25 educadoras de escuelas infantiles de Madrid se atrincheran en un edificio de Educación y son desalojadas por la Policía

Un grupo de 25 educadoras y educadores de escuelas infantiles de Madrid se ha atrincherado este miércoles en la Dirección de Área Territorial (DAT) de la Consejería de Educación, en la calle Vitrubio, para reclamar una reunión con responsables de la Administración y mejorar sus condiciones laborales. Durante el encierro, que comenzó a la una y media, las trabajadoras denuncian que se les impidió utilizar los baños y disponer de agua y que se apagó el aire acondicionado. “Nos han tenido sin poder ir al baño y sin agua durante todas las horas que hemos estado aquí”, denuncia una de las educadoras.

Las trabajadoras, pertenecientes a centros de distintas modalidades de gestión, aseguran que llevan meses movilizándose para pedir una reducción de las ratios y una mejora salarial. El grupo entró de cuatro en cuatro, con distintas excusas, hasta reunir a unas 25 personas en el interior. Después han comunicado al personal del edificio que no abandonarían el lugar hasta conseguir una cita con responsables de Educación. “Ya hemos hecho concentraciones, hemos dormido de noche y hemos ido detrás de todos los políticos. No nos escuchan”, explica Lorena Fernández, de 41 años.

A las tres de la tarde, el personal del DAT ha llamado a la Policía. Allí, cuentan los educadores, ha acudido un comisario de la Policía Nacional para informarles de las posibles consecuencias legales de permanecer en el edificio fuera del horario de atención al público. Tras una charla informal, solo algunos han abandonado el edificio mientras que el grueso de los manifestantes ha permanecido dentro. Finalmente, cinco furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han acudido al lugar y han desalojado a las manifestantes alrededor de las cinco de la tarde, sin que se produjeran incidentes.

Las educadoras denuncian también la precariedad salarial. Una de ellas asegura cobrar unos 1.080 euros mensuales por 38 horas semanales, mientras otra, con 20 años de antigüedad en el mismo centro, afirma percibir unos 1.143 euros. “Mis 20 años no se valoran. Una persona nueva que llega casi gana lo mismo que yo”, denuncia.

La plataforma, que comenzó a organizarse hace unos tres años y medio a través de grupos de WhatsApp y Telegram, reúne actualmente a alrededor de 200 trabajadores en sus asambleas semanales. Su principal reivindicación es reducir las ratios de alumnos por educador y mejorar unas condiciones laborales que consideran insuficientes.