Vecinos afectados por el ‘coliving’ denuncian ante la Generalitat anuncios fraudulentos de habitaciones

El Sindicato de Inquilinas y el Sindicato Socialista de Vivienda de Cataluña han presentado una batería de denuncias ante la Generalitat contra varias empresas de coliving por burlar la ley de Vivienda. Las quejas documentan 44 casos de anuncios que consideran fraudulentos por no incorporar el precio de referencia del índice de alquiler, la cuantía que pagaba el contrato anterior o la condición de gran tenedor del anunciante. La entidad, que también ha presentado denuncias por casos similares en Cerdanyola del Vallès o Montcada i Reixac, ha protestado este miércoles ante las oficinas de una sociedad inversora a la que los vecinos acusan de quererlos echar para alquilar habitaciones de forma individual bajo esa fórmula de coliving.

Txema Escorsa se ha plantado esta mañana en la puerta de la sociedad inversora New Amsterdam Developers (NAD), en la calle de Buenos Aires de Barcelona, para entregar a sus responsables los textos de las denuncias presentadas ante la Agencia Catalana de la Vivienda y la Agencia Catalana del Consumo. Escorsa lleva diez años viviendo en el número 18 de la calle de Sant Agustí, en el barrio de Gràcia. Nunca ha dejado de pagar el alquiler de 811 euros por su piso de tres habitaciones. Pero pesa sobre él una orden de desahucio para el próximo 25 de marzo.

La razón de esa orden, dice Escorsa, la puede ver cuando sube al piso de arriba. NAD, que se hizo hace dos años con el inmueble entero, lo ha dividido en habitaciones que alquila a 950 euros cada una. En la puerta de la empresa, adonde ha ido acompañado de una vecina de otro bloque afectado, el responsable de la empresa niega la mayor y dice que quiere negociar vecino por vecino.

Sin embargo, los afectados que quedan en los inmuebles no quieren negociar solos porque creen que todos corren la misma suerte. Otro de los edificios es el emblemático edificio Papallona, en el Eixample, que fue puesto como ejemplo por el New York Times sobre la emergencia que sufre Europa en el mercado de la vivienda. Los vecinos de Sant Agustí tienen la sospecha de que algunos de los residentes de ese inmueble están recibiendo ofertas para ir al suyo. Y que eso puede suponerles tener que dejar su casa.

Las leyes aprobadas por el Parlament impiden que los alquileres de habitaciones puedan superar, en la suma de todas ellas, los precios máximos impuestos por la Administración. Y en cualquier caso, obligan a dar toda esa información –índices de referencia, precio anterior y condición del propietario— en los anuncios. El portavoz del Sindicato de Inquilinas, Enric Aragonès, ha advertido a las Administraciones de que permitir que proliferen estos casos solo conducen al “malestar, la frustración y el descontento” entre la ciudadanía, creando un caldo de cultivo para la ultraderecha. Además, ha pedido que Vivienda actúe ante los incumplimientos de la ley denunciados.