Donald Trump selló este viernes el futuro petrolero de Venezuela. El republicano anunció que Estados Unidos se hará con yacimientos estratégicos del país en sociedad con una empresa privada de la que no dio ni el nombre. Lo hizo, dice, de la mano de la “respetable” Delcy Rodríguez, la presidenta encargada que gobierna bajo la tutela de facto de Washington desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero. Trump habla de controlar 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo (un 21,7% de los 300.000 millones de barriles estimados) y Rodríguez de 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión. Se especula con que se está comprometiendo un siglo de operación. Pero la opacidad del contrato y su negociación —con estas cifras estratosféricas, pero sin condiciones conocidas— ha desatado una avalancha de reacciones, la mayoría negativas, dentro y fuera de Venezuela. Soberanía, intervención extranjera y la legitimidad de un pacto que compromete el futuro de las mayores riquezas del país han saltado de golpe al centro del debate.. Seguir leyendo
Donald Trump selló este viernes el futuro petrolero de Venezuela. El republicano anunció que Estados Unidos se hará con yacimientos estratégicos del país en sociedad con una empresa privada de la que no dio ni el nombre. Lo hizo, dice, de la mano de la “respetable” Delcy Rodríguez, la presidenta encargada que gobierna bajo la tutela de facto de Washington desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero. Trump habla de controlar 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo (un 21,7% de los 300.000 millones de barriles estimados) y Rodríguez de 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión. Se especula con que se está comprometiendo un siglo de operación. Pero la opacidad del contrato y su negociación —con estas cifras estratosféricas, pero sin condiciones conocidas— ha desatado una avalancha de reacciones, la mayoría negativas, dentro y fuera de Venezuela. Soberanía, intervención extranjera y la legitimidad de un pacto que compromete el futuro de las mayores riquezas del país han saltado de golpe al centro del debate.
