El Gobierno andaluz (PP y Vox) cerró un acuerdo con la Iglesia el pasado 29 de mayo para pagar 7,4 millones esta legislatura a cambio de contar con 117 capellanes católicos en sus hospitales públicos, solo 12 días después de las últimas elecciones autonómicas. El pago será de 1,8 millones cada año hasta 2030 y da continuidad a la presencia de curas católicos en los hospitales públicos andaluces, cuyo primer convenio se remonta 40 años atrás, a 1986. El deterioro actual de la sanidad en esta región ha provocado que tanto la Marea blanca sanitaria como Andalucía Laica hayan tildado este último acuerdo de “insulto a la ciudadanía”.. Seguir leyendo
El Gobierno andaluz (PP y Vox) cerró un acuerdo con la Iglesia el pasado 29 de mayo para pagar 7,4 millones esta legislatura a cambio de contar con 117 capellanes católicos en sus hospitales públicos, solo 12 días después de las últimas elecciones autonómicas. El pago será de 1,8 millones cada año hasta 2030 y da continuidad a la presencia de curas católicos en los hospitales públicos andaluces, cuyo primer convenio se remonta 40 años atrás, a 1986. El deterioro actual de la sanidad en esta región ha provocado que tanto la Marea blanca sanitaria como Andalucía Laica hayan tildado este último acuerdo de “insulto a la ciudadanía”.
Ambas organizaciones lo consideran un gasto millonario superfluo que contraviene el carácter laico y la aconfesionalidad del Estado recogida en la Constitución, pero que también ignora el colapso de la atención primaria andaluza, que satura los servicios de urgencia, la falta de profesionales sanitarios y el incremento de las listas de espera. Solo el 17,4% de la población española se declara católica practicante, según los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
“En un país con el 40% de la población sin religión, estos privilegios con la Iglesia son de la Edad Media. Es de chiste solucionar rezando los grandes problemas de la sanidad pública andaluza”, censura José Antonio Naz, presidente de Europa Laica. Naz recuerda la trascendencia de perpetuar hoy los acuerdos con la Iglesia, que se remontan al Concordato entre el Estado español y la Santa Sede en 1953, trasladado en 1986 a la red de hospitales andaluces.
“No es solamente el dinero, es la sensación de estar en el mismo sitio desde hace 70 años. Desgraciadamente, no se le da importancia a algo tan fundamental como este convenio y a las fuentes ideológicas del embate actual ultra: es la tradición católica romana del franquismo y el nacionalcatolicismo, que ahora viene con fuerza desde la ultraderecha”, censura. En primavera, justo antes de las urnas, la sanidad escaló hasta ser el principal problema para los andaluces según el último barómetro elaborado por el Centro de Estudios Andaluces (Centra, el CIS andaluz), aunque en junio cayó al cuarto.
Para el portavoz de Marea Blanca, Sebastián Martín, el Gobierno andaluz debería emplear ese dinero en contratar nuevos médicos y enfermeras dada la cuesta abajo del sistema sanitario, pese a sus 16.000 millones de presupuesto. “La Junta distorsiona la visión de la sanidad andaluza. Relega y margina los temas de salud pública, prevención y atención primaria, y amplía convenios con la religión. ¿Qué pinta un capellán, que no tiene nada que ver con la ciencia y la asistencia médica, en un hospital donde se atienden problemas de salud? Es una intromisión en los objetivos sanitarios para dar satisfacción a la Iglesia como poder fáctico. Es como si hubiera una oficina del BBVA o del Santander en cada hospital para solucionar los problemas económicos de los pacientes”, ilustra indignado.
Ambos colectivos exigen a la Junta andaluza la inmediata derogación del convenio, destinar los 7,4 millones a nuevas contrataciones de personal sanitario y a reducir las listas de espera, así como “la aconfesionalidad real” de la red hospitalaria pública y que se potencie la psicología clínica, una red muy debilitada en Andalucía. La región cuenta con cinco psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, menos que la media española, de seis especialistas, muy lejana a la europea, con entre 18 y 20 psicólogos.
