El millonario activista propalestino James Chambers, conocido con el sobrenombre de Fergie y encarcelado en España desde julio tras una petición de detención y entrega de Estados Unidos, ha tomado este viernes la palabra en la Audiencia Nacional para denunciar la cacería política que sufre por haber “alzado la voz” contra el genocidio en Gaza y Cisjordania. “No puedo entender por qué estoy en prisión desde julio. Se ha construido toda una narrativa contra mí para acusarme de participar en una actividad terrorista”, ha recalcado en la vista celebrada para estudiar su extradición. “Trump obligó a los fiscales federales a que abrieran causas contra todos los opositores, a lo que denomina izquierda radical”, ha remachado su abogado Aitor Martínez. El tribunal debe ahora deliberar y anunciará en los próximos días si acepta la solicitud norteamericana.. Seguir leyendo
El millonario activista propalestino James Chambers, conocido con el sobrenombre de Fergie y encarcelado en España desde julio tras una petición de detención y entrega de Estados Unidos, ha tomado este viernes la palabra en la Audiencia Nacional para denunciar la cacería política que sufre por haber “alzado la voz” contra el genocidio en Gaza y Cisjordania. “No puedo entender por qué estoy en prisión desde julio. Se ha construido toda una narrativa contra mí para acusarme de participar en una actividad terrorista”, ha recalcado en la vista celebrada para estudiar su extradición. “Trump obligó a los fiscales federales a que abrieran causas contra todos los opositores, a lo que denomina izquierda radical”, ha remachado su abogado Aitor Martínez. El tribunal debe ahora deliberar y anunciará en los próximos días si acepta la solicitud norteamericana.
La Policía Nacional arrestó a Chambers en Ibiza tras una reclamación de EE UU, que le atribuye delitos de lavado de dinero, disturbios y conspiración para disturbios —que vincula a actividades terroristas— por sumarse a unas protestas contra una compañía israelí vinculada al sector de Defensa. “Esta acción penal, que es una mera denuncia del FBI, se dispuso tres años después de los hechos. Pero solo nueve meses después de que se adoptara el memorándum de Seguridad Nacional del 25 de septiembre de 2025, adoptado por el presidente Donald Trump”, ha argumentado la defensa: “Y en ese memorándum, Trump indica que las fiscalías federales deben abrir causas penales contra grupos de izquierdas y antifascistas, a los que Chambers (en su ámbito ideológico progresista) queda vinculado”.
El activista millonario, originario de Nueva York, ha continuado así: “Me acusan de terrorismo cuando nunca he participado ni he tenido contacto con ninguna actividad violenta, ni he tenido contacto ni he financiado a ninguna organización terrorista”. “Esto me ha puesto en una situación familiar muy desdichada. He faltado recientemente al funeral de mi abuela. Mi niño pequeño pregunta constantemente por mí. Mi mujer dará a luz en marzo y no sé si podré estar a su lado. Y todo ello porque he levantado mi voz teniendo más dinero que las personas que han levantado su voz en contra de esta ignominia”, ha acabado ante el tribunal, visiblemente emocionado antes de volver a prisión. A su espalda le escuchaba parte de su familia, sentada entre el público.
Pero la Fiscalía, que apoya la entrega a EE UU, ha cargado contra la tesis de la defensa, a la que ha acusado de “fragmentar” y “reinterpretar aisladamente” las acciones atribuidas a Chambers para diluir los hechos. “La reclamación no se apoya en una mera ideología o en declaraciones políticas, sino en una actuación organizada, financiada y ejecutada que genera daños materiales relevantes y cuya valoración corresponde al tribunal estadounidense competente”, ha expuesto el representante del ministerio público, Juan Hernández Villalba: “No se persiguen opiniones favorables a Palestina o contrarias a Israel”, ha remachado ante el tribunal.
La acusación sostiene que el activista propalestino, además de “transferir” fondos para “promover” el apoyo “material o recursos a organizaciones terroristas extranjeras”, participó e instigó “disturbios” y una “campaña coordinada” contra Elbit, una empresa israelí que suministra equipos al Ejército de dicho país. “Dirigió reuniones preparatorias”, “financió desplazamientos y material empleado en los ataques”, “asumió el pago de las fianzas de los detenidos”… Una versión que la defensa de Chambers considera exagerada. El propio millonario ha tratado este jueves de echarla por tierra y ha apuntado que solo se sumó a tres protestas: en una, según ha dicho, se “ató con un candado” a una puerta para impedir la entrada; y en las otras dos, “bloqueó” el acceso a dos fábricas junto a otras personas.
La sesión de este viernes ha levantado cierta expectación. Una veintena de personas se ha concentrado a las puertas de la Audiencia Nacional tras una pancarta con el lema Free Fergie. “Defender Palestina no es un delito”, se ha leído en otra. “No a la extradición”, rezaba otro cartel portado por uno de los manifestantes. Además, la sala del tribunal donde se ha celebrado, habitualmente desierta en estos procedimientos, se ha llenado de público y de abogados extranjeros.
La defensa ha tomado la palabra nada más arrancar la vista de extradición para aportar, entre otro material, dos periciales para desacreditar la acusación de Estados Unidos contra Chambers. Por un lado, los abogados del activista han presentado documentación para demostrar la licitud de la transferencia de siete millones de euros bajo sospecha —que Washington considera que tenía como destino la financiación de actividades irregulares—. “[Ese dinero] va a una cuenta de Túnez de Fergie y de ahí se va a financiar un club de fútbol”, ha incidido uno de sus abogados, que ha explicado cómo el otro informe “critica” la traducción de la nota de reclamación enviada por las autoridades americanas. “Se han cambiado determinadas palabras para agravar [el significado], para que se dirija más hacia la violencia”.
Tras esta cuestión previa, el magistrado Fernando Andreu, presidente del tribunal, ha llamado a declarar al millonario norteamericano:
—¿Conoce los hechos por los que EE UU reclama su extradición? —le ha inquirido el juez español.
—Sí —ha respondido Chambers.
—¿Consiente su entrega voluntariamente para ser juzgado?
—No.
De seguido, el activista ha aceptado contestar a las preguntas del fiscal Juan Hernández Villalba, que no le ha formulado ninguna. Y ya, ante las cuestiones de su abogado, ha insistido en que se le reclama por motivos políticos. “Es notorio que soy un activista político y un filántropo, aunque no me gusta personalmente ese término”, ha incidido. Chambers ha descrito cómo su fundación ha financiado a asociaciones estudiantiles palestinas, a sanitarios desplegados en la zona y a colectivos de apoyo a presos: “Éramos muy conscientes de que nuestras actividades podían ser sometidas a persecución política y que nuestras posturas entraban en conflicto con el Gobierno de EE UU”.
El norteamericano ha hecho hincapié en “el aumento de la represión política en Estados Unidos y su participación en el genocidio en Palestina”. Ha negado que él haya apoyado alguna vez a grupos violentos o terroristas, o que haya participado en protestas y acciones violentas. También ha destacado que su fundación se cerciora de que los colectivos que respaldan no están en el listado de organizaciones sancionadas por Washington.