Un director comercial despedido tras ser acusado de participar en la tramitación irregular de bajas de camiones ha conseguido que la Justicia confirme la improcedencia de su despido. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado los recursos presentados por ambas partes y ha mantenido la decisión que obliga a la empresa a elegir entre readmitir al trabajador o indemnizarlo con 389.035,36 euros.. El caso, del que informa Economist & Jurist, se remonta al 6 de junio de 2024, cuando el directivo fue despedido después de más de tres décadas trabajando en la compañía y formando parte de su comité de dirección.. La empresa había abierto una investigación a raíz de una denuncia recibida en su canal interno el 5 de febrero de ese año. El informe elaborado por un auditor externo identificó 36 cargas de vehículos que habían sido dadas de baja sin entrar físicamente en las instalaciones. De ellas, 28 camiones se encontraban en campas del propio grupo y no se conocía el paradero de los otros ocho.. La carta de despido atribuía al trabajador haber dado instrucciones para realizar esas operaciones y haberlas promovido. La compañía calificó los hechos como faltas muy graves por transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza.. Sin embargo, el juzgado que examinó inicialmente el caso concluyó que ninguna de las imputaciones había quedado acreditada. El TSJC ha confirmado ahora ese criterio.. Los dos correos que no demostraban las irregularidades atribuidas al directivo. Entre los hechos analizados por los tribunales aparecen dos correos electrónicos enviados por el trabajador en septiembre de 2023. En el primero, fechado el día 7, pidió que se enviara únicamente el fragmento del chasis en el que figuraba el número de bastidor. En el segundo, del día 28, solicitó a un empleado de producción que tramitara las bajas utilizando las imágenes de los bastidores recibidas.. En ese último mensaje puso en copia al director general, que, según recoge el correo, «dio el consentimiento». La sentencia también señala que existían casos «puntuales y excepcionales» en los que se daba de baja un camión antes de su entrada física en la planta.. La Sala considera determinante que comprobar si los vehículos llegaban a las instalaciones no era responsabilidad del director comercial, sino de otros departamentos. Por ello, no podía atribuírsele un incumplimiento contractual por no realizar esa comprobación.. La empresa intentó modificar los hechos probados durante el recurso, pero el tribunal recordó que el recurso de suplicación no permite volver a valorar libremente las pruebas. La revisión de los hechos debe apoyarse en documentos o pruebas periciales, conforme al artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.. La indemnización supera los 389.000 euros y todavía cabe recurso. La resolución mantiene la opción de readmitir al trabajador, con salarios de tramitación de 432,26 euros brutos diarios hasta la notificación de la sentencia de instancia, o abonarle una indemnización de 389.035,36 euros.. El directivo también había recurrido para reclamar un bonus de 2023 de 44.893,62 euros, frente a los 18.633,89 euros que le había comunicado la empresa, y un salario anual de 184.035,18 euros. Sin embargo, el TSJC rechazó esta parte de su recurso al considerar que la modificación solicitada se apoyaba en conjeturas.. Además, impuso a las empresas recurrentes 1.000 euros en costas y declaró la pérdida de los depósitos y consignaciones constituidos para recurrir.. La sentencia todavía no es firme. Cabe presentar un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que debe prepararse en un plazo de diez días. Por otro lado, continúa abierta una investigación penal relacionada con los hechos, que la resolución laboral no entra a juzgar. El tribunal se limita a concluir que las acusaciones recogidas en la carta de despido no quedaron demostradas.
Un director comercial despedido tras ser acusado de participar en la tramitación irregular de bajas de camiones ha conseguido que la Justicia confirme la improcedencia de su despido. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado los recursos presentados por ambas partes y ha mantenido la decisión que obliga a la empresa a elegir entre readmitir al trabajador o indemnizarlo con 389.035,36 euros.. El caso, del que informa Economist & Jurist, se remonta al 6 de junio de 2024, cuando el directivo fue despedido después de más de tres décadas trabajando en la compañía y formando parte de su comité de dirección.. La empresa había abierto una investigación a raíz de una denuncia recibida en su canal interno el 5 de febrero de ese año. El informe elaborado por un auditor externo identificó 36 cargas de vehículos que habían sido dadas de baja sin entrar físicamente en las instalaciones. De ellas, 28 camiones se encontraban en campas del propio grupo y no se conocía el paradero de los otros ocho.. La carta de despido atribuía al trabajador haber dado instrucciones para realizar esas operaciones y haberlas promovido. La compañía calificó los hechos como faltas muy graves por transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza.. Sin embargo, el juzgado que examinó inicialmente el caso concluyó que ninguna de las imputaciones había quedado acreditada. El TSJC ha confirmado ahora ese criterio.. Los dos correos que no demostraban las irregularidades atribuidas al directivo. Entre los hechos analizados por los tribunales aparecen dos correos electrónicos enviados por el trabajador en septiembre de 2023. En el primero, fechado el día 7, pidió que se enviara únicamente el fragmento del chasis en el que figuraba el número de bastidor. En el segundo, del día 28, solicitó a un empleado de producción que tramitara las bajas utilizando las imágenes de los bastidores recibidas.. En ese último mensaje puso en copia al director general, que, según recoge el correo, «dio el consentimiento». La sentencia también señala que existían casos «puntuales y excepcionales» en los que se daba de baja un camión antes de su entrada física en la planta.. La Sala considera determinante que comprobar si los vehículos llegaban a las instalaciones no era responsabilidad del director comercial, sino de otros departamentos. Por ello, no podía atribuírsele un incumplimiento contractual por no realizar esa comprobación.. La empresa intentó modificar los hechos probados durante el recurso, pero el tribunal recordó que el recurso de suplicación no permite volver a valorar libremente las pruebas. La revisión de los hechos debe apoyarse en documentos o pruebas periciales, conforme al artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.. La indemnización supera los 389.000 euros y todavía cabe recurso. La resolución mantiene la opción de readmitir al trabajador, con salarios de tramitación de 432,26 euros brutos diarios hasta la notificación de la sentencia de instancia, o abonarle una indemnización de 389.035,36 euros.. El directivo también había recurrido para reclamar un bonus de 2023 de 44.893,62 euros, frente a los 18.633,89 euros que le había comunicado la empresa, y un salario anual de 184.035,18 euros. Sin embargo, el TSJC rechazó esta parte de su recurso al considerar que la modificación solicitada se apoyaba en conjeturas.. Además, impuso a las empresas recurrentes 1.000 euros en costas y declaró la pérdida de los depósitos y consignaciones constituidos para recurrir.. La sentencia todavía no es firme. Cabe presentar un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que debe prepararse en un plazo de diez días. Por otro lado, continúa abierta una investigación penal relacionada con los hechos, que la resolución laboral no entra a juzgar. El tribunal se limita a concluir que las acusaciones recogidas en la carta de despido no quedaron demostradas.