El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso del PSOE contra el veto del PP a crear en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre Madrid Network, una asociación empresarial sin ánimo de lucro creada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2007 para fomentar la innovación tecnológica. Los socialistas querían analizar, y en su caso, determinar, las responsabilidades políticas que pudiera haber por las presuntas irregularidades derivadas de la relación de la Asociación con el gobierno, “y de sus posibles efectos sobre la regulación fiscal y económica”. Una iniciativa nacida a raíz de que la Cámara de Cuentas detectara que Madrid Network había dejado de devolver decenas de millones de euros públicos, y de que la unidad central anticorrupción de los Mossos d’Esquadra subrayara que la entidad había pagado 1,8 millones al despacho del exministro Cristóbal Montoro, investigado por presuntamente crear “una red de influencias” para favorecer a empresas. Pero la mayoría absoluta de los conservadores lo impidió en 2025. En Madrid Network trabajó Isabel Díaz Ayuso, a razón de 4.219 euros mensuales, hasta el mes anterior a ser elegida diputada por primera vez (2011).. Seguir leyendo
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso del PSOE contra el veto del PP a crear en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre Madrid Network, una asociación empresarial sin ánimo de lucro creada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2007 para fomentar la innovación tecnológica. Los socialistas querían analizar, y en su caso, determinar, las responsabilidades políticas que pudiera haber por las presuntas irregularidades derivadas de la relación de la Asociación con el gobierno, “y de sus posibles efectos sobre la regulación fiscal y económica”. Una iniciativa nacida a raíz de que la Cámara de Cuentas detectara que Madrid Network había dejado de devolver decenas de millones de euros públicos, y de que la unidad central anticorrupción de los Mossos d’Esquadra subrayara que la entidad había pagado 1,8 millones al despacho del exministro Cristóbal Montoro, investigado por presuntamente crear “una red de influencias” para favorecer a empresas. Pero la mayoría absoluta de los conservadores lo impidió en 2025. En Madrid Network trabajó Isabel Díaz Ayuso, a razón de 4.219 euros mensuales, hasta el mes anterior a ser elegida diputada por primera vez (2011).
“La Sección Tercera ha examinado el recurso de amparo y ha acordado admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”, dice la providencia del Constitucional, a la que accedió EL PAÍS.
Esto dice Carmen Mena, secretaria general del grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea: “El Tribunal Constitucional acaba de confirmar lo que la Mesa se negó a reconocer: que no le corresponde decidir qué se investiga y qué se tapa”. “Llevamos meses pidiendo explicaciones sobre 70 millones de euros públicos hundidos en Madrid Network, y la respuesta fue un bloqueo disfrazado de trámite”, añade. “El Constitucional ha visto lo mismo que vimos nosotros: que aquí no había ningún defecto de forma, había una decisión política que la Mesa no tenía potestad para tomar. A partir de ahora tendrán que explicar, no solo callar”.
El PSOE de Madrid opina que la decisión de la Mesa contradice la doctrina fijada por el propio Tribunal Constitucional en la STC 88/2012, dictada sobre un caso prácticamente idéntico en la Asamblea de Madrid, según la cual las Mesas parlamentarias no pueden vetar iniciativas de control por razones de oportunidad política, ya que esa valoración corresponde en exclusiva al Pleno.
Por eso, si el Constitucional acaba dando la razón a los socialistas, lo previsible es que nada cambie en el fondo, y que este asunto siga sin investigarse en sede parlamentaria. La razón es que el PSOE protesta contra que su petición ni siquiera se haya tramitado, y fuera frenada directamente en la Mesa. Sin embargo, si algún día llega a votarse en el pleno, lo lógico es que el PP imponga su mayoría y rechace la investigación.
Reclamación judicial
Para no admitir a trámite la comisión, el PP argumentó que su temática no se centraba “sobre un asunto de interés público dentro del ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid, por cuanto se refiere a presuntas incidencias sobre la regulación fiscal y económica emanada de las Cortes Generales, en ningún caso, procedentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid o de la Asamblea de Madrid, y a la Asociación Madrid Network, que es una institución privada que no forma parte de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid”. Es decir, el partido de Ayuso se centró en destacar que la investigación que afecta al exministro Montoro no tiene, según su criterio, ramificaciones regionales.
De hecho, cuando se conoció la noticia, una fuente que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso destacó que “Madrid Network era una asociación de empresas, no formaba parte de la Comunidad de Madrid, que era un asociado más, y dejó de serlo”. A lo que añadió: “La hoy presidenta, entonces era asesora del departamento de prensa”. Y precisó: “Era la tercera en ese departamento. Redactaba notas de prensa. Hace más de 15 años”.
Sobre el dinero público pendiente de cobro, la propia Cámara de Cuentas destacó que la Comunidad se lo ha reclamado judicialmente a Madrid Network.
“La cuenta de Créditos a corto plazo (…) recoge, entre otros, 63.939 miles de euros que corresponden a un préstamo del convenio con AIG Madrid Network por cuotas impagadas desde el ejercicio 2018, que han sido reclamadas por la Comunidad de Madrid y se encuentran en vía judicial”, dice el informe de fiscalización sobre las cuentas públicas de 2024.
De que este es un asunto sensible da cuenta la hemeroteca. El Gobierno de Ayuso ha acudido al Tribunal Supremo para evitar entregar a la cadena SER un informe jurídico sobre los impagos del crédito de 80 millones a Madrid Network obtenido en aplicación de la ley de transparencia.
Se trata de un informe jurídico que la Consejería de Economía encargó en diciembre de 2017 al prestigioso despacho de abogados Uría Menéndez por 60.500 euros. Le pidió “un análisis de carácter económico, jurídico, presupuestario, financiero y contractual” sobre su relación con Madrid Network –y con las empresas que recibieron esos fondos-. En ese momento no habían comenzado aún los impagos del préstamo, pero el Ejecutivo regional quería saber cómo actuar y contra quién, en caso de que se produjeran, como finalmente ocurrió al año siguiente. De momento, solo se han recuperado 15 millones y la deuda sigue sumando intereses.
