A finales de noviembre de 2024, una compañera le convenció para que se escapara del centro de acogida de menores migrantes de Firgas (Gran Canaria, 7.700 habitantes), donde ambas, adolescentes de origen subsahariano, estaban tuteladas desde que llegaron en patera a España. Una vez fuera, un hombre le facilitó un pasaporte falso en el que figuraba como mayor de edad y un billete de avión para volar a la península. Su destino final era París, donde la otra menor le aseguró que le conseguirían un trabajo y podría cumplir su mayor deseo: empezar a mandar dinero a su familia en África. Sin embargo, lo que la chica encontró finalmente al llegar a la capital francesa fue un piso del que no la dejaban salir y en el que fue explotada sexualmente. “Por la ventana podía ver la Torre Eiffel”, contó tres meses más tarde, en febrero de 2025, cuando pudo escapar y llegar en autobús a Bilbao, desde donde se puso en contacto por teléfono con una de las educadoras del centro del que huyó.. Seguir leyendo
A ella le convenció a finales de noviembre de 2024 una compañera para que se escapara del centro de acogida de menores migrantes de Firgas (Gran Canaria, 7.700 habitantes), donde ambas estaban tuteladas desde que llegaron en patera a España. Una vez fuera, un subsahariano le facilitó un pasaporte falso en el que figuraba como mayor de edad y un billete de avión para volar a la Península. Su destino final era París, donde la otra menor le aseguró que le conseguirían un trabajo y podría empezar a mandar dinero a su familia en África. Sin embargo, lo que la chica encontró finalmente al llegar a la capital francesa fue un piso en el que fue explotada sexualmente y del que no la dejaban salir. “Por la ventana podía ver la Torre Eiffel”, contó tres meses, en febrero de 2025, cuando pudo escapar y llegar en autobús a Bilbao, desde donde se puso en contacto por teléfono con una de las educadoras del centro del que huyó.
Ella es hoy testigo protegido y su testimonio ha sido pieza clave en la Operación Jabany, un operativo de la Guardia Civil que permitió desarticular el pasado 29 de julio la red que no solo la captó a ella para prostituirla, sino a, al menos, otras cinco víctimas, todas ellas menores y subsaharianas, que han sido localizadas y retornadas al centro del que huyeron, según ha informado este martes el instituto armado. Hay cinco detenidos por su presunta integración en el grupo criminal, entre ellos la compañera que la convenció y el hombre que dirigía la trama. El instituto armado investiga ahora si otra decena de menores que en los últimos años han huido del mismo centro de acogida también cayeron en manos de la red y cuál ha sido su destino. Los arrestos se conocen en plena polémica por las reticencias de los gobiernos del PP a acoger los centenares de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio y solo un año después de una situación similar acaecida con los que habían arribado en patera a Canarias.
La investigación iniciada tras el testimonio de la menor permitió saber que esta y el resto de víctimas de la red habían sido captadas en el mismo centro de acogida canario y tenían características comunes: eran especialmente vulnerables por su falta de arraigo familiar en España, tenían problemas de comunicación al no conocer bien el español y su principal objetivo era viajar fuera de Canarias para encontrar un trabajo en otro país europeo con el que mandar remesas de dinero a sus familiares en los países de origen. La trama, a través de la menor que colaboraba con ella, les convencía de que, para esto último, lo mejor era escaparse y viajar a Europa. Para ello, les pedían fotos de carné con las que prepararles un pasaporte falso en el que figurasen como adultas y poder burlar así los controles del aeropuerto, y un contacto en la Península que posteriormente les ayudaría a llegar a Francia. A algunas de las chicas les llegaron a pedir pequeñas cantidades ―de 30 a 200 euros― por estos primeros trámites.
Las pesquisas registraron un fuerte impulso el pasado marzo, cuando los agentes detectaron que cuatro chicas que se habían escapado recientemente del centro fueron localizadas en el aeropuerto de Gran Canaria cuando pretendían volar a la península. Todas llevaban documentación falsa. Tras ser interceptadas, los investigadores constataron que la actividad de la trama se paralizara momentáneamente ―“hasta entonces, escapaba una chica cada mes o mes y medio, en ese momento se frenaron las huidas”, detallan fuentes cercanas a las pesquisas―, pero también que no fue por mucho tiempo, ya que a finales de junio volvió a escaparse una menor.
Para entonces, los agentes ya habían constatado que la red tenía un claro reparto de funciones. Por un lado, se encontraba Baba, el supuesto jefe, y su pareja, ambos con residencia legal en España. Supuestamente, era uno de ellos quien se encargaba de acompañar a las menores hasta el aeropuerto para asegurarse de que pasaban los filtros de seguridad y entraban en las zonas de embarque para tomar sus vuelos que debían llevarlas a la península. La menor que seguía en el centro era la que supuestamente captaba a las víctimas, pero también la que las ponía en contacto con el anterior y con los otros dos detenidos, presuntamente encargados de facilitar los documentos falsos a las jóvenes para facilitar su huida de Canarias. Uno de estos últimos trabajaba en un restaurante que servía de lugar para recoger la documentación.
Finalmente, el pasado 29 de junio, agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas y del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) con sede en Canarias de la Unidad Central Operativa (UCO) procedían a la detención de los cinco presuntos implicados y realizaron otros tantos registros. En el domicilio en la localidad grancanaria de Arucas (39.000 habitantes) donde residía el cabecilla, la Guardia Civil localizó abundante documentación, entre ella un pasaporte mauritano presuntamente sustraído con cuyos datos supuestamente se confeccionó documentación falsa para una de las víctimas, así como numerosas fotografías de carné de otras menores. También se intervino dinero en efectivo, así como teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, que están siendo analizados tanto a otras víctimas como a otros implicados.
