El procurador del exministro José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que ordene al exdirigente socialista que le pague 4.350 euros que le adeuda en un plazo máximo de diez días. En un escrito presentado en el alto tribunal, el procurador informa de que el expolítico no le ha pagado dos cuentas por sus servicios. Ábalos se enfrenta desde el próximo 7 de abril al juicio por el caso mascarillas.. Seguir leyendo
No es el primer problema económico que afronta el expolítico en el procedimiento abierto en el alto tribunal
Agencias
Madrid –
El procurador del exministro José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que ordene al exdirigente socialista que le pague 4.350 euros que le adeuda en un plazo máximo de diez días. En un escrito presentado en el alto tribunal, el procurador informa de que el expolítico no le ha pagado dos cuentas por sus servicios. Ábalos se enfrenta desde el próximo 7 de abril al juicio por el caso mascarillas.
Se trata de dos cuentas que suman 4.050 euros, a los que el procurador añade otros 300 por intereses, gastos y costas bajo apercibimiento de proceder por la vía de apremio. “Las cantidades adeudadas han sido debidamente reclamadas y no satisfechas”, apunta el procurador del exministro y ex secretario de Organización socialista.
En respuesta a su escrito, el alto tribunal ha pedido al procurador que “aporte documentación justificativa de que las cantidades adeudadas han sido debidamente reclamadas y no satisfechas”.
No es el primer problema económico que afecta a José Luis Ábalos en el proceso abierto en el Tribunal Supremo. En enero, sus abogados renunciaron a continuar con su defensa, y aunque en el escrito no detallaban los motivos del desistimiento, fuentes jurídicas confirmaron a EL PAÍS que el expolítico había incurrido en el impago de los honorarios del equipo de abogados.
Ábalos afronta en este juicio una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel, ligeramente superior a los 19 y medio de quien fuese su asesor, Koldo García, aunque las acusaciones populares que coordina el PP piden para ambos 30 años. Ambos permanecen en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, acusados del amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia y de haber dado acceso preferente en el Ministerio de Transportes al empresario Víctor de Aldama quien, a cambio, les obsequió con prebendas.
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