El pasado 10 de junio, más de 1.000 personas se aglutinaron para bailar y beber en un evento planificado para dos días de duración en una finca situada en el Camí Vell de Sant Mateu, en el municipio de Sant Antoni de Portmany, Ibiza. No se trataba de una quedada improvisada, con una barra y un disc-jockey, sino de un acontecimiento muy similar a lo que son los festivales de música que proliferan en verano a lo largo y ancho del país: zonas de restaurantes para comer, varias barras, baños, una ambulancia con personal médico y hasta un tiovivo. Todo ello aderezado con la música de algunos dj de renombre internacional. Y, además, sin contar con un solo permiso para su organización.. Seguir leyendo
El pasado 10 de junio, más de 1.000 personas se aglutinaron para bailar y beber en un evento planificado para dos días de duración en una finca situada en el Camí Vell de Sant Mateu, en el municipio de Sant Antoni de Portmany, Ibiza. No se trataba de una quedada improvisada, con una barra y un disc-jockey, sino de un acontecimiento muy similar a lo que son los festivales de música que proliferan en verano a lo largo y ancho del país: zonas de restaurantes para comer, varias barras, baños, una ambulancia con personal médico y hasta un tiovivo. Todo ello aderezado con la música de algunos dj de renombre internacional. Y, además, sin contar con un solo permiso para su organización.
La Policía Local de Sant Antoni y la Guardia Civil se personaron en el lugar después de las numerosas llamadas de vecinos, que alertaban de un elevado nivel de ruido y de problemas derivados del estacionamiento masivo de vehículos en esta zona rústica. Los agentes comprobaron durante la inspección que los organizadores contaban con seguridad privada, un servicio de autobús lanzadera, grupos electrógenos e invitados con pulseras identificativas como si se tratara de un negocio legal. La fiesta fue desalojada y acabó mucho antes de lo previsto.
No es la primera ni la última de las celebraciones ilegales que tendrán lugar en la isla de Ibiza este verano. En los últimos años, la situación se ha agravado, con encuentros cada vez más sofisticados que se difunden a través de las redes sociales y canales de mensajería privada. “Si llamas a la policía y la música no está muy alta o es por la tarde, a veces no vienen. Estamos en una especie de limbo porque cuando llega la queja del vecino es porque la situación es repetitiva. Muchas veces pecamos de prudentes”, lamenta Vicent Riera, presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Rafel.
Una de sus principales quejas hacia la pasividad municipal en Sant Antoni de Portmany es que el Ayuntamiento espera a que los vecinos presenten una queja formal o hagan de inspectores “cuando ellos tendrían que actuar de oficio”. Para Riera, las instituciones insulares llevan años “relajadas” a la hora de combatir los excesos, que ya no son sólo a nivel de fiestas y ruidos, dice, sino también de coches, taxis pirata, gestión de los residuos o falta de agua.
Los vecinos de Santa Gertrudis, una pedanía rural perteneciente al municipio de Santa Eulària des Riu, también han dicho basta. Esta semana han entregado al Ayuntamiento más de 300 firmas de los residentes en protesta por estas fiestas clandestinas que están acabando con la paciencia de los lugareños. “El Ayuntamiento tiene que poner orden y luchar contra estas fiestas ilegales en el campo. Nosotros estábamos bien tranquilos en casa y ahora hay gente que no puede ni dormir”, lamenta el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Gertrudis, Joan Tur Rosselló, médico jubilado que lleva más de veinte años luchando por mantener los derechos de los residentes en la zona.
Para Tur, la explosión de este tipo de fiestas va en consonancia con el modelo que se impone desde hace años en la Pitiusa mayor. “Los locales nos sentimos como en una reserva; el litoral entero ya está colonizado y ahora también la zona rural”, critica. Las molestias son habituales porque los potentes equipos de sonido que se utilizan en estas fiestas hacen que la música se escuche a varios kilómetros a la redonda. Y en verano, el calor hace que muchos duerman con las ventanas abiertas.
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha dado su respaldo a los vecinos, pero desde el equipo de gobierno hablan de un “muro legal” a la hora de abordar la problemática porque los organizadores de estos eventos se amparan en el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio para impedir la entrada de la Policía Local. “Se camuflan auténticos negocios comerciales y actividades ilícitas con cobro de entrada como si fueran reuniones privadas entre amigos o fiestas de cumpleaños”, señalan desde el Consistorio.
La alcaldesa, Carmen Ferrer, ha pedido ayuda a la Delegación del Gobierno en Baleares para que convoque una Junta Local de Seguridad porque, según defiende, la entrada por la fuerza en un recinto privado requiere de competencias en materia de seguridad ciudadana o de una orden judicial. Por eso pretende exigir al Ministerio del Interior un despliegue extraordinario y “órdenes claras” para la Guardia Civil, que tiene las competencias de la seguridad ciudadana en el entorno rural. “No puede dejarse el control de una actividad de esta magnitud a expensas de la Policía Local; debemos exigir que todas las administraciones se impliquen en algo que nos afecta a todos”, señala.
Sin embargo, el problema parece estar lejos de tener una solución. Fuentes de la Delegación del Gobierno insisten en que es el Ayuntamiento el que tiene las competencias en materia de vigilancia, autorización y denuncia de las actividades ilegales y recuerdan que la Guardia Civil colabora con las policías locales siempre que es requerida para cualquier actuación en el ámbito de sus competencias. Advierten de que, a día de hoy, el Consistorio de Santa Eulària no ha solicitado el apoyo del instituto armado en ningún operativo ni tampoco se ha cursado ninguna petición para convocar la Junta Local de Seguridad.
“Una vez más, el Ayuntamiento de Santa Eulària, cuando se encuentra sobrepasado por un problema suyo que no sabe como resolver, deposita la responsabilidad en el Gobierno de España”, sostienen en la delegación. Por el momento, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha abierto una propuesta de expediente sancionador a los organizadores de la macrofiesta ilegal, que se enfrentan a una multa de 300.000 euros por incumplir la ley de actividades.