El sacerdote peruano Isaac Lino es uno de los cinco capellanes del hospital de referencia andaluz, el Virgen del Rocío de Sevilla, y dedica dos guardias de 24 horas a “visitar enfermos, acompañar al personal de salud para una atención humanizada y la espiritualidad de los cuidados, además del proceso de la enfermedad y recuperación, y el duelo de los familiares”, contaba el pasado jueves. Cada jornada suele atender a unas 22 personas en las habitaciones, y comparte un pequeño despacho de seis metros con los otros cuatro curas, con tres sillas, un armario y un perchero.
Lino, sacerdote de la orden de los padres camilos, considera que el 17% de católicos practicantes que revela el CIS se invierte en la práctica diaria. “El 80% de los enfermos están con sus santitos. No hay mucha diferencia entre los sudamericanos y españoles, es más el swing o el tono”. Los obispos reciben del Ejecutivo autonómico 18.496 euros brutos por cada capellán a jornada completa en los hospitales, y 9.248 por jornada parcial. Lino dice que su orden percibe unos mil euros por cada religioso desde el Arzobispado sevillano.
La Consejería de Presidencia, Sanidad, Emergencias alega que los acuerdos con la Iglesia tienen cuatro décadas de antigüedad, y que también tiene otro vigente con la Iglesia evangélica desde 2011: “La Iglesia católica y los evangélicos tienen firmados convenios marco de colaboración con la Junta desde hace décadas. Se renuevan cada cuatro años y eso permite acciones conjuntas en distintos ámbitos, como el educativo o sanitario. Ninguna otra confesión religiosa ha pedido o planteado la firma de convenio similar con el Gobierno andaluz”, aduce una portavoz. El acuerdo con la Iglesia Evangélica, firmado el pasado 24 de junio, no implica ningún pago para la Junta.
Sobre el Virgen del Rocío, el convenio estipula que el mayor hospital de la región contará con siete capellanes a jornada completa y uno a media jornada. Sin embargo, la realidad es que solo hay cinco operativos, según confirma Lino, por lo que hay dos religiosos y medio fijados por el acuerdo, cuyo salario pagan las arcas públicas, que no acuden a su puesto de trabajo. La consejería alega que “se paga por servicios”, pero el convenio es claro al respecto: al Virgen del Rocío le corresponden siete capellanes y medio. El Arzobispado de Sevilla no ha aclarado la discrepancia, a preguntas de este diario.
Lino relata con soltura sobre su labor pastoral por el complejo hospitalario, con 1.534 camas y 10.103 sanitarios: “Me dijeron que está prohibido visitar a los pacientes, pero para charlar hay que visitar las habitaciones, yo no me veo limitado, soy el doctor del alma. Hay personas que han sido religiosas y ahora no, pero por la modernidad y el bienestar profesional se olvidaron de Dios. Y al estar enfermos, vuelven a lo que tenían antaño”.
El convenio incide en que los capellanes no deben recorrer los pasillos de los hospitales y entrar en las habitaciones cuando les plazca: “Velar que la asistencia religiosa que se preste con el debido respeto al principio de libertad religiosa, respetando la decisión de pacientes y familiares de aceptar y participar o no de sus actividades, no accediendo a las habitaciones de los pacientes ingresados salvo previo requerimiento. Y respetando el derecho a la intimidad de los pacientes”.
El acuerdo lo firmaron el consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, y la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, por parte de la Junta; y los arzobispos de Sevilla y Granada, José Ángel Saiz y José María Gil, que engloban todo el territorio andaluz.
El documento aclara que la Junta carece de relación contractual o de prestación de servicios con los capellanes, cuyo vínculo laboral es siempre con la Iglesia. De este modo, el Ejecutivo evita responsabilidades directas, indirectas o subsidiarias respecto a la labor y actos de los curas en los hospitales, que tienen una póliza de responsabilidad civil para cubrir los daños a terceros. Para prevenir casos de pederastia en su contacto con los niños ingresados, el acuerdo aclara que todos los capellanes deben acreditar no haber sido condenados por delitos sexuales.
