El Gobierno está claramente molesto por las últimas decisiones judiciales sobre escándalos que le afectan e informes policiales que se publican ya en plena campaña electoral. Tanto que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha pedido con claridad a jueces y fiscales —no se ha referido a los informes policiales pero otras fuentes señalan que también hay malestar con ellos— que respeten la “norma no escrita” que hace que los tribunales retrasen las decisiones que no son absolutamente imprescindibles unas semanas para evitar que interfieran en el proceso electoral. Esto ya se hizo con la sentencia del procés, por ejemplo, y es una larga tradición de la justicia, sobre todo del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.. Seguir leyendo
El Gobierno está claramente molesto por las últimas decisiones judiciales sobre escándalos que le afectan e informes policiales que se publican ya en plena campaña electoral. Tanto que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha pedido con claridad a jueces y fiscales —no se ha referido a los informes policiales pero otras fuentes señalan que también hay malestar con ellos— que respeten la “norma no escrita” que hace que los tribunales retrasen las decisiones que no son absolutamente imprescindibles unas semanas para evitar que interfieran en el proceso electoral. Esto ya se hizo con la sentencia del procés, por ejemplo, y es una larga tradición de la justicia, sobre todo del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
Sin embargo, en esta campaña parece haberse roto esta dinámica, y en los últimos días de precampaña y primeros de campaña tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Centra Operativa de la Guardia Civil están ordenando o haciendo registros, peticiones de investigación o publicando informes que están siendo rápidamente utilizados por la oposición como material de campaña contra el Gobierno. Por ejemplo, los mensajes de WhatsApp que apuntarían a una supuesta reunión del presidente, Pedro Sánchez, en 2023 con uno de los detenidos la semana pasada. El Gobierno ha desmentido radicalmente que esa reunión existiera, pero la oposición insiste con esta cuestión.
En este contexto, ha sido directamente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha trasladado ese malestar desde la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y ha pedido contención a la justicia y la fiscalía. “Es verdad que era una norma no escrita que los órganos judiciales y la fiscalía no adoptaban decisiones en periodos electorales”, ha arrancado Bolaños ante una pregunta expresa sobre esta cuestión. “Esa norma no escrita me parece muy prudente, muy razonable, se ha venido cumpliendo siempre y es respetuosa con los procesos en curso como estas elecciones”, ha rematado.
Bolaños lanza así un claro mensaje que después ha sido reforzado por otras fuente del Gobierno que trasladan un evidente malestar con lo que interpretan como intento de algunos jueces, fiscales e investigadores por entorpecer el proceso electoral, porque según esta interpretación del Ejecutivo, ninguna de estas decisiones es urgente y podría esperar a la semana siguiente al 29 de noviembre sin ningún problema. Bolaños ha hecho estas consideraciones justo después de explicar un decreto que creará 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, que se suman a otras 500 en junio para ampliar así notablemente la plantilla judicial.
El Gobierno ha realizado hoy un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar estas nuevas plazas judiciales pero sobre todo para adelantar el decreto que abre la puerta a la subida de las pensiones que se rematará ya en diciembre, cuando el Ejecutivo esté en funciones. Se trata así de un claro gesto político para centrar el debate en las pensiones, algo que ha dado mucho rédito al PSOE y al Frente Amplio en la precampaña, mientras el PP y Vox se enredaban en las posibles reformas y en el riesgo de que el sistema “pete”, en palabras de la portavoz del PP, Ester Muñoz.
Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y portavoz, ha hecho una detallada explicación con cifras y gráficos para demostrar que el sistema está muy lejos de petar, y que de hecho sucede lo contrario, esto es que está mejor de lo previsto a estas alturas sobre todo por el aumento sistemático de cotizantes por el crecimiento económico y por la regularización extraordinaria de inmigrantes. El Gobierno tiene especial interés en entrar en este debate y desmentir la tesis del PP, que repite sistemáticamente Alberto Núñez Feijoo, esto es que las pensiones tienen un gran “agujero” que habrá que ajustar. Saiz ha insistido en que el porcentaje de gasto sobre el PIB sigue por debajo del 14%, la línea roja marcada por Bruselas a partir de la cual hay que hacer más reformas, y además ha recordado que la hucha de las pensiones va a alcanzar los 20.000 millones este año y también que el porcentaje de financiación que llega vía impuestos y no cotizaciones sociales es de las más bajas de la UE y está claramente por debajo de la media.
El Gobierno cree que el PP ha cometido un error claro al entrar en este tema y piensa explotarlo durante toda la campaña, aunque no le da tiempo a subir las pensiones antes de las elecciones, como deseaba La Moncloa, porque técnicamente es imposible ya que el índice de inflación de referencia llega el 27 de noviembre, ya sin tiempo y por tanto habrá que hacerlo en funciones, tras conocer el resultado electoral. El salario mínimo por el contrario sí que se subirá antes de las elecciones, según distintas fuentes del Ejecutivo. Ya quedan solo tres consejos de ministros antes de los comicios, uno de ellos extraordinario el próximo miércoles.