El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aceptado asumir la investigación que mantenía abierta desde julio 2025 su compañero de los juzgados de Madrid Arturo Zamarriego sobre las supuestas maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y varios miembros de la Fiscalía Anticorrupción. En una resolución judicial, fechada el pasado viernes y conocida este lunes, el magistrado acepta la decisión que había tomado tres días antes el juez Zamarriego de cederle las pesquisas que le había reclamado el propio Pedraz al considerar que tanto su investigación como la que había abierto este meses después aparecen “indisolublemente” unidas y su esclarecimiento exige “la tramitación de una sola”.. Seguir leyendo
Zamarriego remite a la Audiencia Nacional su causa al aceptar la semana pasada que ambas están “indisolublemente” unidas
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aceptado asumir la investigación que mantenía abierta desde julio 2025 su compañero de los juzgados de Madrid Arturo Zamarriego sobre las supuestas maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y varios miembros de la Fiscalía Anticorrupción. En una resolución judicial, fechada el pasado viernes y conocida este lunes, el magistrado acepta la decisión que había tomado tres días antes el juez Zamarriego de cederle las pesquisas que le había reclamado el propio Pedraz al considerar que tanto su investigación como la que había abierto este meses después aparecen “indisolublemente” unidas y su esclarecimiento exige “la tramitación de una sola”.
Así, el pasado viernes funcionarios del juzgado de Zamarriego llevaron a la Audiencia Nacional 14 tomos con 3.847 folios para que se incorporen a la causa de Pedraz. También llevaron dos dispositivos de memoria. Uno, con archivos de audio aportados el fiscal Ignacio Stampa, quien ha denunciado que la trama le intentó sobornar; y otro con documentos que pidió incorporar a la causa uno de los imputados, el periodista Pere Rusiñol, todo ello pendiente de analizar. De este modo, el magistrado, que el pasado diciembre empezó a investigar a Díez por encabezar una supuesta “trama para desestabilizar” distintos “procedimientos judiciales que afectaban” al PSOE, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez, tiene ya toda la investigación en su poder.
No obstante, el magistrado recuerda que aún está pendiente que la Audiencia Nacional se pronuncié sobre el recurso que presentó la defensa de Díez precisamente a su decisión de reclamar la causa que se instruía en el juzgado de Madrid. La exmilitante socialista considera que este movimiento de Pedraz vulnera sus derechos al abrirse lo que califica como una causa “paralela” por los “mismos hechos” por los que ya estaba imputada en los juzgados de Plaza de Castilla.
Con esta resolución se pone punto y final a la disputa que, desde el pasado 1 de junio, mantenían ambos jueces por la causa. Pedraz, que a finales del año pasado ordenó la detención de Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso por presuntas irregularidades en contratos públicos, había extendido sus pesquisas a la trama supuestamente encabezada por la exmilitante socialista para entorpecer las causas judiciales contra el PSOE. De hecho, en los meses siguientes terminó imputando al que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, entre otros.
Por ello, al levantar en junio el secreto de la causa, requirió a Zamarriego que se inhibiera en sus pesquisas al considerar que su investigación era más amplia, comprendía más delitos y alcanzaba a personas que no figuraban como investigados en el sumario del juzgado madrileño. El juez de Plaza de Castilla había abierto la suya mucho antes, en mayor de 2025, tras una denuncia de la organización ultra Hazte Oír después de que El Confidencial publicara unos audios en los que Díez presuntamente ofrecía favores al empresario Alejandro Hamlyn, entonces investigado en la Audiencia Nacional por un supuesto fraude en el sector de hidrocarburos, a cambio de información contra la Guardia Civil y la Fiscalía. El tenía como imputados, además de a la exmilitante socialista, a Rusiñol y al empresario Javier Pérez Dolset.
Tras la petición de Pedraz, Zamarriego demoró su decisión con el argumento de que tenía pendiente realizar algunas diligencias de investigación, entre ellas un informe pericial sobre una grabación aportada por el fiscal Stampa. La Fiscalía recurrió esta última decisión al entender que dicha prueba no era imprescindible para decidir sobre la cesión o no de la causa. Finalmente, la pasada semana Zamarriego aceptó entregar la causa a su compañero de la Audiencia Nacional. En esa resolución, el juez ponía en valor las pesquisas de Pedraz al afirmar que estas habían permitido aglorar la existencia de “una supuesta trama formada por políticos, militantes socialistas, abogados y empresarios que se confabularon para ‘desestabilizar’ los procesos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno”.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid destaca que la investigación de la UCO llevado a cabo en el marco de la causa de la Audiencia Nacional había permitido escalar desde Díez ―que era por ahora el foco en la causa de Zamarriego― a niveles superiores dentro de la supuesta red delictiva. El juez subrayaba que la documentación intervenida por los agentes apuntaba, de hecho, a que la exmilitante socialista contó con el “impulso y soporte intelectual y/o financiero” de Cerdán, quien habría acordado remunerarla “por sus servicios con los fondos del partido”. También recordaba que la investigación de la Audiencia Nacional señala a su vez a Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, por presuntamente haber “prestado sus sociedades mercantiles como vehículo para canalizar dichos pagos” para que Díez recibiera fondos. De igual forma, destacaba que la causa de Pedraz señalaba a la gerente del PSOE por supuestamente dar “las oportunas órdenes de encargo sobre las que se habrían emitido mendaces facturas que permitieron la transferencia de fondos del partido con destino” a Díez y Pérez Dolset.
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