La intervención de Javier Medina en el plató de laSexta Xplica elevó la temperatura del debate sobre el acceso a la vivienda. El inversor justificó su criterio de selección de inquilinos en la libertad de decisión que, a su juicio, le otorga la propiedad privada, y lo vinculó directamente con la elevada demanda que experimenta el mercado del alquiler.. «Publicas un anuncio y dura 24 horas. Los pisos se alquilan en la primera visita», expuso para ilustrar el margen que tienen los arrendadores a la hora de filtrar candidatos. Esa posición de fuerza, argumentó, le permite fijar condiciones previas como la contratación de un seguro de impagos antes incluso de entrar a valorar cualquier otra circunstancia del potencial arrendatario.. El filtro ideológico como criterio de selección. Fue al profundizar en esos criterios cuando Medina verbalizó la frase que da título a esta noticia.. Aseguró que, si la ley se lo permitiera, descartaría de antemano a quienes estuvieran afiliados a determinadas organizaciones. «Si pudiera saber si alguien está afiliado al Sindicato de Inquilinas, obviamente no le alquilaría el piso», afirmó. La confesión provocó murmullos y gestos de desaprobación entre los asistentes, pero el inversor no solo no se desdijo, sino que amplió el veto: «A un comunista tampoco le alquilaría una vivienda porque no cree en la propiedad privada. Sería algo ilógico».. Después, zanjó la controversia apelando a su condición de propietario: «Dejadme decidir a quién alquilo mi piso; es mi propiedad privada».. La queja fiscal: «El Estado se embolsa 43.000 euros». Lejos de ceñirse a la polémica ideológica, Medina trasladó el foco hacia lo que considera el auténtico problema de su actividad: la carga impositiva que soporta cada operación de compra, reforma y venta.. Puso sobre la mesa un ejemplo concreto con cifras: si adquiere un inmueble deteriorado por 100.000 euros, invierte 30.000 en rehabilitarlo y 5.000 en amueblarlo, para después venderlo por 180.000 euros, la cascada de tributos erosiona el margen hasta límites que considera injustos. Según su desglose, el Estado recauda 10.000 euros por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra, 6.300 derivados de la reforma, 1.050 del mobiliario y otros 1.000 en licencias municipales. El resultado, sostuvo, es que de los aproximadamente 45.000 euros de diferencia entre costes y precio de venta, a él le quedan 26.500 antes de tributar en el IRPF, donde pierde otros 6.500 euros.. El inversor puso el acento en lo que sucede después, cuando la vivienda llega a manos del comprador final. «Lo más grave es que cuando una pareja joven adquiere ese piso por 180.000 euros tiene que volver a pagar el ITP. Al final, el Estado se embolsa 43.000 euros en impuestos mientras yo obtengo un beneficio de 20.000 euros», sentenció. Con ese cálculo, Medina pretendía desplazar el debate desde su selección ideológica de inquilinos hacia un sistema fiscal que, en su opinión, penaliza tanto al inversor como al comprador, mientras la administración concentra la mayor tajada de cada transacción inmobiliaria.
La intervención de Javier Medina en el plató de laSexta Xplica elevó la temperatura del debate sobre el acceso a la vivienda. El inversor justificó su criterio de selección de inquilinos en la libertad de decisión que, a su juicio, le otorga la propiedad privada, y lo vinculó directamente con la elevada demanda que experimenta el mercado del alquiler.. «Publicas un anuncio y dura 24 horas. Los pisos se alquilan en la primera visita», expuso para ilustrar el margen que tienen los arrendadores a la hora de filtrar candidatos. Esa posición de fuerza, argumentó, le permite fijar condiciones previas como la contratación de un seguro de impagos antes incluso de entrar a valorar cualquier otra circunstancia del potencial arrendatario.. El filtro ideológico como criterio de selección. Fue al profundizar en esos criterios cuando Medina verbalizó la frase que da título a esta noticia.. Aseguró que, si la ley se lo permitiera, descartaría de antemano a quienes estuvieran afiliados a determinadas organizaciones. «Si pudiera saber si alguien está afiliado al Sindicato de Inquilinas, obviamente no le alquilaría el piso», afirmó. La confesión provocó murmullos y gestos de desaprobación entre los asistentes, pero el inversor no solo no se desdijo, sino que amplió el veto: «A un comunista tampoco le alquilaría una vivienda porque no cree en la propiedad privada. Sería algo ilógico».. Después, zanjó la controversia apelando a su condición de propietario: «Dejadme decidir a quién alquilo mi piso; es mi propiedad privada».. La queja fiscal: «El Estado se embolsa 43.000 euros». Lejos de ceñirse a la polémica ideológica, Medina trasladó el foco hacia lo que considera el auténtico problema de su actividad: la carga impositiva que soporta cada operación de compra, reforma y venta.. Puso sobre la mesa un ejemplo concreto con cifras: si adquiere un inmueble deteriorado por 100.000 euros, invierte 30.000 en rehabilitarlo y 5.000 en amueblarlo, para después venderlo por 180.000 euros, la cascada de tributos erosiona el margen hasta límites que considera injustos. Según su desglose, el Estado recauda 10.000 euros por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra, 6.300 derivados de la reforma, 1.050 del mobiliario y otros 1.000 en licencias municipales. El resultado, sostuvo, es que de los aproximadamente 45.000 euros de diferencia entre costes y precio de venta, a él le quedan 26.500 antes de tributar en el IRPF, donde pierde otros 6.500 euros.. El inversor puso el acento en lo que sucede después, cuando la vivienda llega a manos del comprador final. «Lo más grave es que cuando una pareja joven adquiere ese piso por 180.000 euros tiene que volver a pagar el ITP. Al final, el Estado se embolsa 43.000 euros en impuestos mientras yo obtengo un beneficio de 20.000 euros», sentenció. Con ese cálculo, Medina pretendía desplazar el debate desde su selección ideológica de inquilinos hacia un sistema fiscal que, en su opinión, penaliza tanto al inversor como al comprador, mientras la administración concentra la mayor tajada de cada transacción inmobiliaria.