La Consejería de Vivienda de la Generalitat valenciana ha detectado un número indeterminado de expedientes irregulares en el escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) de Alicante. En todos los casos, quien los visó fue el mismo técnico de los servicios territoriales de Vivienda, a quien se le ha abierto un expediente y se le ha suspendido de empleo y sueldo por beneficiar a su mujer, arquitecta municipal, según explica la consejera y vicepresidenta del Consell Susana Camarero, que ha trasladado a la Fiscalía las deficiencias descubiertas para que se investiguen. La escala de la polémica adjudicación, que ya ha provocado la dimisión de una concejala y de una directora general del Ayuntamiento, obliga a Vivienda a “tomar decisiones” para cerrar las “lagunas” y diseñar “mejoras” en los procesos de adjudicación y visado de este tipo de inmuebles.. Seguir leyendo
La Consejería de Vivienda de la Generalitat valenciana ha detectado un número indeterminado de expedientes irregulares en el escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) de Alicante. En todos los casos, quien los visó fue el mismo técnico de los servicios territoriales de Vivienda, a quien se le ha abierto un expediente y se le ha suspendido de empleo y sueldo por beneficiar a su mujer, arquitecta municipal, según explica la consejera y vicepresidenta del Consell Susana Camarero, que ha trasladado a la Fiscalía las deficiencias descubiertas para que se investiguen. La escala de la polémica adjudicación, que ya ha provocado la dimisión de una concejala y de una directora general del Ayuntamiento, obliga a Vivienda a “tomar decisiones” para cerrar las “lagunas” y diseñar “mejoras” en los procesos de adjudicación y visado de este tipo de inmuebles.
La consejería está mirando “cuántos expedientes” irregulares pueden acumularse entre los visados de las 140 VPP, de tres y cuatro habitaciones, con trastero y garaje y ubicadas en una urbanización de lujo en la zona más cotizada de Alicante, la primera promoción de vivienda pública en 20 años, con un gran número de beneficiarios cercanos al Partido Popular. De momento, los que ha encontrado tienen la firma del funcionario expedientado, que siempre seguía el mismo modus operandi, asegura Camarero. “En estos casos, faltaba información relativa a los ingresos de los propietarios y sus cónyuges”, con el fin de eludir el requisito económico de la promoción, que los ingresos de la unidad familiar no superaran 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, unos 54.000 euros.
El técnico de Vivienda visó el piso para su mujer indicando que la pareja “estaba en régimen de separación de bienes” y ocultando sus propios datos. Y utilizó el mismo procedimiento en otros expedientes, cuya cantidad aún está por determinar, siempre con los ingresos de uno de los cónyuges sin declaración formal. Camarero ha subrayado que el funcionario apartado de su cargo cautelarmente “fue promocionado por el Botànic” el anterior gobierno autonómico formado por el tripartito de PSOE, Compromís y Podemos. Del hecho de que buena parte de los beneficiarios, como la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, la exdirectora general María Pérez-Hickman (ambas han dimitido tras el escándalo) o un arquitecto municipal, estén en la órbita del PP prefiere “no hacer especulaciones”.
En cuanto a los pisos puestos en venta o alquiler en la misma urbanización, Les Naus, según los anuncios detectados en varias webs inmobiliarias por Compromís, Camarero sostiene que “cualquier venta o alquiler” debe solicitarse a su gabinete. Por el momento, solo han registrado “una solicitud de venta” y “tres de alquiler”. En el primer caso, avanza que la consejería “puede ejercer el derecho de retracto” y quedarse con el piso para ponerlo nuevamente en la lista de adjudicación “o comprobar si el comprador reúne los requisitos establecidos” en el pliego de condiciones. El precio debe ser, siempre, “el mismo por el que se adquirió”. En el segundo supuesto, “sólo se puede solicitar el alquiler si se reúnen excepcionalidades como que el propietario firme un contrato en el extranjero o que tenga que cuidar de una persona dependiente”.
La Generalitat dejará que sea la Fiscalía la que investigue las posibles irregularidades que detecten en los expedientes. O circunstancias como los presuntos pagos en negro, de casi el mismo montante que la tasación fijada, unos 200.000 euros, que han denunciado algunos postulantes a la promoción. Vivienda, de momento, “mejorará los requisitos de petición de solicitudes” por medios electrónicos. También la “comprobación por registro” de las circunstancias de cada adjudicatario, incluso con la creación de “un órgano colegiado, una comisión de evaluación” que analice caso por caso, adelanta Camarero.
