El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que fija la remuneración mínima para una jornada completa en España, vuelve al centro del debate. El proyecto de real decreto sometido a audiencia e información pública propone elevarlo hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supondría un salario mínimo anual de 18.004 euros y una referencia diaria de 42,87 euros. La propuesta del departamento que dirige Yolanda Díaz supera el incremento del 4,9% recomendado por la Comisión Asesora para el Análisis del SMI.. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya ha advertido de que los empresarios no podrían asumir una subida de esta magnitud, especialmente por el aumento de los costes en los últimos meses, que atribuye al conflicto en Oriente Medio. La patronal también critica que el Gobierno no tenga en cuenta el encarecimiento acumulado de las cotizaciones empresariales ni la falta de deflactación de la tarifa del IRPF, que, según sostiene, ha restado «del orden de 17.000 millones de euros» a los trabajadores. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado que se atienda a la realidad de pymes y autónomos: «Nadie piensa en las empresas de este país; la gente solo está pensando en los grandes bancos. Pensemos en una panadería, pensemos en una tienda, pensemos en un bar, que son la mayoría de las empresas».. Pese a estas críticas, el respaldo a las subidas del SMI sigue siendo mayoritario entre las pymes: el 70% está a favor, frente al 28% que se muestra en contra, según el III Informe de Pymes y Autónomos de España de Hiscox, compañía especializada en seguros para empresas y autónomos. Sin embargo, el apoyo ha ido perdiendo fuerza: en 2025 alcanzaba el 75% y en 2024, el 72%.. La subida del SMI obliga a las empresas a ajustar sus cuentas: el 45% de las pymes ha reducido sus márgenes comerciales y el 33% ha encarecido sus precios. También tiene efectos en el empleo: un 24% ha frenado o congelado contrataciones, un 15% asume directamente el sobrecoste salarial y un 12% afirma haber realizado despidos debido al incremento. En menor medida, las pymes han respondido con mejoras de productividad (10%) o reduciendo las remuneraciones más elevadas (5%).. El impacto del SMI en la competitividad aumenta. Aunque seis de cada diez negocios aseguran que el SMI no afecta a su actividad, crece la proporción de pymes que perciben un efecto negativo en su capacidad para competir. En 2026, el 38% afirma que ha perdido competitividad por las subidas salariales, seis puntos más que en 2025.. El impacto varía según el sector y el tamaño de la empresa. La industria es la más afectada: el 59,5% de sus negocios señala consecuencias negativas, frente al 35% del comercio y el 32% de los servicios. También acusan más presión las microempresas, con un 49%, mientras que el porcentaje baja al 35% entre las pymes medianas y al 31% entre los profesionales sin empleados.. La facturación y la antigüedad también marcan diferencias. El 46% de las empresas que ingresan más de dos millones de euros percibe un perjuicio, frente al 37% de las que facturan menos. Entre los negocios con menos de cinco años, la proporción alcanza el 46%; en los que superan los cinco años, se sitúa en el 36%.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que fija la remuneración mínima para una jornada completa en España, vuelve al centro del debate. El proyecto de real decreto sometido a audiencia e información pública propone elevarlo hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supondría un salario mínimo anual de 18.004 euros y una referencia diaria de 42,87 euros. La propuesta del departamento que dirige Yolanda Díaz supera el incremento del 4,9% recomendado por la Comisión Asesora para el Análisis del SMI.. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya ha advertido de que los empresarios no podrían asumir una subida de esta magnitud, especialmente por el aumento de los costes en los últimos meses, que atribuye al conflicto en Oriente Medio. La patronal también critica que el Gobierno no tenga en cuenta el encarecimiento acumulado de las cotizaciones empresariales ni la falta de deflactación de la tarifa del IRPF, que, según sostiene, ha restado «del orden de 17.000 millones de euros» a los trabajadores. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado que se atienda a la realidad de pymes y autónomos: «Nadie piensa en las empresas de este país; la gente solo está pensando en los grandes bancos. Pensemos en una panadería, pensemos en una tienda, pensemos en un bar, que son la mayoría de las empresas».. Pese a estas críticas, el respaldo a las subidas del SMI sigue siendo mayoritario entre las pymes: el 70% está a favor, frente al 28% que se muestra en contra, según el III Informe de Pymes y Autónomos de España de Hiscox, compañía especializada en seguros para empresas y autónomos. Sin embargo, el apoyo ha ido perdiendo fuerza: en 2025 alcanzaba el 75% y en 2024, el 72%.. La subida del SMI obliga a las empresas a ajustar sus cuentas: el 45% de las pymes ha reducido sus márgenes comerciales y el 33% ha encarecido sus precios. También tiene efectos en el empleo: un 24% ha frenado o congelado contrataciones, un 15% asume directamente el sobrecoste salarial y un 12% afirma haber realizado despidos debido al incremento. En menor medida, las pymes han respondido con mejoras de productividad (10%) o reduciendo las remuneraciones más elevadas (5%).. Aunque seis de cada diez negocios aseguran que el SMI no afecta a su actividad, crece la proporción de pymes que perciben un efecto negativo en su capacidad para competir. En 2026, el 38% afirma que ha perdido competitividad por las subidas salariales, seis puntos más que en 2025.. El impacto varía según el sector y el tamaño de la empresa. La industria es la más afectada: el 59,5% de sus negocios señala consecuencias negativas, frente al 35% del comercio y el 32% de los servicios. También acusan más presión las microempresas, con un 49%, mientras que el porcentaje baja al 35% entre las pymes medianas y al 31% entre los profesionales sin empleados.. La facturación y la antigüedad también marcan diferencias. El 46% de las empresas que ingresan más de dos millones de euros percibe un perjuicio, frente al 37% de las que facturan menos. Entre los negocios con menos de cinco años, la proporción alcanza el 46%; en los que superan los cinco años, se sitúa en el 36%.