La Generalitat indemnizará con 617.000 euros a las familias de los agentes rurales asesinados en Aspa

La Generalitat ha aceptado indemnizar con 617.473 euros a las familias de los dos agentes rurales asesinados en 2017 en Aspa (Lleida) por un cazador sin licencia que les disparó cuando se acercaron a él para practicar una inspección. Según ha adelantado el diario Segre y ha confirmado a EFE el abogado de las familias, Pau Simarro, la Generalitat ha aprobado un decreto ley que le obliga a resarcir a los rurales que sufran daños a consecuencia de su trabajo. Como reclamaban las familias, la Generalitat ha aceptado finalmente indemnizar con 617.473 euros a las familias de los dos agentes rurales asesinados, Xavier Ribes y David Iglesias.

El Departamento de Interior y Seguridad Pública ha dictado una resolución e n la que “estima la solicitud de abono de una indemnización en base al principio de indemnidad” que ha sido instada por el abogado de las familias. El importe con el que ahora la Generalitat resarcirá a las familias de los Rurales asesinados corresponde a la cantidad que faltaba de la indemnización fijada por la Audiencia de Lleida para el condenado. Concretamente, el tribunal fijó su responsabilidad civil en 1.077.473euros por los daños causados a las familias. Parte de la indemnización, 300.000 euros, fue asumida por la aseguradora del condenado, que se declaró insolvente, y el resto, 777.473 euros, fue reclamado a la Generalitat al considerar que era responsable por no haber dotado a los agentes de los medios de protección. De ese dinero, la Generalitat aceptó pagar 160.000 euros, por lo que quedaban pendientes 617.473.

Xavier Ribes y David Iglesias fueron asesinados el 21 de enero de2017 en el coto de caza de Aspa, cuando se dirigieron al cazador Ismael Rodríguez Clemente para realizar una inspección rutinaria y éste les disparó sin que pudieran defenderse. Un jurado popular le declaró culpable por unanimidad y la Audiencia de Lleida le impuso 45 años de prisión, 22 años por cada asesinato por alevosía y uno por tenencia ilícita de armas. Para las familias de las víctimas, las muertes “fueron consecuencia de la falta de medidas de seguridad y protección facilitadas por el departamento en el ejercicio de sus funciones”, y alegaron una “omisión en materia de riesgos laborales”. Tras finalizar la vía penal presentaron una Reclamación Patrimonial a la Generalitat.