesar de la desinversión, Bpifrance subrayó su confianza en la dirección de Orange y en la estrategia presentada en febrero. Y es que, según las fuentes financieras consultadas, Francia puede permitirse reducir su peso en el capital de Orange debido a que la legislación del país otorga derechos de voto doble a los accionistas que mantengan sus títulos registrados durante al menos dos años. De este modo, Bpifrance y la APE conservarán aproximadamente el 27% de los derechos de voto en Orange, y su representación en el consejo de administración no experimentará cambios.Presión institucionalFuentes políticas apuntan que el Ejecutivo francés utiliza las cumbres hispano-francesas para blindar y promocionar los contratos de sus filiales en suelo español y que «fomenta este tipo de operaciones porque sabe que los beneficios obtenidos regresan directamente a Francia en forma de dividendos públicos para costear sus propios servicios e infraestructuras estatales».Las fuentes inciden además que especialmente pendiente de su peso en una empresa con participación por parte de Francia, Alemania y España es el principal fabricante de aeronaves de transporte de pasajeros del mundo: Airbus , en la que el Ejecutivo galo es especialmente puntilloso con el control estratégico, la soberanía industrial europea y el reparto de grandes programas militares. Francia posee un 10,8% de las acciones del consorcio Airbus SE -a través de la entidad pública SOGEPA-, utilizando su peso político y empresarial para alinear la capacidad productiva instalada en suelo español (centros en Madrid, Getafe, Illescas y Puerto Real) con los grandes proyectos aeroespaciales y de defensa del Elíseo. Mientras, Alemania controla un 10,82% mediante el banco estatal KfW y España que participa con un 4,08% a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).De hecho, recuerdan fuentes empresariales del sector que Francia buscaba el control del diseño industrial del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) -que finalmente fracasó precisamente por las disputas en su liderazgo -, asignando a España un papel subalterno o limitado para proteger los intereses de su propia contratista nacional, Dassault Aviation, frente a las demandas de reparto tecnológico.
